La Guardia Civil investiga un acuerdo que involucra a empresas españolas y el LNA.
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Un acuerdo controvertido
Recientemente, se ha revelado que el Ejército Nacional Libio (LNA) planeaba establecer una fábrica de drones militares en colaboración con empresas españolas. Este hecho ha salido a la luz gracias a informes de la Guardia Civil que están siendo analizados por la Audiencia Nacional en el contexto de una investigación sobre el tráfico ilegal de material de doble uso desde España hacia Libia.
El contrato en cuestión fue firmado por la empresa española Shadow Lynx, ubicada en Valencia, y la compañía Almored Oasis General Trading LLC. Este acuerdo fue encontrado en el teléfono móvil de Josep Saad Fonte, un ciudadano libio que se considera cercano al general Saddam Haftar, hijo del líder del LNA, Khalifa Haftar.
Saad Fonte fue arrestado en Madrid en noviembre de 2023, lo que ha llevado a un mayor escrutinio sobre las actividades de estas empresas.
Detalles del contrato
El contrato, fechado el 28 de septiembre de 2023, estipulaba un proyecto integral para el desarrollo de drones, que incluiría la producción de 1.000 unidades y 1.000 emisoras para drones de uso militar. Según la Guardia Civil, el LNA se comprometió a pagar 250.000 euros para la fase inicial del proyecto, seguido de 1.670.000 euros para la compra del material necesario y 280.000 euros mensuales para la gestión y mantenimiento del mismo.
La investigación también ha revelado que el LNA había acordado la adquisición de 44 drones a cambio de 14,3 millones de euros, un acuerdo que implicaba no solo la venta de los drones, sino también la formación y el adiestramiento del personal militar libio. Este tipo de transacciones son especialmente delicadas, dado que Libia ha estado bajo un embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2011.
Operaciones encubiertas y el papel de las empresas españolas
Los informes indican que las empresas involucradas utilizaron métodos para eludir los controles policiales y fiscales durante el transporte de los drones. Por ejemplo, se realizaron vuelos nacionales desde Valencia a Barcelona antes de que los drones fueran enviados a Libia. Este modus operandi ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad de las operaciones y el posible incumplimiento de las regulaciones internacionales.
Además, se ha señalado que el LNA controla aproximadamente el 75% del territorio libio, lo que incluye la mayoría de las instalaciones petroleras, donde varias empresas españolas, como Repsol, tienen intereses. Esto plantea preguntas sobre la ética de hacer negocios con un grupo que ha sido acusado de violaciones de derechos humanos y de utilizar los recursos obtenidos para fortalecer su capacidad militar.
Implicaciones internacionales
La situación en Libia es compleja y ha llevado a la comunidad internacional a tomar medidas. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben la venta y el suministro de material de defensa a Libia, lo que hace que el acuerdo entre las empresas españolas y el LNA sea aún más controvertido. La investigación en curso podría tener repercusiones significativas para las empresas involucradas y para las relaciones entre España y Libia.
En resumen, el caso de la fábrica de drones en Libia pone de relieve las tensiones entre el comercio internacional y las regulaciones de seguridad, así como las implicaciones éticas de las decisiones empresariales en contextos de conflicto.
