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El Gobierno español se encuentra en un momento crucial para definir el futuro del impuesto a las empresas energéticas. Este gravamen, que tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad y a la transición energética, está programado para finalizar el 31 de diciembre de este año.
Sin embargo, las negociaciones entre los diferentes partidos políticos han comenzado a tomar forma, con la intención de prorrogarlo hasta finales de 2025. En una reunión reciente, representantes de Hacienda, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG discutieron la posibilidad de un real decreto ley que permita la continuidad de este impuesto.
Las conversaciones entre los partidos han sido intensas y se espera que continúen en las próximas semanas. La necesidad de un consenso es vital, ya que el Gobierno busca aprobar este decreto antes del 1 de enero. Sin embargo, la situación se complica con la negativa de partidos como PP, Vox y UPN, que han mostrado su rechazo a la prórroga del impuesto. Esto deja al Gobierno con un número limitado de apoyos, lo que podría poner en riesgo la aprobación de la medida.
A medida que se acercan las fechas límite, la presión sobre el Gobierno aumenta. La posibilidad de que el PSOE logre convencer a sus aliados para extender el impuesto es incierta. Aunque se han propuesto bonificaciones para empresas que apuesten por la descarbonización, muchos consideran que estas medidas podrían resultar ineficaces. Además, la falta de participación de partidos clave en las negociaciones, como Junts y PNV, plantea serias dudas sobre la viabilidad de un acuerdo. La situación es delicada y cualquier decisión que se tome tendrá un impacto significativo en la política fiscal y energética del país.
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