La denuncia di Ayuso sulla corruzione del governo spagnolo.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha realizado declaraciones contundentes en relación a lo que ella considera una «operación del Estado contra un adversario político».
En un contexto donde la política española se encuentra en el ojo del huracán, Ayuso ha señalado que lo que está ocurriendo es un hecho gravísimo que no debería suceder en un país miembro de la Unión Europea. Según sus palabras, si esta situación se hubiera dado en otro país europeo, el gobierno entero estaría en la calle.
Ayuso ha hecho referencia a un supuesto envío de información sobre su pareja, Alberto González Amador, por parte de la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, al exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato. Esta información, según Ayuso, se utilizaría en su contra en la Asamblea de Madrid. La presidenta ha expresado su indignación al afirmar que «no se concibe que haya habido tal corrupción de Estado», sugiriendo que todos los poderes del Estado se han organizado para llevar a cabo esta operación.
En sus declaraciones, Ayuso ha cuestionado el futuro de la política en España, preguntándose si la situación podría llevar a que se espien teléfonos o se inflen censos. Su crítica se extiende a la postura del PSOE, que argumenta que debe mantener el gobierno para evitar que la derecha asuma el poder. «Pero luego si tú gobiernas con la derecha vasca, catalana o con la extrema derecha europea, te vale», ha añadido, evidenciando una contradicción en la postura del partido socialista.
Otro punto de crítica por parte de Ayuso ha sido el reconocimiento en el Congreso Federal socialista a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes fueron condenados por su vinculación con el caso de los ERE. A pesar de haber sido exonerados por el Tribunal Constitucional, Ayuso ha calificado esta situación como una vergüenza, señalando que aquellos que han arruinado Andalucía durante décadas ahora son aplaudidos.
La presidenta ha concluido sus declaraciones afirmando que el actual gobierno ha decidido situarse por encima de la ley, lo que, según ella, se traduce en una «democracia popular» que no respeta el estado de derecho. Este tipo de afirmaciones resuena en un contexto donde la confianza en las instituciones está siendo cuestionada y donde la política se encuentra marcada por la polarización.
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