Explora el proceso de citación de testigos en casos de malversación en la Moncloa.
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El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha tomado una decisión significativa al citar como testigo a María Cristina Álvarez, quien ocupa el cargo de directora de Programas de Presidencia. Esta citación se produce en el marco de una investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su relación con una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
La investigación ha cobrado relevancia debido a las acusaciones de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, lo que ha llevado a un escrutinio más profundo sobre las actividades de la administración pública.
Álvarez deberá comparecer ante el juzgado el próximo 20 de diciembre. Este paso es crucial, ya que podría implicar una ampliación de los delitos en la causa, incluyendo la malversación. Según documentos a los que ha tenido acceso El Independiente, la citación se produjo un día después de que Álvarez intentara demostrar que no se había apropiado del software en cuestión, presentando correos electrónicos que evidencian su comunicación con los trabajadores de la universidad.
Las acusaciones populares, representadas por organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox, han solicitado la declaración de Álvarez, argumentando que su papel como asesora de Moncloa podría haber sido utilizado para beneficiar a Gómez en sus actividades privadas. Los correos electrónicos presentados en el sumario sugieren que Álvarez actuó como asistente personal de Gómez, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de sus acciones. Este caso no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también podría tener repercusiones en el gobierno actual, con posibles implicaciones para altos funcionarios como el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.
Los correos electrónicos, que abarcan desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2024, muestran una continuidad en el uso de recursos del gobierno para fines personales de Gómez. En uno de los correos, Álvarez se dirige a Reales Seguros, un patrocinador de la cátedra, indicando que Gómez desea mantener su apoyo, aunque sea con una cantidad inferior. Esta evidencia ha llevado a las acusaciones a argumentar que hubo un uso indebido de los recursos públicos para beneficio personal, lo que podría agravar la situación legal de todos los involucrados.
A medida que avanza la investigación, se espera que la situación se complique aún más. Aunque María Cristina Álvarez ha sido citada como testigo, algunas fuentes sugieren que podría ser considerada como investigada. Esto podría abrir la puerta a nuevas imputaciones que podrían llegar a altos niveles del gobierno, lo que generaría un escándalo político considerable. La atención mediática y pública sobre este caso es intensa, y su desarrollo podría influir en la percepción del gobierno actual y su manejo de los recursos públicos.
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