El eurodiputado Alvise Pérez enfrenta serias acusaciones de corrupción y financiación irregular.
Temas cubiertos
Contexto de la investigación
La Fiscalía Anticorrupción ha tomado medidas decisivas en la investigación que involucra al eurodiputado Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF). La situación se ha intensificado tras la negativa de Pérez a comparecer ante la Audiencia Nacional, lo que ha llevado al juez José Luis Calama a elevar el caso al Tribunal Supremo, el órgano competente para juzgar a aforados.
Esta decisión se produce en un contexto de creciente presión mediática y pública sobre las acusaciones de corrupción que rodean al político.
Las acusaciones de financiación irregular
El núcleo de la investigación se centra en la declaración del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, quien ha afirmado haber entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para su campaña electoral en mayo.
Romillo, creador del Madeira Invest Club, ha corroborado su versión tanto en sede judicial como en un video publicado en redes sociales, donde se autoincrimina y acusa a Pérez de corrupción. Este testimonio ha sido fundamental para que la Fiscalía considere que hay suficientes pruebas para avanzar en el proceso judicial.
Reacciones y posibles consecuencias
La negativa de Alvise Pérez a declarar ha generado un clima de incertidumbre y especulación sobre las posibles repercusiones legales que podría enfrentar. Fuentes cercanas al eurodiputado han indicado que no se presentará a declarar a menos que sea convocado por el Tribunal Supremo. Los expertos legales sugieren que, dada la gravedad de las acusaciones y la evidencia presentada, es probable que la Sala de lo Penal del Supremo inicie un procedimiento formal contra él. La situación plantea serias dudas sobre la integridad del sistema político y la necesidad de una mayor transparencia en la financiación de los partidos.
