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La Conferencia de las Partes (COP29) celebrada en Bakú, Azerbaiyán, ha sido un evento marcado por tensiones geopolíticas y un clima de incertidumbre. A medida que el mundo enfrenta una crisis climática sin precedentes, los acuerdos alcanzados en esta cumbre han suscitado reacciones mixtas entre los países participantes y la sociedad civil.
La ministra colombiana de Medio Ambiente, Susana Muhamad, destacó que los intereses geopolíticos han primado sobre las necesidades climáticas, lo que ha llevado a un resultado menos ambicioso de lo esperado.
Uno de los puntos más debatidos ha sido el compromiso de los países ricos de aportar 300 mil millones de dólares a los países en desarrollo.
Aunque algunos líderes, como el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, ven esto como un paso hacia una nueva era en la financiación climática, otros, como representantes de India y Cuba, han calificado el acuerdo de injusto y decepcionante. La crítica se centra en que este monto es insuficiente para abordar las necesidades urgentes de las naciones más vulnerables, que enfrentan el impacto devastador del cambio climático.
La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha añadido una capa de complejidad a las negociaciones climáticas. Muchos delegados temen que su administración pueda alejarse del Acuerdo de París, lo que ha llevado a una presión adicional para alcanzar acuerdos antes de que se produzcan cambios significativos en la política estadounidense. Este contexto ha llevado a algunos a considerar que el acuerdo alcanzado en Bakú es un compromiso imperfecto, pero necesario para mantener el multilateralismo en un momento crítico.
A medida que el mundo se prepara para la próxima cumbre climática, la COP30 en Belém, Brasil, las expectativas son altas. Los líderes mundiales deben trabajar juntos para abordar las preocupaciones planteadas en Bakú y garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones efectivas. La necesidad de un enfoque más ambicioso y colaborativo es evidente, especialmente para proteger a las comunidades más vulnerables que enfrentan el impacto del cambio climático.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.