Scopri come oltre 73.000 famiglie hanno perso la loro casa in Catalogna.
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En la última década, Cataluña ha experimentado una drástica reducción en el número de viviendas de segunda mano, con un total de 73.000 hogares que han sido excluidos del mercado de vivienda.
Esta situación ha sido denunciada por la Plataforma 2015 Acceso a la Vivienda, que advierte que, si se mantiene el ritmo actual, se podrían perder hasta 90.000 viviendas para el año 2030. Esta cifra es especialmente preocupante, ya que coincide con la promesa del exministro Salvador Illa de construir 50.000 nuevas viviendas públicas.
La Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) ha sido responsable de la denegación de 68.264 cédulas de segunda ocupación desde 2013, lo que ha llevado a que muchas viviendas, que han sido habitadas durante años, sean consideradas ilegales. Aunque la AHC argumenta que estas cifras son pequeñas en comparación con el total de solicitudes, la realidad es que esto representa entre 400 y 600 viviendas ilegalizadas al mes. Esta situación ha creado un vacío en el mercado de alquiler, donde muchas de estas viviendas no pueden ser compradas ni alquiladas.
La contención de precios del alquiler en Cataluña ha sido un tema de discusión reciente. La Generalitat anunció medidas para frenar el aumento de precios en 140 municipios, pero la AHC ha reconocido que, en la última década, se han denegado 27.703 solicitudes de renovación de cédulas. Esto supera con creces el ritmo de construcción de vivienda pública, que se sitúa en torno a mil viviendas anuales. El portavoz de la plataforma, Josep María Coderch, ha denunciado la «mala praxis» de la AHC, señalando que las denegaciones se basan en discrepancias menores entre los datos del registro urbanístico y el catastro.
Ante esta situación, la Plataforma 2015 ha iniciado un proceso para reclamar la derogación de la cédula de segunda ocupación en Cataluña, un requisito que solo se mantiene en algunas comunidades autónomas. Coderch ha afirmado que esta medida podría recuperar viviendas privadas sin costo público, garantizando su estado a través de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Además, la plataforma ha recurrido 11 denegaciones ante el Contencioso-Administrativo, alegando indicios de prevaricación en la actuación de la administración catalana.
En este contexto, la mejor recomendación para los propietarios es no presentar la solicitud de renovación de la cédula de habitabilidad hasta que se resuelva el conflicto actual. La incertidumbre sobre la renovación de estas cédulas ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de sus propiedades, ya que la denegación podría resultar en exigencias de derribo de instalaciones esenciales.
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