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Controversia sobre la concesión de terceros grados a presos de ETA en el País Vasco

El colectivo Covite denuncia la falta de arrepentimiento en la concesión de grados

Controversia sobre la concesión de grados a presos de ETA
Explorando la polémica sobre los terceros grados a presos de ETA en el País Vasco.

La concesión de terceros grados y su impacto social

La reciente decisión del Gobierno vasco de conceder terceros grados a presos de ETA ha reavivado un intenso debate en la sociedad española. El colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha expresado su preocupación, argumentando que muchos de estos presos aún mantienen vínculos con la izquierda abertzale, lo que les impide mostrar un verdadero arrepentimiento por sus acciones pasadas.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha señalado que la concesión de grados a individuos como Andoni Otegi y Alicia Lucía Sáez de la Cuesta refleja una falta de rigor en la evaluación del arrepentimiento y la desvinculación de la violencia.

Casos emblemáticos y la percepción pública

El caso de Sáez de la Cuesta es particularmente alarmante, ya que fue condenada por el asesinato del guardia civil Alfonso Parada en 1998. A pesar de su condena, su imagen sigue siendo utilizada en espacios vinculados a Sortu, lo que plantea serias dudas sobre su arrepentimiento. En contraste, otros presos de ETA han mostrado señales claras de desvinculación y repudio de su pasado, lo que ha llevado a Covite a cuestionar la legitimidad de las decisiones tomadas por las instituciones penitenciarias. La falta de un marco legislativo claro que permita evaluar el arrepentimiento de estos presos ha sido un punto de crítica constante.

Reacciones del Gobierno y la sociedad

Ante la creciente controversia, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha anunciado que endurecerá los requisitos para las actuaciones en las prisiones, buscando evitar ofensas a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de Covite, que considera que la verdadera solución radica en un cambio legislativo que garantice un proceso más riguroso para la concesión de beneficios penitenciarios. La situación se complica aún más con la reciente celebración de un concierto en la cárcel de Martutene, que ha sido criticado por ofender a las víctimas y ha generado un nuevo foco de tensión en la comunidad.

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