Organizaciones sociales se unen para demandar medidas fiscales más equitativas y sostenibles.
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El mensaje de Greenpeace en el Congreso
En una acción contundente, Greenpeace proyectó el mensaje «Aquí manda Repsol» sobre el emblemático edificio del Congreso de los Diputados en Madrid. Esta manifestación busca expresar el rechazo de la organización a la propuesta de eliminar el impuesto a las energéticas, que se discutirá en la Comisión de Hacienda.
La organización ecologista considera inmoral que, en un momento crítico marcado por las consecuencias del cambio climático, el Congreso no exija a las grandes empresas energéticas que asuman su responsabilidad por los daños que causan al medio ambiente y a la sociedad.
La responsabilidad de las energéticas
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, ha señalado que el enfoque de los líderes de Repsol, la compañía más contaminante del país, está más centrado en maximizar los dividendos para sus accionistas que en cumplir con su responsabilidad social. Esta actitud contrasta con el compromiso demostrado por los voluntarios y los servicios públicos que trabajan incansablemente para ayudar a las víctimas de desastres climáticos. Greenpeace argumenta que la recaudación del impuesto a las energéticas podría financiar parte del escudo social y económico necesario para reconstruir las áreas afectadas por fenómenos climáticos extremos.
Demandas de una fiscalidad más justa
Greenpeace se ha unido a 36 organizaciones sociales, sindicales y ecologistas para exigir diez medidas que promuevan una fiscalidad más justa y ecológica. Entre estas medidas se incluyen impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, así como un impuesto al lujo y a los jets privados. La organización destaca que España se encuentra por debajo de la media europea en términos de presión fiscal, lo que indica que hay margen para implementar impuestos que contribuyan a la justicia social y ambiental.
La urgencia de actuar ante el cambio climático
La situación es aún más crítica considerando que, mientras el Congreso debate sobre la fiscalidad, los gobiernos se reúnen en la COP29 en Azerbaiyán para discutir cómo hacer que la industria fósil asuma su parte de responsabilidad por el cambio climático. Greenpeace enfatiza que se requieren al menos cinco billones de dólares anuales para abordar los daños y pérdidas causadas por eventos meteorológicos extremos. La organización exige que se aplique el principio de «quien contamina paga», lo que implica que las grandes empresas contaminadoras deben contribuir a los costos derivados de la crisis climática.
