Análisis de las recientes concesiones de tercer grado a presos de ETA en Euskadi
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Contexto de las concesiones de grado
Recientemente, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de conceder dos nuevos grados de tercer grado a presos de ETA, específicamente a Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta. Esta medida ha generado un amplio debate en la sociedad española, especialmente entre las víctimas del terrorismo y sus asociaciones.
Desde que el Ejecutivo vasco asumió la gestión de las prisiones en Euskadi, se han otorgado un total de 87 progresiones de grado a 69 reclusos vinculados a la banda terrorista, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Detalles de los casos de Otegi y Sáez de la Cuesta
Andoni Otegi, condenado por varios atentados, ha sido objeto de controversia debido a su participación en crímenes que resultaron en la muerte de inocentes, incluyendo el asesinato de una niña de seis años en 2022. A pesar de que no ha cumplido con las tres cuartas partes de su condena, ha recibido beneficios penitenciarios por su participación en programas de justicia restaurativa. Por otro lado, Alicia Sáez de la Cuesta ha cumplido 23,5 años de los 30 a los que fue condenada por el asesinato de un subteniente de la Guardia Civil en 1998, así como por un intento de atentado contra un político gallego.
Reacciones y preocupaciones de las víctimas
La AVT ha expresado su preocupación ante la creciente cantidad de progresiones de grado en los últimos meses, señalando que en ningún caso ha habido revocación por parte de la Fiscalía. La asociación teme que, en un futuro cercano, todos los presos de ETA puedan disfrutar de la semilibertad. En este contexto, han solicitado al Gobierno y a la Fiscalía que apliquen una interpretación rigurosa de la legislación penitenciaria, asegurando que los miembros de ETA no sean liberados antes de cumplir con los límites máximos de sus condenas.
La política penitenciaria y su impacto en la justicia
La AVT ha manifestado su descontento con la política penitenciaria actual, advirtiendo que no debe convertirse en una forma de vaciar de contenido las condenas impuestas por la justicia. A pesar de aceptar que algunos presos no deberían cumplir más de 30 o 40 años, insisten en que no se debe permitir que se reduzcan sus penas. La asociación ha denunciado lo que consideran privilegios otorgados a los verdugos, mientras que las víctimas se sienten cada vez más solas en su lucha por justicia.
