La dimisión de Teresa Ribera genera debate en la UE.
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La reciente controversia en torno a la vicepresidenta de la Unión Europea, Teresa Ribera, ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad política de los comisarios europeos. La presión ejercida por el Partido Popular (PP) español ha llevado a exigir que Ribera se comprometa a dimitir si es encausada por su gestión durante la DANA, un fenómeno meteorológico que dejó un saldo trágico de fallecidos.
Sin embargo, fuentes cercanas a Ribera han señalado que el Código de Conducta de la Comisión establece que la dimisión solo se produce tras una condena en sentencia firme, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de las exigencias del PP.
El Código de Conducta de la Comisión Europea es claro en cuanto a que todos los comisarios deben actuar con independencia y en interés general de la Unión. Esto implica que no deben aceptar instrucciones de gobiernos externos ni involucrarse en actividades profesionales que puedan comprometer su labor. En este sentido, la exigencia de dimisión por parte del PP podría interpretarse como un intento de interferir en la autonomía de Ribera. Además, la historia reciente muestra que otros comisarios, como Ursula von der Leyen, han enfrentado investigaciones sin que esto haya llevado a su dimisión inmediata.
La situación ha provocado una respuesta unificada de los socialistas europeos, quienes han defendido a Ribera, argumentando que su posible encausamiento no debería ser motivo para su dimisión. La presión del PP, que busca desestabilizar la candidatura de Ribera, ha sido criticada por el Gobierno español, que sostiene que esta estrategia pone en riesgo la estabilidad de la Unión Europea. Con la comparecencia de Ribera programada para el 20 de noviembre ante el Congreso de los Diputados, el futuro de su candidatura a la Comisión Europea sigue siendo incierto. La situación actual refleja no solo las tensiones políticas internas en España, sino también las complejidades de la gobernanza europea.
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