Esplora il doloroso lascito della mancanza di giustizia nei casi di ETA.
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El legado de ETA en España es uno de los más dolorosos y complejos de la historia reciente del país. A lo largo de las décadas de actividad terrorista, cientos de víctimas han quedado sin justicia, con miles de expedientes que permanecen sin resolver.
La falta de acción judicial y la pasividad de las instituciones han contribuido a que muchos casos queden en el olvido, dejando a las familias de las víctimas en un estado de incertidumbre y sufrimiento.
Durante los años 70, 80 y parte de los 90, la violencia de ETA alcanzó niveles alarmantes. Sin embargo, la respuesta de los jueces y fiscales fue, en muchos casos, insuficiente. Javier Gómez Bermúdez, ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha señalado que la labor de los magistrados se caracterizó por una notable pasividad. A pesar de la gravedad de los crímenes, muchos jueces se limitaron a actuar en base a las pruebas presentadas por las fuerzas de seguridad, sin profundizar en la investigación. Esta falta de iniciativa ha llevado a que numerosos casos prescriban, dejando a las víctimas sin la justicia que merecen.
La situación se vio agravada por la falta de recursos y la complicidad de algunos estamentos judiciales. En un contexto de violencia extrema, algunos jueces llegaron a considerar a ETA como una organización con una causa legítima, lo que afectó su imparcialidad en la administración de justicia. Además, la falta de colaboración internacional y el aislamiento de España en la lucha contra el terrorismo dificultaron aún más la resolución de los casos. La ausencia de testigos y la falta de apoyo de la sociedad civil han contribuido a que cerca de la mitad de los casos de ETA permanezcan sin esclarecer, un porcentaje alarmante en comparación con otros grupos terroristas en Europa.
En medio de este panorama, surge la necesidad de buscar la verdad sobre lo ocurrido. Las víctimas reclaman no solo justicia, sino también reconocimiento de su sufrimiento. Sin embargo, la posibilidad de que la Audiencia Nacional investigue crímenes ya prescritos es limitada. La reforma legal que permita un tratamiento más adecuado del arrepentimiento de los presos por terrorismo es un tema que se discute en la actualidad. La necesidad de que los presos reconozcan su responsabilidad y expresen un verdadero arrepentimiento es fundamental para avanzar en la reconciliación y la justicia.
Las instituciones deben asumir un papel activo en la comunicación con las víctimas y en la búsqueda de soluciones que garanticen sus derechos. La actual administración penitenciaria ha sido criticada por su enfoque en la concesión de beneficios a los presos de ETA, lo que ha generado desconfianza entre las víctimas. Es esencial que se establezcan mecanismos claros que permitan a las víctimas conocer las manifestaciones de arrepentimiento de los reos y que se garantice una mayor transparencia en los procesos de progresión de grado. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y reconciliada.
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