El camino hacia los presupuestos de 2025 se complica por las tensiones políticas.
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Contexto actual de los presupuestos
La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 se presenta como un proceso lleno de obstáculos. A pesar de las expectativas del Gobierno, las tensiones políticas han complicado la situación. La devastación causada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se esperaba que sirviera como un catalizador para la colaboración entre los diferentes grupos políticos, pero la realidad ha demostrado ser más compleja.
Desacuerdos entre los socios de gobierno
La aprobación de la senda de estabilidad, un elemento clave para la elaboración de los presupuestos, sigue en el aire. Las diferencias entre los socios de investidura, como el PNV y Junts por un lado, y ERC, Bildu, Podemos y BNG por el otro, han puesto de manifiesto la dificultad de alcanzar un consenso.
La necesidad de reconstrucción en Valencia, tras los daños causados por la DANA, debería obligar a los grupos a colaborar, pero la fragilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un factor determinante.
La reforma fiscal y sus implicaciones
El Gobierno ha intentado establecer un marco fiscal que satisfaga a todos los sectores. La propuesta de una imposición mínima del 15% a las multinacionales y grandes grupos empresariales es un intento de cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Sin embargo, la oposición de algunos socios, que exigen mantener impuestos a las energéticas, ha complicado aún más la situación. La falta de consenso ha llevado a la desconvocatoria de la Comisión de Hacienda, lo que refleja la incertidumbre que rodea a este proceso.
Presiones y expectativas futuras
Las presiones sobre el Gobierno son evidentes. La necesidad de aprobar los presupuestos antes del 1 de enero de 2024 es crucial para evitar sanciones de la UE. Sin embargo, la estrategia de negociar primero con la derecha y luego con la izquierda ha demostrado ser ineficaz. Los grupos de izquierda han expresado su descontento con la eliminación de impuestos a las energéticas, lo que ha llevado a un estancamiento en las negociaciones. La posibilidad de un acuerdo in extremis se mantiene, pero la falta de confianza entre los socios dificulta cualquier avance significativo.
