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En un emotivo discurso, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha instado a los presos de ETA a abandonar su «cobardía» y a reconocer la responsabilidad que tienen en los crímenes perpetrados por la banda terrorista.
Durante las XIX jornadas de derecho penal, dedicadas a la memoria del juez José María Lidón, asesinado por ETA en 2001, San José enfatizó la importancia de que los reclusos reconozcan su autoría en los cientos de asesinatos que aún permanecen sin esclarecer.
Este acto de reconocimiento, según la consejera, sería un paso crucial para que las víctimas puedan sellar su dolor y para que las familias conozcan la verdad sobre lo ocurrido.
San José subrayó que la memoria de las víctimas debe ser un «grito de memoria crítica y deslegitimadora del terror». Recordar a las víctimas es fundamental no solo para honrar su sufrimiento, sino también para deslegitimar las acciones de quienes causaron ese dolor. La consejera afirmó que el legado del juez Lidón y de otros magistrados que lucharon por la justicia debe ser un faro que guíe a las nuevas generaciones de juristas. La justicia, según San José, debe ser un pilar en la búsqueda de la verdad, permitiendo que las familias de las víctimas encuentren algo de paz en el reconocimiento de los hechos.
A pesar de los avances en la lucha contra el terrorismo, la sombra de ETA sigue presente en la sociedad vasca. San José recordó que, aunque la banda ha cesado sus actividades, el rastro de su violencia persiste cada vez que quienes pueden hablar eligen el silencio. Este silencio, según la consejera, es una deuda que los terroristas deben saldar con las víctimas. Además, hizo un llamado a las asociaciones que apoyan a los presos de ETA para que colaboren en el reconocimiento del daño causado, enfatizando que no se puede otorgar un trato especial a quienes han sido responsables de actos tan atroces.
En su intervención, San José también anunció su intención de impulsar sanciones económicas para quienes exhiban imágenes de presos de ETA y símbolos de la banda en espacios públicos. Esta medida busca combatir el blanqueamiento de la violencia ejercida por ETA, que ha sido normalizada en algunas localidades vascas. La consejera dejó claro que no se tolerará un «estatus diferenciado» para los presos de ETA, reafirmando que deben cumplir con la ley como cualquier otro recluso. Este enfoque busca no solo justicia, sino también un camino hacia la reconciliación en una sociedad que aún lidia con las secuelas del terrorismo.
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