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El Día de la Justicia celebrado en el Palau de la Generalitat ha marcado un hito en las relaciones entre la administración autonómica y el poder judicial en Cataluña.
Este evento, que tradicionalmente se considera protocolario, ha adquirido un significado especial al convertirse en una ceremonia de reconciliación. Con la presencia del president Salvador Illa y la cúpula judicial de la región, se ha dado un paso significativo hacia la normalización de las relaciones, que habían estado tensas durante años debido a conflictos políticos.
Durante el acto, Illa destacó la importancia de reconocer el trabajo del poder judicial, afirmando que se trata de un «acto de reconocimiento y de respeto». Este mensaje es especialmente relevante en un contexto donde las relaciones entre la Generalitat y la justicia han estado marcadas por la controversia, especialmente tras el referéndum del 1 de octubre. El president subrayó que es fundamental cerrar la fractura existente y trabajar en conjunto para mejorar la administración de justicia en Cataluña.
Illa se comprometió a reforzar la administración de justicia, prometiendo más recursos humanos y materiales. Este compromiso es crucial, ya que Cataluña ha sido históricamente una de las comunidades con menor dotación judicial en España. La falta de recursos ha llevado a una situación en la que los juicios rápidos pueden tardar casi un año en fijarse, lo que contribuye a la reincidencia delictiva y a la frustración de los ciudadanos. El consejero de Justicia, Ramon Espadaler, también se unió a este compromiso, anunciando un plan de choque para dotar a los juzgados de más recursos.
El acto del Día de la Justicia no solo simboliza un reconocimiento del pasado, sino que también establece un camino hacia el futuro. Illa y Espadaler han expresado su deseo de trabajar desde el diálogo y el respeto, buscando soluciones a los problemas que enfrenta la justicia en Cataluña. Este enfoque colaborativo es esencial para construir una relación más sólida entre la Generalitat y el poder judicial, lo que, a su vez, beneficiará a los ciudadanos que dependen de un sistema judicial eficiente y accesible.
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