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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales.
En un Comité Ejecutivo extraordinario celebrado recientemente, la patronal ha decidido no apoyar esta iniciativa, argumentando que la reducción del tiempo de trabajo por ley representa una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva entre empresas y sindicatos.
CEOE y Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas, han expresado que la modificación de la jornada laboral debe ser un asunto que se discuta bilateralmente entre los agentes sociales, y no a través de una legislación que consideran innecesaria.
Según ellos, ya existen convenios colectivos que establecen jornadas de 37,5 horas, lo que demuestra que el tema puede ser abordado sin intervención gubernamental.
Los empresarios sostienen que la propuesta del Gobierno podría debilitar el marco de negociación colectiva, que ha sido fundamental para mantener la paz social en el país durante las últimas cuatro décadas. Además, argumentan que la reducción de la jornada laboral podría llevar a muchas pequeñas y medianas empresas a una reorganización forzada, lo que afectaría su capacidad de operación y, en última instancia, su supervivencia.
CEOE y Cepyme han señalado que la diversidad de sectores económicos y las diferencias entre comunidades autónomas hacen que una medida generalizada como esta carezca de sentido. La patronal considera que cada sector tiene sus propias características que deben ser tenidas en cuenta al discutir la jornada laboral.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto una serie de medidas para mitigar el impacto de la reducción de jornada en las pequeñas y medianas empresas. Entre estas medidas se incluyen ayudas directas de hasta 6.000 euros para empresas con menos de cinco trabajadores en sectores como comercio, hostelería y agricultura. El objetivo es estimular la productividad en estos sectores, que han sido considerados rezagados.
Sin embargo, la patronal ha manifestado dudas sobre la efectividad de estas medidas. Aseguran que es poco probable que la productividad aumente simplemente a partir de la reducción de la jornada laboral, especialmente en un tejido productivo donde el 98% de las empresas son pymes y autónomos. La CEOE y Cepyme han reiterado que la creación de empleo es un desafío mayor en este contexto.
A pesar del rechazo de la patronal, el Gobierno ha dejado claro que su intención es seguir adelante con la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado de Trabajo ha afirmado que la negativa de los empresarios no detendrá el proceso y que se buscará un acuerdo con los sindicatos, quienes han mostrado una postura más favorable hacia la propuesta gubernamental.
El Ministerio de Trabajo está dispuesto a avanzar en la regulación del derecho a la desconexión y en la modificación del registro horario, buscando así un consenso que permita llevar esta reforma al Congreso de los Diputados. La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno, que deberá equilibrar las demandas de los sindicatos con las preocupaciones expresadas por la patronal.
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