Il Congresso spagnolo approva la riforma di RTVE mentre Valencia affronta una crisi.
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El pasado 30 de octubre, el Congreso de los Diputados se enfrentó a una situación excepcional al convalidar el real decreto ley de reforma de RTVE. Este acontecimiento tuvo lugar en medio de una tragedia nacional, tras la devastadora DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia y parte de Castilla-La Mancha, dejando un saldo trágico de cerca de 50 muertos.
A pesar de la gravedad de la situación, el PSOE y sus socios decidieron seguir adelante con la aprobación del decreto, argumentando la necesidad de «liberar» al Ejecutivo para que se centrase en la gestión de la crisis.
La sesión del Congreso comenzó con un ambiente tenso y sombrío, marcado por el dolor de las víctimas. A pesar de las solicitudes de suspender el control al Gobierno, los socialistas defendieron la continuidad de la actividad legislativa, argumentando que los diputados debían dar ejemplo y no abandonar sus funciones. Esta decisión generó un intenso debate entre los partidos, con el PP criticando la falta de sensibilidad del Gobierno al mantener la sesión en un día tan trágico. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, finalmente optó por suspender el control al Gobierno, pero mantuvo la sesión sobre RTVE, lo que desató una ola de críticas.
La reforma de RTVE, que fue aprobada con 175 votos a favor y uno en contra, busca cambiar la estructura de gobernanza de la corporación. El PSOE propuso a José Pablo López como nuevo presidente, quien ya había ocupado cargos importantes en la televisión pública. La intención del Gobierno es tomar el control de RTVE, que ha estado en una situación de crisis interna, con una cúpula dividida y con varios miembros con el mandato caducado. La aprobación del decreto se presenta como una solución urgente para desbloquear la situación y garantizar una gestión más eficiente de la radiotelevisión pública.
Las reacciones a la aprobación del decreto no se hicieron esperar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la decisión de «despreciable» y criticó la falta de empatía del Gobierno hacia las víctimas de la DANA. Desde el PSOE, se defendió la necesidad de continuar con la actividad legislativa, argumentando que la gestión de la crisis corresponde al Ejecutivo, mientras que el Legislativo debe seguir cumpliendo con sus funciones. Esta situación ha puesto de manifiesto las tensiones políticas en un momento crítico para el país, donde la tragedia y la política se entrelazan de manera compleja.
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