La Guardia Civil de España ha adjudicado recientemente un contrato de munición por un valor superior a 6,6 millones de euros a la empresa israelí IMI Systems. Este hecho ha suscitado un intenso debate político, especialmente en el contexto de las relaciones entre España e Israel, que se han visto tensadas por el conflicto en Gaza.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, había afirmado en una carta que España había dejado de comprar armas a Israel desde octubre de 2023, lo que hace que este contrato resulte aún más controvertido.
El contrato se divide en tres lotes, destinados a la adquisición de 19,8 millones de balas para las pistolas reglamentarias de la Guardia Civil.
Los dos primeros lotes, que suman un total de 6.642.900 euros, han sido adjudicados a IMI Systems, una empresa que fue propiedad del Gobierno israelí hasta su absorción por Elbit Systems en 2018. En España, la comercializadora de esta empresa es Guardian Homeland Security, que previamente había vendido pistolas defectuosas al Ministerio del Interior, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad de las armas adquiridas.
La adjudicación de este contrato ha generado una ola de críticas desde varias asociaciones y partidos políticos. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a la ministra Robles a suspender cualquier contrato de compraventa de armas con empresas israelíes, argumentando que se debe hacer efectivo un embargo total de armas a Israel. Esta situación ha puesto en evidencia las divisiones dentro del Gobierno de coalición y ha llevado a cuestionar la política de defensa de España en un contexto internacional cada vez más complejo.