La embajada española en Mauritania enfrenta nuevos retos. La UGT ha denunciado irregularidades en dos convocatorias para cubrir tres vacantes en la misma. Según un documento exclusivo al que ha llegado El Independiente, el sindicato solicita la anulación de dos decisiones: una para un empleo temporal y dos para posiciones permanentes.
El 28 de agosto de este año se anunciaron dos plazas para auxiliares, una de las cuales sería fija y la otra temporal. Tres trabajadores se presentaron en la embajada de España en Nuakchot, capital del país. Los puestos estaban destinados a gestionar el sistema de visados y registros.
La plaza fija fue asignada a Sidi Mohamed S., quien obtuvo 38,35 puntos, superando a la segunda mejor clasificada, Cristina D. Por otro lado, Cristina D. se quedó con la plaza temporal, ganando con solo 0,1 puntos más que la siguiente. La denuncia de UGT señala que Cristina D. es la hija de la secretaria de la embajadora, Míriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, quien además era la suplente del presidente del tribunal que otorgó la plaza. Según fuentes consultadas, Cristina D. reside en el complejo de la embajada, junto con otros empleados y delegados. De acuerdo con las reglas de las convocatorias de agosto, los miembros de la mesa de examen debían abstenerse de participar si tenían «despacho común» o lazos de «asociación» con alguno de los postulantes, así como si existía «relación de servicio» con personas interesadas en conseguir la vacante o si mantenían «amistad íntima o enemistad manifiesta» con algún aspirante.
«Vínculo de sangre»
En un informe dirigido al subsecretario de Asuntos Exteriores, Xavier Martí, se menciona que entre quienes aspiraron a las plazas disponibles se encontraban tres empleados activos de la Embajada de España, siendo uno de ellos pariente en primer grado de un funcionario de dicha embajada. Según denuncias de UGT, la persona que obtuvo el puesto temporal, Cristina D., es la hija de la secretaria de la embajadora en Mauritania. Además, se destaca que la canciller, María Jesús del Pozo Gavilán, quien actuó como secretaria del tribunal, tenía una «hostilidad evidente» hacia una de las postulantes. Un funcionario reportó en un mensaje que esta persona había mostrado racismo y un comportamiento degradante en diversas ocasiones, y no ha habido respuestas que desmientan dichas acusaciones. Asimismo, se señala que «las evaluaciones fueron elaboradas por el comité de selección», junto con su revisión y calificación. UGT afirma que el tribunal tenía pleno conocimiento de a quién estaban evaluando en cada instancia. Por tal motivo, el sindicato considera que las preguntas debieron ser enviadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en un sobre cerrado y luego enviadas de manera anónima a los servicios centrales. Además, las convocatorias no mencionaron ninguna información sobre a qué tribunal se podía apelar ni los plazos establecidos para ello.
Irregularidades previas
El caso de agosto no es el único que ha suscitado alertas por parte del sindicato. También se refiere a la convocatoria del 6 de julio de 2023, cuando se lanzó otra plaza para un auxiliar que sería de carácter fijo. Aunque las condiciones eran similares, en esta ocasión, el presidente del tribunal fue el segundo secretario, José Lorenzo Outón. El elegido para la plaza fue Ly Abdolaya, quien dirigía «una academia de español en Nuakchot donde trabajaba la esposa» de Outón.
En esta ocasión, todos los miembros del tribunal participaron sin abstenerse, incluyendo al ex segundo jefe en Mauritania. UGT ha manifestado que el vínculo con uno de los aspirantes debería haber descalificado al presidente del comité de selección debido a su relación matrimonial. El sindicato solicita la anulación de las dos convocatorias realizadas.
En cuanto a las acusaciones en la embajada, Lorenzo Outón dejó el país africano en abril de este año y fue asignado a un nuevo puesto en París. Este medio ya había informado sobre las denuncias hacia el diplomático por alojar a una familia sudanesa en el garaje de su residencia oficial y utilizarlos para trabajos domésticos. La embajadora, Míriam Álvarez, también está mencionada en estas quejas por su falta de acción, aunque no es la única acusación en su contra. Un funcionario que trabajó en Mauritania hasta junio de este año la denunció por delitos relacionados con el medio ambiente. Según un documento también publicado por El Independiente, una de las piscinas del complejo de la embajada perdía una cantidad tan significativa de agua que requería ser rellenada diariamente, aproximadamente 14,000 litros. Este periódico corroboró ambas denuncias con diversas fuentes antes de su difusión. El Ministerio dirigido por José Manuel Albares reconoció en un informe interno el problema de la piscina, aunque atribuyó la pérdida de agua a la «evaporación» típica del clima del país.
