La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se presentó este miércoles en el Congreso a solicitud propia, aunque también fue convocada por EH Bildu, ERC y BNG a través de requerimientos parlamentarios, así como por Sumar, que mostró su disposición a respaldar la iniciativa.
Los representantes de Sumar aguardaban con interés su intervención, esperando que Rodríguez trajera propuestas significativas en contra de «la especulación y los arrendatarios». Sin esas medidas, advertían, la presión sobre el PSOE se intensificaría.
Desde su posición en el hemiciclo, Rodríguez planteó la necesidad de proteger el parque de vivienda pública.
Su propuesta busca evitar que, después de un tiempo, se elimine la protección para que estas viviendas sean vendidas a precios del mercado.
Destacó que esta acción es «necesaria» para garantizar que el esfuerzo de la administración «perdure en beneficio del interés general» y no se repita lo ocurrido en años anteriores, donde la protección de millones de viviendas finalizaba. Esta desclasificación ha llevado a que hoy no contemos con ese stock de viviendas. «Es una lección vital aprendida del pasado», comentó Rodríguez.
Durante su discurso, que recibió críticas tanto de aliados como de la oposición por su falta de firmeza, subrayó que la implementación de la Ley de Vivienda debe extenderse a las comunidades gobernadas por el PP para demostrar su efectividad. Utilizó Cataluña como ejemplo de donde ya se ha comenzado a aplicar. También expresó su preocupación por el carácter endémico del problema de la vivienda, que ha afectado a generaciones desde «nuestros abuelos hasta nosotros», señalando que muchas de las medidas actuales no ofrecerán resultados inmediatos.
Ante las críticas por la falta de acción que han surgido en las semanas recientes, la ministra Rodríguez ha subrayado que su cartera ha estado «incesantemente ocupada» en asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible. Ha destacado la creación de 20.400 millones de euros en políticas económicas, un hecho sin precedentes. Además, se han destinado 6.000 millones a préstamos y garantías para fomentar el alquiler social. La ministra también mencionó la implementación de un índice de referencia para los precios de alquiler, la extensión de la moratoria de desahucios hasta 2028, la eliminación de las golden visas y la reforma de la ley de propiedad horizontal, la cual da más poder a los residentes contra el turismo no regulado. Adicionalmente, aseguró que todas las viviendas públicas que se desarrollen en la operación Campamento, situada al suroeste de Madrid, serán «totalmente asequibles».
Por otro lado, desde el Grupo Plurinacional de Sumar, que forma parte del gobierno de coalición, el diputado Alberto Ibáñez ha instado a la ministra a avanzar, «escuchar a la gente» y «regular de inmediato» los precios de los alquileres. Ibáñez ha comparado las afirmaciones constantes de la ministra con las palabras del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre «brotes verdes». «No podemos seguir afirmando que ‘la economía va en ascenso’, que todo marcha bien, cuando un apartamento de 45 metros cuadrados en Málaga se ofrece por 1.500 euros», ejemplificó. «Nuestra ciudadanía, la que se manifiesta en las calles, exige soluciones inmediatas. No podemos decepcionarlos, ya que su bienestar está en juego».
Un diputado de Compromís en Valencia, que forma parte de Sumar, ha destacado que el ingreso promedio de los jóvenes se destina mayormente al pago de su vivienda. Además, expresó su disculpa públicamente por no haber influido más en el pasado sobre los socialistas, tanto desde la Comunidad Valenciana como a nivel nacional a través de sus aliados en Sumar vinculados al PSOE. Señaló la importancia de crear conciencia sobre el hecho de que la vivienda debe considerarse un derecho y no solo un producto del mercado. En respuesta a las reacciones escépticas de Rodríguez sobre algunas afirmaciones, Ibáñez opinó que el PSOE calificaría la idea de regular los alquileres como «radical». Afirmó que lo verdaderamente radical fue el rescate bancario con fondos públicos, el cual sigue sin ser reembolsado, y añadió que es necesario ir más allá de meras soluciones temporales en el ámbito de la vivienda.
