El miércoles, Isabel Rodríguez, la titular de Vivienda y Agenda Urbana, enfrenta una de sus jornadas más desafiantes en su rol. Comparecerá de manera voluntaria ante el Congreso de los Diputados para informar sobre las políticas de vivienda. Esto ocurre luego de las demandas de ERC, EH Bildu y el BNG, mientras que Sumar ha manifestado su disposición a respaldar estas exigencias, incluso forzando su presencia si no actuaba con rapidez.
La situación de la vivienda, junto con los Presupuestos Generales del Estado, se ha convertido en un gran reto para el Gobierno en esta fase final del año, especialmente para el PSOE, que lidera las negociaciones de los nuevos presupuestos y gestiona las competencias en urbanismo.
En relación a este tema, el debate público se ha intensificado debido al fracaso de la propuesta de Sumar para regular los alquileres y a la manifestación organizada hace dos semanas en Madrid por el Sindicato de Inquilinos. Esta organización ha solicitado la dimisión de Rodríguez o, alternativamente, su cese por parte de Pedro Sánchez. Rodríguez se presentará ante el pleno a mediodía. La intención de Sumar era reactivar la regularización de los alquileres turísticos antes de que finalice el año; sin embargo, este martes, ERC ha renovado su impulso para aumentar la presión. Los representantes de Sumar han firmado junto a EH Bildu, Podemos y el BNG, respaldando este esfuerzo.
Fuera de los nacionalismos locales, Rodríguez está siendo examinado por Sumar, que está dispuesta a incrementar la presión sobre el PSOE si no presentan propuestas contundentes que aborden las inquietudes sobre rentistas y especulación tras su comparecencia. También se destaca la posición de Podemos, que, desde el Grupo Mixto y sin responsabilidades en el gobierno, ha utilizado este tema —junto al conflicto en Israel— como una estrategia para presionar a los socialistas y magentas con el fin de recuperar terreno. Además, exigen que las propuestas sean efectivas, ya que influirán en las negociaciones de los Presupuestos. Esto contrasta con la espera cautelosa de Sumar, que prefiere esperar a Rodríguez antes de hacer comentarios.
En lo que respecta a las medidas, se propone una reducción del 40% en los precios de los alquileres para renovaciones de contratos o prórrogas, tomando como referencia el último contrato. Esta medida se aplicaría en ciudades con más de 200.000 habitantes o en aquellas donde los precios hayan subido un 35%. Igualmente, se solicita que se tomen acciones contra las empresas dedicadas a la desocupación, considerándolas ilegales por delitos de odio. No se permitirá, además, la adquisición de viviendas para alquilarlas; de optar por poner una vivienda en el mercado, se deberá haber sido propietario de ella durante al menos cuatro años antes. Se argumenta que estas acciones pueden contribuir a la disminución de la especulación.
Podemos busca inducir a movimientos del Gobierno condicionando los Presupuestos a sus propuestas. La formación se adelanta a Sumar, que al ser un socio menor en el Consejo de Ministros, debe evitar el uso de un lenguaje excesivo. Los miembros de Podemos son conscientes de esta situación. Sin embargo, cualquier acción que tomen hacia el Ejecutivo dependerá de un apoyo positivo de sus bases. Desde este martes y hasta el domingo 27, los afiliados tendrán la oportunidad de respaldar que las negociaciones con el PSOE se inicien con estas demandas. En caso de que sea negado, se abordará la situación de otra forma que no se ha especificado. Desde el partido recalcan que, aunque no hay propuestas incondicionales, es poco probable que se alejen de sus principios establecidos. Afirman que «las cifras no son arbitrarias», refiriéndose a la propuesta de una reducción del 40%, y citan que «el precio medio ha aumentado un 35%» hasta ahora.
Pablo Iglesias y su equipo no dudarán en desafiar los Presupuestos si no se les escucha, tal como ocurrió en enero con el decreto del subsidio para mayores de 55 años. Se muestran dispuestos al diálogo, pero advierten que no aceptarán soluciones temporales. Recuerdan las dificultades del Gobierno para obtener la aprobación del decreto relacionado con el subsidio de desempleo para la misma franja etaria en enero, que fue rechazado hasta que se atendieron sus exigencias.
Sumar intenta equilibrar la situación planteada por Podemos. Sin hacer referencia directa a este partido, Sumar comienza a ejercer presión sobre los socialistas, lo que complica un posible acuerdo sobre el nuevo presupuesto. A diferencia de Podemos, Sumar no establece una conexión directa entre ambos temas. Este martes, durante una conferencia de prensa, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, afirmó que la ministra Rodríguez y el PSOE están en un momento crítico que podría influir considerablemente en el desarrollo de la legislatura, especialmente en lo que respecta a la vivienda. Errejón enfatizó que la ministra debe presentar soluciones concretas en lugar de excusas, aunque evitó dar más detalles.
Según fuentes de Sumar, existe una preocupación por la falta de propuestas innovadoras de Rodríguez tras su reunión con Sánchez y diversas organizaciones en Moncloa. Se anticipan críticas contundentes hacia el PSOE de no presentar novedades. Algunas voces dentro de Sumar no descartan solicitar la dimisión de la ministra, como han exigido ciertos inquilinos, aunque otros prefieren minimizar esa posibilidad en este momento. En cuanto a la presión que ejercerán, internamente se reconoce que están dispuestos a ir más lejos que en ocasiones anteriores en relación a la convivencia en el Gobierno. Se menciona que ni siquiera en el caso de Fernando Grande-Marlaska se alcanzó la presión que se está dispuesta a aplicar sobre Rodríguez, especialmente a raíz de los acontecimientos sobre la Valla de Melilla y otros temas relacionados con inmigración y deportaciones.
El éxito de la legislatura, según Sumar, depende de la implementación de políticas que regulen los precios de la vivienda. Fuentes del Parlamento han indicado que aún están en proceso de análisis sobre «las fórmulas» a aplicar. En conversación con El Independiente, expresaron que la prosperidad del Gobierno está inevitablemente relacionada con la efectividad de las iniciativas habitacionales. Existe un consenso en el ámbito plurinacional: si no se abordan y solucionan las dificultades en el sector de la vivienda, «a pesar de nuestras acciones legislativas», corre el riesgo de que «una generación quede excluida». Esto implicaría no solo una pérdida de apoyo electoral en futuras elecciones debido a la desconfianza del electorado más joven, sino que también dejaría a una gran parte de la ciudadanía en una situación precaria, dependiendo de «los rentistas».
Se anticipa que, después de escuchar a la ministra, Errejón emitirá una valoración pública sobre su intervención y tomará una postura en el Parlamento. Desde su partido, han calificado el papel de Rodríguez durante esta sesión como «muy duro». Consideran que no habrá ningún grupo que sostenga que todo marcha bien, ni siquiera el PP o Vox, según las reflexiones internas de Sumar. Esperan que Rodríguez no recurra a invocar nuevamente la solidaridad de los propietarios hacia los inquilinos, y anhelan medidas más firmes que vayan más allá de limitarse al registro obligatorio para combatir el fraude que la ministra ha propuesto.
Reunión con diversas asociaciones. Sánchez y Rodríguez concluyeron su encuentro en Moncloa con un grupo de alrededor de treinta organizaciones relacionadas con el tema de la vivienda, sin haber presentado nuevas medidas, aunque sí destacaron la importancia de haber participado en un encuentro «propositivo». El Sindicato de Inquilinos de Madrid no estuvo presente, evidenciando la distancia existente con la administración actual. La ministra, en un mensaje previo a su intervención, aseguró que el Gobierno «no cesará hasta resolver la situación de la vivienda en el país». «Vamos a movilizar todos los recursos y herramientas necesarias para establecer la vivienda como un pilar fundamental del bienestar social», añadió en declaraciones posteriores.
Mostró apertura para discutir en una mesa de trabajo ideas, como la propuesta de Comisiones Obreras (CC.OO.) de crear un fondo público para desarrollar un parque de alquiler a precios accesibles. En respuesta a las críticas de Sumar y de Yolanda Díaz, Rodríguez subrayó que se está siguiendo el programa del Gobierno, lo que parece limitar la posibilidad de anuncios que excedan lo planteado en el documento actual. El bono de alquiler fue una de las medidas acordadas que Sumar considera insuficiente en este momento.