Gaslow Abastecimiento SL fue deshabilitada recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo la actividad de operador mayorista de hidrocarburos. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha estado investigando esta compañía y otras dos, Nascor Energías SL y Mena Energy SL, desde al menos 2021, donde los empleados de estas empresas incluso llegaron a comparar sus niveles de ventas con los de Cepsa.
Sorprendentemente, han pasado tres años hasta que el Gobierno ha actuado. La investigación ha evidenciado que uno de los directivos tenía conexiones con la banda latina ‘Los Miami’, mientras que otro actuaba como informante para la Guardia Civil y fue quien mencionó a Koldo García, quien ahora está en medio de un escándalo de corrupción que involucra al exministro José Luis Ábalos.
La historia de Gaslow es compleja: incluye a grandes empresarios, cantidades significativas de dinero, testaferros, cuentas overseas y hasta un episodio que podría considerarse un secuestro. Por años, la Audiencia Nacional ha estado tras la pista de diversos estafadores en el sector de los hidrocarburos que evaden impuestos, resultando en, al menos, siete investigaciones distintas en los juzgados centrales. Recientemente, el fraude en este sector ha captado la atención mediática, ya que durante una de estas operaciones, la Guardia Civil arrestó a Víctor de Aldama, un empresario vinculado al ‘caso Koldo’ y estrechamente relacionado con el ministerio de Ábalos. Aunque Aldama no había sido mencionado anteriormente en los casos de hidrocarburos, todos estos procesos, que comparten personajes y redes empresariales, han convergido en su figura, que se ha consolidado como el «gran corruptor» y sobre el que el juez Santiago Pedraz mantiene una investigación en secreto.
El Independiente ha logrado verificar, mediante documentos de diversas investigaciones y múltiples reportes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que un nuevo individuo central en el esquema de fraude de hidrocarburos es Antonio Rodríguez Estepa. Este empresario, quien según diversas fuentes también tiene conexiones con el sector de la prostitución, ha sido arrestado por lo menos en dos ocasiones, en 2013 y 2016, por su implicación en organizaciones delictivas relacionadas con el sector de los hidrocarburos y sigue enfrentando cargos en la Audiencia Nacional. Tras su primer detención, se descubrieron significativas sumas de dinero ocultas en Hong Kong. Las fuerzas del orden lo caracterizan como la persona que «controlaría toda la cadena de comercialización empleada para llevar a cabo el supuesto fraude e, incluso, posee estaciones de servicio para la venta al público». Las indagaciones de la UCO se basan en la información proporcionada por al menos tres informantes que revelaban detalles sobre estos negocios poco claros. En el expediente se hallan diálogos de uno de ellos con un tal Roberto Alcázar, nombre bajo el cual se ocultaba un capitán de la Guardia Civil. El Instituto Armado cuantifica el fraude: en 2018, Gaslow comercializó 81,68 millones de litros, cifra que se elevó en 2019 a 335 millones de litros al sumar otros proveedores (un incremento del 410%); lo que es aún más asombroso es el crecimiento de la otra empresa, Nascor, que de 5,7 millones de litros vendidos a minoristas en los primeros siete meses de 2019, pasó a comercializar 143 millones, lo que representa un aumento del 2508%. En relación a la tercera empresa, Mena, el informante llega a afirmar: «Este mes planean vender cerca de 80 millones. Esos litros ni Cepsa los vende. Con la situación actual».
En abril de 2020, durante las transacciones de mascarillas en el Ministerio de Transportes, los investigadores reciben información sobre Rodríguez Estepa, quien aparentemente mantiene vínculos con individuos asociados a ‘Los Miami’. Al verificar, descubren que uno de los mencionados tiene un historial criminal que incluye cohecho, revelación de secretos, extorsión y organización criminal. La UCO valida estos datos, que indican conexiones con al menos dos miembros del grupo delictivo, quienes tienen roles dentro de las empresas implicadas en las actividades ilegales.
La situación en Gaslow comienza a transformarse en junio de 2020, cuando Rodríguez Estepa provoca un cambio drástico en la empresa, descrito por algunos empleados como un «golpe de estado». Un capitán de la Guardia Civil se convierte en mediador, comentando que Rodríguez desea comunicarse con el propietario tras su renuncia debido a un concurso presentado por el administrador. El capitán menciona que Rodríguez le ha solicitado organizar una reunión, aunque su presencia sea necesaria, y alega que no tiene mucho que aportar a dicha cita.
El clima tenso se intensifica cuando los investigadores indican que «individuos supuestamente asociados con ‘Los Miamis'» pudieron haber mantenido a un testaferro de Gaslow en una situación de cautiverio por varias horas, lo que, según algunas fuentes, podría haber constituido un secuestro. Lo llamativo es que este hecho nunca fue denunciado.
La UCO ha pasado años intentando resolver el complejo enigma del fraude, buscando identificar a las personas que realmente operan detrás de las empresas de hidrocarburos. Este esfuerzo implica analizar una extensa cantidad de documentos que incluyen sociedades complicadas, nombres ficticios y empresarios ocultos que orquestan los aspectos menos visibles del sector.
En uno de los documentos gestionados por la UCO, que forma parte de un caso sobre hidrocarburos en la Audiencia Nacional, se menciona un informante que advierte sobre las actividades de Koldo García, asociado a Ábalos. Según un artículo de ‘Las Provincias’, el 5 de abril de 2021, el informante contactó a Roberto Alcázar, un miembro de la Guardia Civil, preguntando si estaba en su localidad o de vacaciones. Alcázar le inquirió sobre el motivo de su consulta y el informante respondió: «Es un tema muy delicado sobre Koldo. ¿Te suena su nombre?». Tras recibir una respuesta negativa, el informante insistió en su seriedad.
Tres días más tarde, parece que ambos se reunieron personalmente, y Alcázar comentó: «Lo que nos relataste fue muy alentador. Manténme al tanto, sería interesante provocar algún cambio, ya que los mismos siempre enfrentan las consecuencias, y creo que ha llegado el momento de actuar». Este capitán, que posteriormente dejó la Guardia Civil, fue designado en octubre de 2023 por la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, como responsable de Seguridad Corporativa en el Servicio Madrileño de Salud. La Guardia Civil continuó su labor de investigación y depuración dentro de sus filas.
En marzo de 2022, el diputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar diversos contratos de varios ministerios, en particular el de Transportes, relacionados con la adquisición de mascarillas. En su denuncia, menciona específicamente a empresas como Soluciones de Gestión S.L., que tiene lazos con Víctor de Aldama. La Fiscalía comenzó a profundizar en la investigación y, a partir de ahí, surgieron conexiones con Koldo García, quien ya había sido objeto de información valiosa por parte de la UCO en un caso anterior sobre hidrocarburos. En junio de 2023, el fiscal Anticorrupción presentó una querella contra siete individuos, entre ellos Aldama y Koldo, sobre los contratos de mascarillas durante la crisis sanitaria. Sin embargo, fue en febrero del presente año cuando la investigación, conocida como ‘operación Delorme’ y después referida como ‘caso Koldo’, tomó forma. El estimado del fraude por las mascarillas asciende a menos de 20 millones de euros, cifra que palidece en comparación con el escándalo relacionado con los hidrocarburos, donde se sugiere que se evadieron aproximadamente 182 millones de euros. Actualmente, el ‘caso Koldo’ sigue su curso en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde han surgido tanto personajes clave como empresas involucradas en la trama de los hidrocarburos. Se ha señalado que la propiedad que supuestamente utilizó Ábalos en Cádiz durante el verano de 2021 fue adquirida a través de una firma unida a Aldama y al sector de combustibles. Esta conexión entre distintos casos ha llevado a que algunas defensas pidan la nulidad de las actuaciones relacionadas con hidrocarburos, argumentando que hay una superposición de procedimientos.
El juez Pedraz será quien tome la decisión final, y por ahora, Aldama permanece en detención provisional. Según informaciones relacionadas con el caso, todavía hay numerosos aspectos por esclarecer y muchos detalles que explorar.