Este martes por la tarde, el director de El Independiente, Casimiro García-Abadillo, tomó parte en el coloquio titulado «La libertad de información en España», que fue organizado por la Universidad Villanueva en Madrid como parte de su serie de debates Diálogos en la Universidad.
Junto a él, participaron el columnista de El País y editor de Letras Libres, Daniel Gascón, así como el presidente del Consejo Editorial de El Confidencial, José Antonio Zarzalejo. Los moderadores del evento fueron Ernesto Villar, director del Grado de Periodismo del centro y periodista, y el profesor y periodista Cayetano González.
Durante el debate, se analizó la situación actual de la prensa en España y el contexto democrático en el que opera. Se concluyó que, desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018, las condiciones han empeorado para el ejercicio del periodismo.
García-Abadillo afirmó que bajo la administración de Sánchez, «la propaganda ha sustituido a la política». Se destacó que los ministros y miembros del gobierno actúan como «difusores de propaganda». Esta afirmación surgió en respuesta a una pregunta sobre el impacto de esta situación en la calidad de la información. Antes, se trataba de argumentos comunes elaborados por Moncloa, similares a los utilizados por otros partidos, para abordar la agenda del día, en particular lo relacionado con los casos de Begoña Gómez, David Sánchez y la trama Koldo.
Zarzalejo, casi al cierre del coloquio, subrayó el papel de la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien a su juicio explicó de manera errónea, sin intención de manipular, el fallo de la Audiencia de Madrid sobre la investigación abierta contra la esposa del presidente.
«No es consciente de que está falseando la verdad, ya que ignora el contexto de la conversación», comentó, lamentando la pérdida de la práctica de dejar que los asuntos sean abordados por verdaderos especialistas. «Antiguamente, figuras como [Alfredo Pérez] Rubalcaba y [Josep] Piqué se reunían con los técnicos conocedores», mientras que ahora «se les indica que solo sonrían» y repitan el discurso. Esto fue un punto compartido por los participantes y el moderador, quienes señalaron que afecta la libertad informativa. Se cuestionó la credibilidad de ciertos portavoces públicos. «Si quien habla fuera la ministra Margarita Robles, la situación sería otra. Actualmente, los que representan solo se encargan de comunicar sin profundizar» pues «la tendencia que se establece es que la información parece no ser importante a la hora de formar juicios», añadió García-Abadillo.
¿Está en riesgo la libertad de expresión?
La sesión inició planteando a los tres panelistas si la libertad de expresión enfrenta alguna amenaza. García-Abadillo advirtió que el verdadero riesgo radica en que se afiance la maquinaria del contrarrelato, un tema que él mismo abordó en su columna en El Independiente ese martes. Es decir, que se empiece a cuestionar la veracidad de las informaciones. «Que se dude de la imparcialidad» de los periodistas ante la deslegitimación de los medios que no se alinean con las ideologías de quienes los consultan, incluyendo al Gobierno. El director recordó que el evento se realizó pocas horas después de que el Gobierno «modificara» por decreto ley «las normas establecidas», asegurando el control de RTVE hasta 2030. «Excluyendo al PP». Esto se produce pocos meses después de que comenzara esa narrativa contraria a «el fango». Todas esas informaciones en detrimento de Gómez, muchas de las cuales han encontrado respaldo a medida que avanza la investigación.
Se ha reducido considerablemente el impacto del Plan de Acción por la Democracia, limitándolo a palabras y a iniciativas como la asignación de 140.000 millones de euros para «la digitalización» de los medios. Se apuntó que esta suma probablemente se destine a los medios que son más complacientes y benevolentes con el Gobierno, en un contexto donde la información ya es predominantemente digital. La implementación de la parte legal de este plan ha quedado debilitada debido a la falta de mayorías necesarias para modificar las leyes orgánicas o el Código Penal. Asimismo, se consideró que las buenas relaciones del Gobierno con los medios vascos del PNV o con partidos independentistas catalanes, liderados por Salvador Illa, podrían perjudicar a otros grupos como Godó en términos de acceso a financiamiento público.
Se cuestiona la capacidad de la administración para implementar las reformas del plan de medios y del Código Penal.
Zarzalejos argumentó que Sánchez no enfrenta esta «regeneración» por un problema mediático en España ni por un interés social en ello. «Lo hace al ser consciente de la investigación abierta contra su esposa», lo que se presenta como un «efecto desalentador» típico del populismo contemporáneo. Afirmó que se trata de «una gran estafa a la ciudadanía» que, en última instancia, «ha intimidado más de lo que parece» a los medios y a los periodistas. Además, defendió la integridad de la normativa europea que respalda este plan, la cual se elaboró durante la presidencia española de la UE y pasó desapercibida en su momento, diseñada para contrarrestar injerencias mediáticas, como las provenientes de Rusia. Esta situación podría dejar a Moncloa con facultades para «distinguir entre el aporte de información o publicidad institucional a ciertos medios, restringir la participación en eventos o influir en empresas con participaciones públicas para evitar colaborar con medios que perjudiquen al Gobierno». «Esto está ocurriendo. Hay intimidación, pero en general, los medios tienen la capacidad de resistir», concluyó.
Gascón manifestó que un partido que lleva seis años en el poder, si observa un deterioro en la calidad democrática, «debería ser responsable». Cuestionó la supuesta independencia del registro de medios que propone la CNMC, sugiriendo que «eventualmente, estará influenciado por el Gobierno». Criticó la falta de propuestas para limitar «las mentiras divulgadas por los partidos».
En cuanto al término de pseudomedios mencionado por Sánchez y los ministros del PSOE, los participantes decidieron no entrar en la discusión planteada por el Gobierno. «Es fundamental reconocer que el público es lo suficientemente maduro como para elegir qué leer. La confusión es lo que beneficia al Gobierno, haciendo que una parte de la población desconfíe de los medios», comentó García Abadillo. «Lo realmente alarmante es que nadie sepa en quién confiar» y «ahora la gente solo cree en lo que dice su grupo», añadió. Reconoció que, aunque la objetividad absoluta puede ser inalcanzable, es esencial «intentar acercarse lo más posible a ella».
Zarzalejos se opuso a que el Gobierno tuviera «la capacidad de evaluar a los medios» y a que difundiera «conceptos erróneos» que incluso han sido aceptados por «otros medios». Consideró que todos los medios tienen su lugar, algunos más rigurosos que otros, y algunos más inclinados al sensacionalismo. En concordancia con García-Abadillo, defendió que la sociedad debería tener el poder de «distinguir» con base en la calidad de la información. El presidente del Consejo Editor de El Confidencial también aprovechó para criticar la supervisión de RTVE, mencionando el pago de altas cifras por fichajes de figuras como David Broncano —sin mencionarlo directamente—, sugiriendo que esto se asemeja a lo que hacen otros programas como El Hormiguero. Zarzalejos estima que se está sacrificando la calidad informativa y el servicio público para estar a la par con otros medios, cuyos contenidos, en ocasiones, resultan «desagradables». Se refirió a la programación matutina en su comentario.
¿Podría la corrupción provocar la caída de Sánchez al igual que sucedió con González?
En esta última parte de su intervención, Cayetano González hizo eco de las informaciones de El Mundo en los años noventa que provocaron la caída de Felipe González debido a escándalos de corrupción, como el caso Filesa y los GAL, entre otros. García-Abadillo formó parte de esos inicios. González planteó la posibilidad de que, dadas las noticias provenientes de tribunales publicadas por El Confidencial, que han contribuido en parte a la campaña mediática del Gobierno, esto podría llevar a un desenlace parecido con el eventual retiro de Sánchez.
García-Abadillo argumentó que el propósito de un medio no debería ser derrocar gobiernos. Reconoció la relevancia de las exclusivas que llevaron a la salida de González, pero también mencionó la opción que José María Aznar había desarrollado hasta ese momento. En relación al caso Begoña, afirmó que no está vinculado a los GAL y cuestionó si la situación de Ábalos llegará a implicar al presidente. Sin embargo, sugirió que si la investigación avanza con rapidez, podría poner en peligro al Gobierno. Se mostró convencido de que antes de que termine la legislatura, surgirá información significativa que podría afectar a Sánchez. Zarzalejos se arriesgó a decir que, basándose en casos similares, estos procesos podrían llevar hasta cinco años.
En cuanto a la postura de Sánchez, se consideró que es notablemente inferior en comparación con la de Felipe González, quien casi renunció debido a los escándalos que le rodeaban.
Sin embargo, el director de El Independiente distinguió una diferencia fundamental entre Sánchez y González: «La reacción de Sánchez es cualitativamente mucho más deficiente. Ha reaccionado de manera desproporcionada. González estuvo cerca de dejar su puesto tras una huelga general, pero jamás se tomó cinco días para pensarlo».
Gascón expresó que las publicaciones relacionadas con el progreso de las investigaciones pueden «generar un desgaste». Esto es especialmente crítico para un Gobierno que comenzó su mandato denunciando la corrupción. Luego, abrió el debate a Zarzalejos, quien destacó que la legislación de amnistía «representa un ejemplo evidente de corrupción en la que se fundamenta esta legislatura, ocultándose detrás de otras formas difusas de corrupción». Según Zarzalejos, la amnistía «ha resultado en un fracaso» y la falta de su aplicación total impide que Puigdemont recupere el liderazgo de Junts con plena libertad. «Desde una perspectiva política, esto es una corrupción total. Es manipular principios constitucionales fundamentales para captar votos. La comparación con la amnistía de 1977 es lo más erróneo; esa fue una medida transitoria para pasar de un régimen dictatorial a uno democrático, o para solucionar conflictos armados y procesos de descolonización». «Esto es lo más serio que ha acontecido en la historia de la democracia», concluyó.
