El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la denuncia presentada por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado, quien la investiga por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción. La esposa del presidente del Gobierno había acusado al magistrado de prevaricación y de filtrar información confidencial.
Con esta decisión, el tribunal desestima el último intento de Gómez por apartar al juez del caso. Además, la semana anterior, el TSJM también desechó la demanda presentada por Pedro Sánchez, quien, al igual que su esposa, acusaba a Peinado de actuar de forma negligente durante la fase de instrucción.
La defensa argumentaba que el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 había revelado a las partes acusadoras información sobre el proceso que debía permanecer en secreto, lo cual resultó en la publicación de esos detalles por diversos medios, perjudicando a la investigada. Los magistrados, alineados con la posición de la Fiscalía, consideran que no se ha observado «un alejamiento malintencionado de la normativa mencionado por la denunciante». En el fallo, al que ha tenido acceso El Independiente, el tribunal hace referencia a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que apoyó la investigación de Peinado, aunque limitó la causa de Begoña Gómez a los contratos con el empresario Juan Carlos Barrabés y a un máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, sin considerar su supuesta participación en el rescate de Air Europa. Los jueces del TSJM sostienen que el sistema judicial ha permitido a la esposa del presidente del Gobierno acotar la causa y coinciden con el criterio de la Audiencia Provincial, que concluyó que Peinado no había delimitado correctamente el caso. Sin embargo, sostienen que las decisiones tomadas por el juez durante la instrucción «no pueden ser vistas como injustas o arbitrarias».
Asimismo, afirman que en cualquier asunto legal donde se presenten múltiples interpretaciones válidas de una norma, es «fundamental» ejercer una «prudencia básica» antes de presentar una demanda contra el juez.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país