El juez Ismael Moreno, quien preside el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ha pedido que se impute al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, debido a su presunta conexión con la corrupción en el ‘caso Koldo’.
Este magistrado, en línea con lo indicado por la Fiscalía Anticorrupción, ha presentado un informe al Tribunal Supremo, el cual podrá iniciar la investigación formal contra el exsecretario de organización del PSOE, siempre que obtenga el permiso necesario del Congreso de los Diputados, donde goza de fuero.
La Fiscalía Anticorrupción ha sido contundente, señalando que no se puede entender la dinámica operativa de Koldo García, asesor del exministro, y Víctor de Aldama, líder de la trama, sin la implicación de Ábalos. El fiscal Luis Pastor ha resaltado la existencia de indicios que apuntan a la participación del exministro en dicha red, la cual se benefició a través de comisiones por contratos públicos en el Ministerio durante la crisis sanitaria. Según las acusaciones, los delitos incluyen participación en organización criminal por su rol central en el esquema de Aldama, así como estar relacionado con la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas a la empresa de Aldama. Además, se le imputa cohecho, ya que, en compensación por su intermediación en estos contratos, la red le proporcionó el uso de diversas propiedades.
Se trata de una propiedad ubicada en La Línea de la Concepción (Cádiz), adquirida por un grupo de empresas asociado a Koldo, con el objetivo de que Ábalos pudiera residir allí durante el verano de 2021. Además, se menciona un apartamento de alquiler en el centro de Madrid, cuyo costo mensual fue cubierto por este mismo grupo empresarial durante tres años, destinado a una de las parejas del exministro. Tras la elaboración de esta exposición razonada, corresponde ahora a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo evaluarla, y se asume que lo hará debido a la cantidad de evidencias recopiladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Posteriormente, los jueces deben remitir el asunto a la cámara baja, para que esta consienta la investigación y se levante la inmunidad que posee gracias a su aforamiento.
