La propuesta del Gobierno de establecer un impuesto permanente sobre las compañías energéticas ha generado divisiones dentro del partido Junts. Este miércoles, la formación liderada por Carles Puigdemont jugará un papel crucial en la votación que definirá si se apoya al Gobierno o a las empresas del sector, especialmente a Repsol, que ha alertado sobre la posibilidad de reubicar sus inversiones en el extranjero como respuesta a este nuevo gravamen.
La iniciativa podría poner en peligro una inversión de 1.100 millones de euros de la petrolera en Tarragona, donde todos los actores económicos, desde organizaciones empresariales hasta sindicatos, han expresado su inquietud ante esta situación.
Míriam Nogueras, líder de Junts en Madrid, aseguró al Diari de Tarragona que no permitirán que se pongan en riesgo las inversiones en Tarragona, subrayando que el impuesto impacta a dos grandes empresas energéticas, Repsol y Cepsa.
Sin embargo, no se pronunció sobre la posición de su partido, lo que generó diferencias en la reunión ejecutiva de Junts el lunes pasado.
La posibilidad de que Junts respalde a las energéticas se vuelve crucial, sobre todo porque el PNV, que también se opone a la medida, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para obtener una salida en el País Vasco. Además, el nacionalismo vasco podría ejercer su apoyo bajo ciertas condiciones: la conversión del gravamen en impuesto y la posibilidad de que las administraciones vascas lo adapten según sus necesidades, incluyendo bonificaciones.
La situación ha generado gran preocupación en Tarragona.
En este escenario, la facción pragmática de Junts propone distanciarse del bloque progresista en el Congreso y oponerse al impuesto, el cual podría acarrear graves repercusiones para la industria petroquímica de Tarragona. Repsol planea establecer en esta región la mayor planta de generación de hidrógeno verde en España, con una capacidad de 150 megavatios para 2026 y llegando a 1.000 megavatios a partir de 2027.
Uno de los partidarios de rechazar el impuesto es el antiguo consejero de Economía, Jaume Giró, quien ha dejado clara su disconformidad con esta medida. Giró manifiesta que este impuesto es «excepcional» ya que se basa en las ventas en lugar de los beneficios, lo que, según su opinión, va en contra de la postura de la Unión Europea, que desconfía de los impuestos que imponen los estados miembros sobre la facturación.
Además, Giró enfatiza que cuando se introdujo este impuesto, el precio del petróleo era de 100 dólares por barril y el gas de 300 euros por MWh. «Ahora, el petróleo ha descendido a 70 dólares y el gas a 30 euros», apunta, subrayando así los peligros que la nueva medida podría traer para la industria petroquímica de Tarragona, responsable del 2% del PIB catalán.
Las incertidumbres dentro de Junts.
La postura de Giró y otras figuras prominentes del partido no cuenta con consenso en la ejecutiva de Junts. Hay quienes advierten sobre los peligros de «volver a colaborar con PP y Vox». La reciente incomprensión en Junts proviene de su último desacuerdo con el Gobierno, que bloqueó la tramitación de la regulación de arrendamientos, generando protestas frente a sus oficinas. Además, las repercusiones de este voto podrían afectar su relación con el PSOE, que parece haber mejorado después del último encuentro entre el equipo negociador y Puigdemont, celebrado hace dos semanas.
Bajo estas circunstancias, Junts opta por mantener un silencio oficial sobre cómo se manifestará en la votación. Sin embargo, Nogueras dejó claro que la actual propuesta de tasa no les convence. «De hecho, el impuesto afecta mucho menos a las empresas eléctricas, que han obtenido grandes beneficios por sus políticas de tarifas, en comparación con las petroleras, que son las que más invierten en Cataluña».
«Este impuesto no puede aprobarse tal cual está escrito. Es un impuesto engañoso que termina siendo asumido por quienes mayores ganancias tienen», afirmó la líder de Junts en el Congreso a un importante medio de Tarragona, reiterando que «somos los únicos en esta lucha y tenemos la capacidad de influir, porque contamos con los votos».
Una victoria sobre el PSC.
El apoyo a quienes se oponen al impuesto sobre las energéticas se ve favorecido por la postura cautelosa del Govern de Salvador Illa. Este se encuentra bajo la presión de las organizaciones empresariales de Cataluña, que le instan a rechazar esta normativa. Esta presión se manifestó especialmente durante la ‘Noche del Empresario’, un evento organizado por Cecot, al que Illa asistió por primera vez en su calidad de presidente. Los representantes de esta patronal solicitaron un “entorno estable” que fomente las inversiones.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, admitió el martes la existencia de estas presiones, afirmando que «apoyaremos y estableceremos marcos estables para el desarrollo de nuevas inversiones». Sin embargo, subrayó que el Govern mantendrá su unidad con el Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto. «La fiscalidad debe ser responsable; si aspiramos a transformaciones significativas, necesitamos una fiscalidad que responda de manera responsable por parte de estas empresas», señaló.
En este marco, la decisión de votar en contra del impuesto se interpreta como una oportunidad política para el sector más pragmático de Junts. Esto les permitiría posicionarse como un «partido útil» al servicio de los intereses económicos de Cataluña.
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