Cambio inminente. Una nueva transformación, la más reciente de muchas, está ocurriendo en RTVE, la radiotelevisión pública de España. Menos de cuatro años después de la última modificación acordada en su consejo de administración, el Gobierno de Pedro Sánchez decide llevar a cabo otra reforma significativa.
A través de un real decreto ley, se modifica el método de elección de los directivos de RTVE, asegurando así, junto a sus aliados, el control del proceso y desactivando cualquier posibilidad de que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, pueda obstaculizar el cambio.
La esencia de esta reestructuración radica en que el Congreso tendrá mayor poder, dado que será el encargado de elegir más de dos tercios de los consejeros, lo que permitirá formar el nuevo equipo directivo de la entidad. El proceso se acelerará, y el Ejecutivo ya prevé que la nueva normativa sea presentada para su validación en el parlamento la próxima semana. De este modo, Sánchez asume el reto de gestionar una RTVE alineada con sus intereses para superar un periodo prolongado de inestabilidad y distanciarse del PP.
Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto ley que altera la normativa que dio origen al modelo de Radiotelevisión Española, impulsado durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. La información fue compartida por Óscar López, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, durante la conferencia de prensa posterior a la reunión habitual del Gabinete. López, quien ha jugado un papel clave en todas las negociaciones relacionadas con la radio y televisión públicas, recordó que su responsabilidad en esta área ha tomado un nuevo sentido desde que asumió su cargo en septiembre, reemplazando a José Luis Escrivá, quien fue designado por Sánchez para liderar el Banco de España.
En este contexto, la radiotelevisión pública se enfrenta a una crisis de gobernanza, con una presidenta interina, Conchi Cascajosa, cinco de sus diez consejeros cuyo mandato ha expirado y una posición vacante aún por ocupar. Las discusiones con el PP no han avanzado.
El objetivo del decreto ley es forzar la renovación de RTVE, sin excepciones. Independientemente de la postura del PP. Las negociaciones con el partido popular, que iniciaron hace varios meses y se habían estancado, han llegado a un punto sin salida. El Gobierno requería el apoyo de los conservadores para poder designar un sucesor para José Manuel Pérez Tornero, quien dimitió, así como para reemplazar a cinco consejeros que fueron seleccionados en 2021 a través de un acuerdo liderado por el actual ministro Félix Bolaños y el ex número dos del PP, Teodoro García Egea. Su mandato de tres años concluyó en marzo e incluía a tres consejeros propuestos por el PP (Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Carmen Sastre), uno apoyado por el PNV (Juan José Baños) y uno nominado por el PSOE (Ramón Colom). Además, el apoyo del PP era crucial para elegir un nuevo presidente de RTVE, ya que Conchi Cascajosa, actual directora de la entidad, fue elegida en marzo de 2024 por sus colegas del consejo para un mandato temporal de seis meses, pero su nombramiento no obtuvo la aprobación del Congreso, que es la entidad competente para esa decisión.
Ante la situación de bloqueo, el Gobierno ha diseñado una estrategia que impide que los representantes de Alberto Núñez Feijóo puedan obstaculizar la renovación. Esto se expresa en el real decreto ley que ha sido aprobado este martes y que se publicará en el BOE este miércoles. El consejo de administración aumentará su tamaño de diez a 15 miembros, de los cuales 11 serán elegidos por el Congreso y sólo cuatro por el Senado. Todos los miembros tendrán dedicación exclusiva y un mandato de seis años, pudiendo renovarse solamente una vez. En resumen, RTVE mantendrá una perspectiva progresista hasta el año 2030, independientemente de las posibles elecciones que pudieran favorecer a la derecha.
La selección de los nuevos miembros deberá realizarse mediante una mayoría de dos tercios; sin embargo, si este umbral no se alcanza, se podrá lograr con una mayoría absoluta transcurridas 48 horas. También se elimina el concurso de méritos que se implementó en la última renovación. Los partidos políticos serán los responsables de proponer a los consejeros.
Así, el consejo se ampliará a 15 integrantes, con 11 seleccionados por el Congreso y cuatro por el Senado. Las primeras elecciones requerirán una mayoría de dos tercios, mientras que, si necesario, una segunda vuelta podrá resolverse con una mayoría absoluta.
La posibilidad de esta segunda ronda estaba ya prevista en la normativa actual de RTVE, aunque se incluía en una disposición transitoria para el proceso iniciado en 2018. La novedad es que ahora se incorpora directamente en la ley, aplicándose a esta y futuras renovaciones. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, argumentó que la mayoría absoluta es la misma que se aplica en las elecciones de la dirección de Telemadrid y otras cadenas en comunidades autónomas con gobierno del PP.
El aspecto clave que busca el Gobierno para desbloquear la situación es la relación de 11 a 4. Anteriormente, el Congreso era responsable de nombrar a seis de los diez integrantes del consejo de RTVE, mientras que el Senado se encargaba de los cuatro restantes. La propuesta promovida por Transformación Digital, junto con los ministerios de Hacienda y Presidencia, confiere un gran poder a la Cámara baja, que ahora tendrá la autoridad exclusiva para designar a 11 miembros en la nueva dirección de la corporación. Con una representación que supera el 73%, PSOE y Sumar, junto a sus aliados de investidura (ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos y Junts), cuentan con más de 176 escaños, alcanzando un total de 177, a los que se sumaría el exministro José Luis Ábalos, actualmente en el Grupo Mixto, e incluso la diputada de Coalición Canaria. Esto se traduce en un máximo de 179 votos a favor, frente a los 171 apoyos del bloque conformado por PP, Vox y UPN.
En cuanto al ‘plan C’, se contempla la figura de un administrador provisional único.
El Ejecutivo ha tomado medidas para resolver cualquier posible inconveniente. Existe la posibilidad de que el PSOE y Sumar, junto a sus aliados, designen a los 11 consejeros que le pertenecen al Congreso. Sin embargo, el PP podría estar tentado a obstaculizar la renovación del organismo, al no nombrar a los cuatro representantes que le corresponden en el Senado. El decreto ley, que consta de 14 páginas y que este diario ha podido revisar, elimina cualquier posibilidad de que el PP utilice su mayoría absoluta para frenar el cambio de consejo: la modificación en el artículo 12.4 de la ley estipula que, si alguna de las dos Cámaras no realiza «dentro del plazo legal establecido la designación de los consejeros que le correspondan, el consejo de administración se renovará parcialmente, siendo compuesto únicamente por los nuevos consejeros designados, siempre que se haya logrado la renovación de al menos dos tercios del órgano».
Si la Cámara alta no elige a los cuatro vocales que le tocan, esto no influiría: el consejo se renovaría únicamente con los 11 miembros seleccionados por el Congreso.
Esta disposición de desbloqueo es crucial. Los 11 consejeros designados por el Congreso representan ya el 73% del total, superando así el umbral de dos tercios. Por consiguiente, si el Senado, bajo el control del PP con su mayoría absoluta, decidiese no elegir a los cuatro integrantes que le corresponden, no habría ninguna consecuencia: la cúpula de RTVE se renovaría igualmente, solo con los 11 vocales seleccionados por la Cámara baja. De este modo, el PP queda sin capacidad para bloquear el proceso.
El decreto ley incluye una cláusula adicional para desbloquear la situación: si el Congreso o el Senado no logran elegir a los consejeros correspondientes o no designan al presidente de la corporación, se requiere una aprobación de dos tercios en la primera votación (una aprobación de 234 diputados) y mayoría absoluta en la segunda. En tal caso, el Gobierno presentará a un administrador provisional único, cuya elección deberá ser aprobada por el pleno del Congreso, también con dos tercios en la fase inicial y, si esto no es viable, por mayoría absoluta en un plazo de 48 horas. A diferencia de la anterior administradora única, Rosa María Mateo, que estuvo al mando durante tres años (de 2018 a 2021), el nuevo texto establece claramente que el administrador único solo podrá ejercer su función por un periodo máximo de tres meses, pudiendo prorrogarse si en esos tres meses no se logra nombrar a los consejeros o al presidente. En julio de 2021, cuando ya se había sustituido a Mateo por Pérez Tornero, el Tribunal Constitucional había señalado que la designación de Mateo era inconstitucional.
En un plazo máximo de 30 días
El Ejecutivo tiene confianza en que la renovación del consejo de RTVE estará completada pronto. Fuentes de la Moncloa aseguran que el próximo semana se debatirá y validará el real decreto ley en el Congreso. Aunque podrían tomarse hasta un mes, el máximo permitido por la Constitución, consideran que no es necesario. Esto se debe a que las negociaciones con sus socios «están muy avanzadas». «Se ha hablado mucho con ellos», comentan en el círculo de confianza del presidente. El Ejecutivo planea culminar las dos negociaciones simultáneamente: la convalidación del decreto y la configuración del nuevo consejo de la empresa pública.
El Gobierno no descarta la inclusión de formaciones como ERC, Junts o Bildu en la nueva estructura de poder. El ministro Óscar López asegura que este consejo será el «más diverso» que se haya visto hasta ahora.
En cuanto a estos temas, considera complicado llegar a un consenso con el PP. Aunque los contactos se habían detenido, desde la Moncloa se afirma que se van a reiniciar de forma urgente, con la intención de que se unan, aunque el texto está pensado para contar con el respaldo de los aliados en el Parlamento. Esto no solo responde a la cuestión de las mayorías, sino también a la intención de limitar la capacidad de bloqueo del Senado, con una composición de 11-4 que favorece la entrada de los partidos que apoyan al Gobierno. Fuentes cercanas a Sánchez no descartan la posibilidad de que en el próximo consejo se integren representantes de ERC, Bildu o Junts. «Todo se puede negociar», «iremos evaluando la situación», señalan dos ministros influyentes. López afirmó en la rueda de prensa que este nuevo consejo será el más «diverso de la historia», dado que hasta el momento la dirección había estado formada por tres partidos políticos.
El PP deberá decidir si se siente satisfecho con los cuatro puestos garantizados en el Senado o si aspira a conseguir algunos más en la representación del Congreso. Según fuentes del gobierno, un posible reparto de cargos podría ser de nueve consejeros para el PSOE y sus aliados, y seis en total para el PP. En esta distribución, Vox no estaría incluido, ya que, según argumentó López, «representa aquello que el Gobierno no quiere» para RTVE, que debe «promover valores constitucionales, la igualdad y la lucha contra la violencia de género, todo lo contrario a lo que implicaría» el partido de extrema derecha.
Se intentará llegar a un acuerdo con el PP, aunque ese objetivo no está en el centro de las prioridades del Gobierno: «Estamos trabajando para reunir una mayoría de investidura, sin depender del PP y Vox».
De este modo, el acercamiento al PP será una posibilidad, pero no representa la meta principal del Ejecutivo. La urgencia de los plazos indica que no habrá espacio para dilatadas negociaciones con el partido popular. «Nuestro objetivo es consolidar la mayoría de investidura sin contar con PP y Vox», afirman enérgicamente fuentes cercanas a Sánchez. El decreto también establece que las presidencias del Congreso (Francina Armengol, PSOE) y del Senado (Pedro Rollán, PP) deberán comenzar el proceso para elegir a los 15 nuevos integrantes del consejo de RTVE dentro de los 15 días naturales tras su aprobación. Esta labor «deberá culminar en un máximo de quince días naturales desde su inicio». Esto implica que la nueva dirección de la corporación debe ser designada en un periodo que no exceda los 30 días.
Otra evidencia de la «colonización» de las instituciones
«Se necesitará dialogar con todas las formaciones políticas. Espero que el PP forme parte de ello», declaró López. Sin embargo, para el PP, esta estrategia del Gobierno representa solo un nuevo ejemplo de lo que denominan «colonización y asalto» de las diversas instituciones. Este martes tuvo lugar la reunión del comité de dirección del PP y, de acuerdo con fuentes internas, no se discutió el decreto aprobado por el Consejo de Ministros ni si continuarán con la misma postura que adoptaron respecto al Banco de España, rechazando participar en un nuevo modelo de la corporación que se limita a los cuatro consejeros que eligen en el Senado, donde poseen mayoría absoluta y pueden prevalecer sobre los demás grupos.
Para el PP, la renovación de RTVE no era una prioridad y, en cualquier caso, buscaba su «despolitización» junto a una «mejora del modelo», similar a lo que sucede con el CGPJ.
Según informan fuentes consultadas por El Independiente, se espera conocer tanto el contenido del próximo «decretazo», que se hará oficial este miércoles en el BOE, como la postura de los socios del Gobierno. Sin embargo, anticipan un rechazo a la convalidación del mismo, señalando que «no parece factible facilitar el proceso».
En cuanto al Partido Popular, la renovación del consejo de RTVE nunca fue considerada una prioridad. En cualquier caso, debía ir acompañada de una «despolitización» del proceso. Este cambio estaba relacionado con la necesidad de implementar un «modelo mejorado», más independiente, similar al que se acordó para el CGPJ, el cual superó su primer desafío tras muchas complicaciones en la elección de su presidente, realizado sin un acuerdo previo entre los partidos que suelen coordinar este tipo de decisiones. Curiosamente, bajo el modelo actual de RTVE, el PP podría haber demandado incluso un representante adicional en el consejo de administración, dado que posee los dos grupos parlamentarios mayoritarios en ambas Cámaras.
Aunque Sumar presenta diferencias, respalda la situación actual.
Es poco probable que se logre un gran consenso entre los dos principales partidos del país similar al que resultó en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se produjo después de cinco años de interinidad y cuatro intentos fallidos. Al inicio de julio se avanzó en la renovación de la Junta Electoral Central (JEC), que también está pendiente, pero fracasó más por problemas internos del PP que por discrepancias con el Gobierno. A las vacantes existentes entre los cinco vocales catedráticos de Derecho que deben ser designados por el Congreso, se suman ahora otras dos que deben ser resueltas por el CGPJ entre magistrados del Tribunal Supremo. Este órgano, encargado de garantizar la transparencia en los procesos electorales, sigue en espera.
El Partido Popular (PP) decidió no presentar ninguna candidatura para el puesto de subgobernador después de que el Gobierno se mantuviera firme en la elección de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España.
Esta situación llevó a un nuevo conflicto, ya que el PP argumentó que no quería involucrarse en lo que consideran una farsa al respaldar el nombramiento del exministro, como se comunicó desde su sede en Génova. Además, los diálogos entre Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, y Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, quedaron interrumpidos.
Por otro lado, Sumar ha manifestado ciertas diferencias respecto al modelo elegido, aunque el decreto ya está consensuado con sus aliados de Gobierno. En este contexto, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, destacó en una conferencia de prensa que el modelo actual no es el que consideraban ideal. «Desde un principio, planteamos un enfoque que promovía más pluralidad, independencia y transparencia. Sin embargo, nos encontramos con la tendencia habitual de esta legislatura y de muchas anteriores, donde el PP se dedica a bloquear todo lo que no controla», afirmó tras la reunión de la Junta de Portavoces.
