El acuerdo preliminar entre Vox y el PP para abstenerse en la votación sobre el límite de gasto propuesto en las Islas Baleares no altera la posición del partido liderado por Santiago Abascal. La dirección nacional de la formación ultraconservadora sostiene que las exigencias para aprobar los nuevos presupuestos regionales en las áreas donde los populares gobiernan de manera independiente, con una mayoría simple, siguen siendo las mismas.
Es importante destacar que se anticipa un diálogo complejo, siempre y cuando los presidentes del PP estén dispuestos a sentarse a conversar. Se solicitarán compromisos elevados a líderes como María Guardiola (Extremadura), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Jorge Azcón (Aragón), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Fernando López Miras (Región de Murcia).
El escenario en Baleares representa una excepción en la relación entre Vox y el PP, debido a varios elementos. En primer lugar, el partido se encuentra fragmentado dentro del Parlament, con tres grupos diferentes. Uno de ellos se considera «más fuera que dentro», refiriéndose a la situación de Idoia Ribas y Sergio Rodríguez; anteriormente se mencionaba también a Agustín Buades, quien se unió este verano al Grupo Mixto. Otro grupo mantiene una postura ambigua, en alusión a la portavoz parlamentaria Manuela Cañadas y su adjunta María José Verdú. Por último, hay quien permanece leal a la dirección, como el diputado y presidente de la Cámara Gabriel Le Senne, junto a Patricia de las Heras, que lidera Vox en Baleares.
El segundo aspecto a señalar es la falta de lealtad absoluta hacia Madrid, que se corregirá al elaborar las futuras listas electorales, lo que implica exigencias reducidas para el PP. Este partido ha aceptado el compromiso de no recibir nuevamente a menores extranjeros no acompañados ni de realizar acuerdos sobre repartos, garantizando al mismo tiempo la defensa del idioma castellano. En cuanto a las islas, este acuerdo fue el único externo sin representación en el Gobierno y con un menor número de condiciones. Esto facilita el diálogo, que no se ha rompido de manera definitiva como en otras regiones.
No obstante, la situación en Baleares, donde el PP ha mostrado apertura, no se reproducirá con la misma facilidad en otras comunidades donde sí hubo dimisiones de los Consejos de Gobierno. Esto ocurre después de que la crisis migratoria en Canarias y Ceuta, aún vigente y sin una solución acordada entre el Gobierno, la oposición y las comunidades, se agudizara. Además, la aceptación de Alberto Núñez Feijóo sobre la distribución de menores extranjeros no acompañados, que había estado pendiente desde abril, también influye en este contexto. A pesar de las advertencias de ruptura que Abascal había dado a Génova, estas se concretaron con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
El rechazo claro a aceptar más menores migrantes y a inmigrantes ilegales adultos será crucial para reanudar el acercamiento de posturas. «Esto es algo a lo que deben comprometerse desde un inicio; todos los presidentes deben posicionarse», alertan fuentes de Vox. Empujan al PSOE a ser la alternativa para la negociación, aunque con precaución. En Bambú son conscientes de que las tensiones entre socialistas y populares a nivel nacional, tanto en lo político como en lo judicial, impiden un diálogo efectivo. Asimismo, la negativa de Génova a respaldar el presupuesto del Gobierno para 2025 juega en contra de cualquier posibilidad de acuerdo.
Vox ejerce presión a nivel regional, al percatarse de la dificultad que enfrentan PP y PSOE para alcanzar un acuerdo en un contexto de intensa estrategia nacional.
El mecanismo para abordar la migración, que podría facilitar el diálogo con los de Abascal, ya se presenta complicado, como lo demuestra la situación en Baleares. Esto se complica aún más dado que los populares están abiertos a continuar las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre asuntos migratorios —junto con Canarias—, a condición de que se acepte la colaboración europea en el control de la migración. Aunque el enfoque del PP en materia migratoria ha adoptado un tono más severo, influenciado por el EPP desde Bruselas, actualmente la dirección de Génova no apoya un veto como el que propone Vox, siempre y cuando las acogidas sean gestionadas por el Gobierno cuando la ocupación supere el 150% en ciertos centros y se lleven a cabo de manera controlada para evitar un efecto llamada, según argumentan los populares. Esta estrategia se encuentra dentro del Plan de Acción acordado con el presidente canario, Fernando Clavijo.
«Intención» de Mazón y Guardiola.
Castilla y León se presenta como un territorio donde el entendimiento entre partidos es casi inexistente. Desde abril de 2022, ha sido el primer lugar de colaboración con el PP, pero las tensiones han sido intensas, especialmente debido a la figura mediática de Juan García-Gallardo. En una conferencia de prensa reciente, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, manifestó que la situación será complicada para Mañueco, señalando que «no han tenido un buen inicio allí, lo que presagia un camino difícil». A su vez, el PP en la región ha solicitado que los miembros de García-Gallardo actúen con responsabilidad y visión amplia. En cuanto al anteproyecto de presupuestos, el exvicepresidente destacó que incluye «elementos que favorecen a las políticas de izquierda», haciendo hincapié en las asignaciones para sindicatos y ONG que apoyan a inmigrantes, además de las medidas «de corte electoral».
Por otro lado, Vox mantiene esperanzas con respecto a la Comunidad Valenciana y Extremadura. La promesa de frenar la inmigración irregular fue parte de los fallidos acuerdos gubernamentales, donde se hablaba de la inseguridad y la ocupación, pero no de la inmigración. En este sentido, destacan que «Valencia es un ejemplo a seguir. Ahí es posible. Y en Extremadura, Guardiola está enviando señales de disposición a negociar». Sin embargo, hay silencio en cuanto a Aragón y la Región de Murcia, donde las posibilidades son prácticamente nulas, a pesar de que fuentes del PP sugieren que las directrices son similares a las actuales. El cierre del centro de menores en Santa Cruz se vislumbra como un punto clave.
Vox está buscando reactivar las negociaciones al solicitar que se incluyan nuevamente las rebajas fiscales acordadas en 2023, lo cual podría ser más viable. Además, desean recuperar toda la legislación que había sido suspendida o anulada, con especial énfasis en las leyes de Concordia. La ley de la Comunidad Valenciana sigue en vigor y Mazón la ha adoptado, aunque es posible que el PP la modifique en breve. Por su parte, la ley extremeña fue desestimada antes de que se sometiera a votación en la Asamblea. Esto coloca a Mazón en una posición más favorable que a Guardiola. Desde el PP de Valencia no se oculta la buena relación que existe entre ambos partidos, algo que también se daba con el exvicepresidente Vicente Barrera, según informaciones del ámbito parlamentario. Si bien el PP tiene la intención de dialogar simultáneamente con todos los grupos, buscarán hacer una propuesta única.
Según ha informado El Independiente, Vox en Valencia ha intentado, sin éxito, obtener un avance del borrador para conocer los detalles que el PP está considerando y sugerir modificaciones. La intención de mantener un diálogo en múltiples niveles no resulta problemática, sin embargo, en Extremadura sí genera incomodidad. Fuentes regionales en Extremadura indican que Guardiola se encuentra en una fase de conversaciones, aunque sin profundizar en el tema.
Se establece un estado de bloqueo continuo si no se llega a un acuerdo.
En Vox enfatizan que no están dispuestos a aceptar ninguna opción que no incluya la validación completa de los acuerdos previos, sumando «un gesto» adicional que no detallan. Este requisito lo justifican como una compensación por su exclusión en los gobiernos. Aseguran que si antes se mostraban dispuestos a adherirse a todo, en la actualidad no deberían encontrar inconveniente alguno, advierten. La negativa a reducir sus demandas complica las conversaciones con el PP, que busca evitar una postura unilateral en temas como la inmigración. Este enfoque es acorde con lo que este medio informó el pasado 24 de septiembre: figuras regionales de Vox anticiparon su rechazo a los presupuestos del PP antes de que Madrid pudiera ejercer presión con requerimientos.
Vox se presenta con la intención de adoptar una postura firme, entendiendo que un rechazo a las negociaciones podría reforzar su imagen ante su electorado. Sin embargo, una prolongación en la discusión de los presupuestos debido a buenas propuestas fiscales, como bonificaciones específicas, podría crear descontento entre los votantes de derecha. No obstante, Vox no se siente inquieto, ya que sostienen que su base electoral apoyaría esta presión contundente.
Si se logran alcanzar acuerdos, ya sea mediante concesiones del PP o una disminución de las expectativas por parte de Vox, fuentes dentro del partido no temen que se produzcan incumplimientos de lo pactado. Si esto sucediera, se establecería un veto permanente a cualquier propuesta que no cuente con el respaldo de la izquierda.
