Podemos está intensificando la presión sobre el PSOE, y no solo en relación a los Presupuestos. Este martes, fuentes de El Independiente revelan que el partido de Ione Belarra está considerando la posibilidad de abstenerse o de brindar un apoyo directo a la propuesta de Ley Orgánica del PP, que busca modificar la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional para facilitar el envío de ayuda militar al extranjero.
Si otros grupos como Sumar, ERC, PNV, EH Bildu o BNG se suman, la propuesta del PP podría recibir el respaldo necesario. Los morados están en una ofensiva para influir en los Presupuestos Generales del Estado, ya que su apoyo se percibe como fundamental.
Han iniciado una consulta entre sus miembros para que sean ellos quienes decidan la firmeza con la que abordarán la próxima negociación, especialmente con iniciativas como reducir en un 40% el costo del alquiler y suspender las relaciones diplomáticas con Israel.
El voto de Podemos está sujeto a una enmienda propuesta al texto del PP. Si se acepta, manifestarán su apoyo de forma clara; de lo contrario, optarán por la abstención. La conclusión que alcanzan en esta formación de izquierda es que la propuesta actual «es superior a lo existente» en el momento. En particular, el PP plantea que el envío de armamento a zonas de conflicto, como Ucrania, tenga una duración de un año, mientras que los permisos para las misiones militares que impliquen la participación de España se extenderían por cinco años.
Desde ese momento, «el Gobierno tendrá que comparecer ante la Comisión de Defensa para llevar a cabo una valoración» y podrá solicitar una nueva extensión de hasta cinco años más si considera que no ha alcanzado sus metas. Podemos sugiere que, inicialmente, la duración sea de dos años y que se realicen ampliaciones anuales basadas en evaluaciones regulares. Actualmente, el Ejecutivo es quien determina las misiones y solo comunica al legislativo.
En esta modificación, se incluye la petición de prohibir la venta de armamento a países que estén involucrados en genocidios. Esto se relaciona directamente con los contratos con Israel y su acción contra la población palestina en Gaza. «Ignoran este asunto, no lo mencionan». Es poco probable que el PP acepte esta parte de la enmienda, lo que se traduce en una abstención anticipada sin confirmar por parte de Podemos ni que hayan existido diálogos con el PP por el momento.
Al grupo leal al PP, Vox y UPN, que suma 171 diputados, podría unirse el PNV, que tampoco ha emitido un pronunciamiento, lo que elevaría ese número hacia la mayoría absoluta si los 350 parlamentarios votan. Podría haber una negativa por parte del bloque de investidura hacia el Ejecutivo, ya que EH Bildu o el BNG, ya en 2022, se manifestaron en contra del envío de armamento a Ucrania. La incertidumbre recae en ERC o Junts. En cualquier caso, esta propuesta les proporcionaría mayor control sobre la gestión del Gobierno. Fuentes del PP opinan que podría llevarse a cabo y comenzar el proceso porque se trata de una propuesta «institucional» para reforzar la supervisión del Parlamento sobre las decisiones del Ejecutivo.
La consulta a la Cámara está prevista en el artículo 17 del Capítulo I del ‘Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario’. Esto aplica únicamente en situaciones donde los envíos no tengan que ver con España o sus intereses nacionales. Sin embargo, el caso de Ucrania es relevante para la Unión Europea. Desde la invasión de Rusia en Ucrania en 2022 hasta finales de febrero de 2024, se registraron 61 autorizaciones de envíos por parte del Gobierno, además de 90 exportaciones por empresas privadas. Estos envíos incluyen municiones, armamento ligero, equipos de visión nocturna, ropa de protección y diez tanques Leopard, entre otros.
Por su parte, Sumar ha abierto la posibilidad de valorar esta situación media hora antes de la votación, aunque no ha confirmado su apoyo. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, afirmó: «El PP intenta hacer un truco al reciclar algo que ya fue aprobado en el Senado y que se presentará en el Congreso. No nos negamos al debate. Hay aspectos que no nos parecen negativos, pero es fundamental que exista mayor supervisión parlamentaria para el envío de tropas y armamento.»
Presión para condicionar los Presupuestos
La presión contra el Gobierno ha ido acumulándose desde hace tiempo, y ha estallado ante las recientes protestas por el acceso a la vivienda en varias ciudades españolas, incluida Madrid. Esto ocurre especialmente en un contexto donde algunos se quieren posicionar como socios firmes frente a Sumar y Yolanda Díaz, de quienes se separaron en diciembre del año pasado. «Hemos señalado que el Ejecutivo está adoptando políticas de la derecha», declaró este martes en una conferencia de prensa el diputado y portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna. «Es momento de avanzar y presentar una serie de propuestas al PSOE para que puedan contar con nuestros votos en los Presupuestos», añadió.
Recientemente, se han planteado ciertas propuestas a las bases de Podemos a través de una consulta que comenzó hoy y estará activa hasta el domingo 27 de octubre. Entre las iniciativas ya conocidas, como la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel y la reducción del 40% en los alquileres para equilibrar los incrementos de años pasados, se agregan nuevas medidas, entre ellas, el embargo de armamento vendido al régimen de Netanyahu, incluso antes del inicio del conflicto con Hamás el 7 de octubre de 2023. Se busca erradicar «la impunidad» de las empresas de desalojo, asociándolas a delitos de odio mediante una nueva legislación.
El tema de la vivienda es fundamental. Sánchez Serna indicaba que la reducción del 40% debería aplicarse en ciudades con más de 200.000 habitantes en los nuevos contratos de arrendamiento, en relación con «el último contrato vinculado a esa propiedad». En el caso de nuevas propiedades en alquiler, «el costo deberá ser el 60% de la mediana establecida por el sistema estatal de referencia». Esto abarcará a todos los municipios en los que los precios hayan aumentado un 35% en comparación con la mediana. Según lo expresado en Podemos, esto es factible «si hay voluntad política», apuntando que podría llevarse a cabo a través de un decreto ley o mediante una modificación de la ley de vivienda, la cual no se está logrando implementar adecuadamente.
Además, se propone restringir el uso residencial de la vivienda. No se permitirá la compra de propiedades que favorezcan la especulación. Si alguien quisiera adquirir una casa para alquilarla, «no tendría esa opción». Solo se permitirá después de un periodo de 4 años desde la compra, enfatizando que esto debe ser resultado de una decisión personal o un cambio de planes, y no de prácticas especulativas, subrayan los miembros de Podemos. «Es esencial limitar la adquisición por parte de grandes inversores», destacan.
