Las compañías de defensa en Israel, algunas de las cuales están directamente relacionadas con su ejército, continúan comerciando con España, según informó El Independiente en septiembre. Este martes, Sumar, a través del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha solicitado por escrito a la ministra de Defensa, Margarita Robles, del sector socialista del gobierno, que detenga de manera definitiva la adquisición de material israelí.
Hasta la fecha, las importaciones ya ascienden a 11.000 millones de euros en 2024, después de que se firmaran varios contratos en agosto por el Ministerio de Defensa. En la carta firmada por Bustinduy, en representación de sus colegas de Sumar, se exige a Robles que ponga fin al apoyo a la industria armamentística de Israel y que no invite a estas empresas a participar en licitaciones actuales.
“La anulación de estos contratos se añadiría a la política de no autorización de nuevas licencias, que ya está implementada en nuestro país desde el inicio del conflicto. Esta es una acción clave para establecer un embargo total de armas, conforme al derecho internacional”, señala el ministro. “Asimismo, será necesario interrumpir las licitaciones con determinados proveedores mencionados, incluso si hay una dependencia técnica significativa”, argumenta el ministro. “Desde que comenzó el conflicto actual, España mantiene acuerdos de defensa con varias firmas israelíes en el sector, que abastecen tecnología y material avanzado a nuestras Fuerzas Armadas. No obstante, esas mismas entidades también suministran equipamiento militar que se utiliza en las operaciones en Gaza y Líbano. Consideramos que esta situación contraviene la normativa vigente y nuestras responsabilidades bajo el derecho internacional”, concluye.
El constante flujo de importaciones desde Israel, que incluye licitaciones abiertas para el mantenimiento de su equipo de fabricación, plantea una contradicción con el compromiso político público del Gobierno de coalición. Esto ocurre en un momento en que otros países de la Unión Europea han comenzado a implementar la suspensión de compras de armamento y materiales militares al Estado judío. A finales de agosto, Irlanda, que junto a España, reconoció el Estado Palestino el pasado mayo, anunció que cesaría la adquisición de material militar como medida de presión para detener la guerra en Gaza. El primer ministro irlandés, Simon Harris, asoció esta decisión con la necesidad de cumplir las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que evalúa si la actual operación militar israelí en Gaza puede ser considerada «genocidio».
Entre las recientes adquisiciones se encuentran equipos de sincronización de inhibidores de la empresa Netline Communications Technologies (NCT) Ltd., por un monto de 471.900 euros. Este gasto fue registrado por el ministro de Defensa español en sistemas de guerra electrónica y contramedidas, así como el mantenimiento de la estación de armas RCWS MINISAMSON del RG-31 con PAP TECNOS, una filial española de Rafael, una compañía que pertenece al ministerio de Defensa de Israel, valorado en 350.000 euros. Las adjudicaciones se argumentan por la «mejor relación calidad-precio», aunque estas ofertas son las únicas que han llegado al departamento liderado por Margarita Robles.
Se establece que, para el mismo propósito, deben suspenderse las licitaciones con ciertos proveedores mencionados, a pesar de la dependencia técnica considerable. Desde el inicio del actual conflicto, España continúa manteniendo acuerdos comerciales de defensa con varias firmas israelíes del sector armado, que ofrecen tecnología avanzada y materiales para nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, es crucial destacar que estas empresas también suministran equipo militar que está siendo desplegado en las operaciones en Gaza y Líbano.
Desde nuestra perspectiva, esta situación va en contra de las normativas actuales y de nuestras responsabilidades según el derecho internacional. En su comunicación, Bustinduy menciona diversas compañías israelíes que están colaborando con el Ministerio de Defensa de España. Una de ellas es Rafael Advanced Defense Systems. Bustinduy justifica la anulación de contratos debido a que esta empresa está bajo el control del Gobierno de Israel, tiene una relación directa con la política y la estrategia militar del país, y su tecnología ha sido empleada en serias violaciones a derechos humanos y en crímenes de guerra, incluidos ataques a civiles y trabajadores humanitarios. Asimismo, resalta que las instalaciones de Rafael están ubicadas en el norte de Haifa, en territorio ocupado por Israel.
Además, se menciona a Elbit Systems, otra empresa contratada recientemente, a la que se le acusa de «participar activamente como proveedora en el sistema de apartheid dirigido a la población palestina, que ha sido denunciado ante la Corte Internacional de Justicia». Este contexto ha llevado a que instituciones financieras, como el Fondo de Pensiones de Noruega y Danske Bank, decidan desinvertir en esta empresa.
La carta también hace referencia a Guardian Homeland Security, que prové productos de seguridad y defensa fabricados en Israel, estableciendo asociaciones con otras empresas que están involucradas en la represión de la población palestina en territorios ocupados. Bustinduy concluye que seguir contratando, incluso de forma indirecta, a empresas que ayudan a perpetuar el delito contra los derechos humanos en Palestina y otras partes del mundo, va en contra de la política exterior de la Unión Europea y de España. Por esto, mientras Excem y otras firmas de corretaje mantengan relaciones con proveedores asociados a estas actividades, sería aconsejable dejar de utilizar sus servicios.
Ante la coyuntura actual y en relación con las responsabilidades legales relacionadas con el derecho internacional, además de los principios éticos y normativos que orientan nuestra política de defensa y exterior, pedimos la paralización de cualquier convenio o acuerdo vigente con empresas israelíes del sector de defensa o seguridad que estén ligadas a la intensificación del conflicto en Gaza y Líbano, así como a las acciones en los asentamientos que Israel ocupa de manera ilegal en Palestina. Esta acción, que se enmarca dentro de las recientes declaraciones del presidente del Gobierno sobre esta temática, permitiría a España honrar sus compromisos en materia de derecho internacional, manteniendo coherencia con la postura adoptada por el actual Gobierno.