El Instituto Coordenadas ha calificado como un «disparate» la resolución del Gobierno de establecer de forma permanente el tributo a las empresas energéticas, atribuyendo esta acción a una «tendencia confiscatoria y demagógica». Según el Instituto, si se lleva a cabo esta decisión, será «un golpe económico para todos los españoles».
En su informe «político-económico especial» sobre las estrategias del gobierno, las dinámicas políticas y el contexto institucional que impacta en la economía del país, el Instituto señala que en julio de 2022 «se comunicó la intención del Gobierno de implantar un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y las principales entidades financieras», una medida que en aquel momento fue justificada por la necesidad económica para enfrentar la crisis provocada por la pandemia.
También menciona que el argumento utilizado para implementar esta decisión fue que «los beneficios estaban llegando a las empresas sin esfuerzo», desconsiderando las significativas inversiones necesarias por parte de las compañías energéticas, así como el nivel de apalancamiento que manejan y la complejidad de su gestión de riesgos, además de una presión regulatoria sin precedentes. Para el Instituto Coordenadas, «la propuesta es sin duda discutible» porque asegura que «establece impuestos de manera repentina sin fundamento legal más allá del populismo, vulnerando principios constitucionales y fiscales, lo que aumenta considerablemente la inseguridad jurídica y, como consecuencia, erosiona la entrada de capitales en la economía», añadiendo que el Gobierno «denuncia unos ‘beneficios inesperados’ provenientes de una operación completamente normal y temporal».
De manera similar a cómo se beneficiaron las empresas energéticas por el aumento de los precios del gas y la electricidad debido al conflicto en Ucrania, y los bancos por el incremento en las tasas de interés, se ha mantenido un silencio notable ante la reciente caída significativa de los precios de la electricidad, el gas y el petróleo. Este silencio se ha prolongado durante los seis años en que las entidades bancarias enfrentaron tipos de interés negativos. Por otra parte, se advierte que la reciente decisión afectaría la facturación, introduciendo un nuevo concepto tributario que no se relaciona con los beneficios, lo cual es un asunto debatible. Esto implica un castigo a la actividad diaria de las empresas, lo que puede impactar la estabilidad laboral y los resultados que millones de accionistas legítimamente esperan de una gestión eficaz. Además, se señala que esta medida también reduce los ingresos en la economía, mermando la capacidad de inversión y afectando eventualmente a los consumidores.
Asimismo, se critica a los partidos opositores que se autodenominan conservadores, argumentando que abogan por gravar beneficios en lugar de la facturación, aunque no proponen eliminar dicha medida. Entre ellos se menciona al PNV, que, según se afirma, respalda esta iniciativa por un acuerdo con el Gobierno que apoya, a pesar de que se anticipa que tendrá consecuencias devastadoras para dos grandes contribuyentes en el País Vasco: Petronor (Repsol) e Iberdrola. Sin embargo, se manifiestan ciertas esperanzas con respecto a la postura de la opción catalana, refiriéndose a Junts, liderado por el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debido al análisis del Instituto Coordenadas que indica que históricamente este partido se opone a este tipo de políticas, siendo un partido de carácter liberal conservador a pesar de su ideología nacionalista.
El Gobierno ha conseguido revertir la reforma de la normativa sobre alquileres en el Congreso, y no parece estar interesada en perjudicar a los fondos de inversión, como ha dejado claro desde la vicepresidencia. Sin embargo, enfrenta el dilema político habitual: bloquear decisiones del socio gubernamental podría beneficiar a la oposición, lo que generalmente tiene más peso que el interés común.
El Instituto Coordenadas señala que la administración actual, al mostrar una intención clara de mantener el impuesto a las energéticas, parece no preocuparse realmente por la transición ecológica y la competitividad en España. Estos temas parecen ser desestimados, a pesar del discurso pretérito que los rodea, carente de un verdadero contenido o plan. Se sugiere que existe un matiz de posible represalia hacia las empresas. Un claro ejemplo es la hostilidad hacia Ferrovial al cambiar de sede, y ahora Repsol ha expresado en múltiples ocasiones que podría paralizar sus inversiones en España o llevarlas a otros lugares si se sigue con este acoso. La visión política es profundamente limitada.
Además, se menciona que este impuesto energético pone en riesgo el vital centro petroquímico de Tarragona. En esta provincia, Repsol tiene dos proyectos significativos: la Ecoplanta, con una inversión de 800 millones de euros, y el mayor electrolizador de hidrógeno renovable en Cartagena, que tendría una capacidad de 150 MW y requeriría más de 300 millones de euros. Sin la implementación de estos proyectos, la transición energética en Cataluña, que ya enfrenta serios déficits de inversión, sería inviable. Si examinamos el impacto de la transición hacia la descarbonización en las cuentas del sector energético, podríamos concluir que esta situación resulta perjudicial.
Frente a estas afirmaciones, se sostiene que Junts «deberá asumir una postura responsable y evaluar hasta qué punto los acuerdos políticos afectan al bienestar de la población catalana. Sin energía, el futuro es incierto». Además, se menciona que Endesa y Naturgy «han advertido que el impuesto les representa aproximadamente 300 millones de euros cada una, lo que insufla dudas sobre sus proyecciones futuras. Por otro lado, Iberdrola ha estimado un impacto cercano a los 200 millones de euros, lo que ha llevado a la compañía a reconsiderar su estrategia en el país. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, señala que “las empresas enfrentan impuestos sobre sus ganancias y costos laborales de sus trabajadores. A esto se suman cargas indirectas, normativas y los requerimientos para la descarbonización. Gravarlas con impuestos que parecen surgir de la nada por su facturación ordinaria no solo es confiscatorio y arbitrario, sino que resulta perjudicial para la economía, ya que desincentiva el capital y, por ende, las inversiones indispensables para el país, que debería enfocarse en reducir la factura energética”. Finalmente, remarca que “España requiere un modelo energético capaz de asegurar energía asequible, un suministro fiable y una transición adecuada que solo se alcanzará mediante la inversión. Para lograr esto, es esencial facilitar la operativa a los grandes actores, que son los generadores de riqueza y los únicos capacitados para implementar este modelo de manera efectiva. Imponer impuestos sobre la facturación es una carga para el futuro económico y, en consecuencia, para la sociedad española”.