El Gobierno, junto con sus aliados, solicitó a la dirección del Congreso que se acelere el trámite de la propuesta de Ley Orgánica para la Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana. Esto implica que se dé prioridad a las modificaciones que el PSOE y Sumar pactaron con los grupos que apoyan al Ejecutivo: EH Bildu, ERC y BNG en relación a la conocida ley mordaza.
Aunque el procedimiento de urgencia no implica que la ley se apruebe en una sola lectura, sí acorta los plazos en la comisión para presentar enmiendas y modificaciones. La intención del Gobierno es conseguir la aprobación de esta nueva legislación antes de que finalice el año.
Sin embargo, aún requieren los siete votos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, cuyos apoyos aún no son seguros. La portavoz Miriam Nogueras indicó hace unas semanas que ellos también presentarían enmiendas. La solicitud fue registrada el pasado 18 de octubre y cuenta con la firma de los cinco partidos mencionados. Entre las modificaciones más importantes de la ley mordaza están la eliminación progresiva de las pelotas de goma y la reducción de las sanciones por desobediencia a la autoridad. Asimismo, se busca reformar la ley de extranjería en un plazo de seis meses para poner fin a las «devoluciones en caliente», a pesar de que en 2020 el Tribunal Constitucional respaldó el retorno de inmigrantes en la frontera. Estos fueron los puntos que dificultaron la derogación de la ley mordaza en la legislatura anterior, especialmente por la oposición de ERC y Bildu. Ahora, los cuatro aspectos clave —falta de respeto a la autoridad, desobediencia, devoluciones en frontera y el uso de material antidisturbios— son los que el Gobierno ha conseguido avanzar con el apoyo de la izquierda abertzale.
El lunes pasado, un total de 18 sindicatos y agrupaciones de agentes del orden han organizado una manifestación programada para el 6 de noviembre frente al Congreso de los Diputados. Su motivo es expresar su oposición a la modificación de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ley Mordaza. Los convocantes argumentan que las enmiendas que se tienen previstas introducir en esta normativa amenazarían la seguridad y afectarían la efectividad de las fuerzas policiales.
Bajo la etiqueta Plataforma contra la Inseguridad Ciudadana, manifestaron que los ajustes propuestos, que pronto serán analizados por el Congreso, «se dirigen en sentido opuesto» a lo que realmente necesitan las fuerzas del orden para enfrentar de manera adecuada problemas como «la criminalidad violenta, las pandillas juveniles, organizaciones delictivas internacionales o los delitos informáticos».
Desde esta plataforma, hacen un llamado a otras organizaciones y sindicatos policiales, además de a los ciudadanos, a sumarse a esta manifestación donde los agentes de policía y guardias civiles exteriorizarán su desacuerdo con la reforma, advirtiendo que «pone en riesgo la seguridad en las calles a favor de individuos violentos». Hasta ahora, se han sumado a la convocatoria la asociación Jusapol de policías y guardias civiles, el sindicato de la Ertzaintza Si.P.E, CSIF que representa a funcionarios públicos, y Jucil, que es una asociación profesional de la Guardia Civil, así como los sindicatos de la Policía Nacional Jupol, UFP, CEP y ASP. También participarán la agrupación de policía foral APF, la asociación de profesionales de la seguridad H50, Politeia, Policía S.XXI y los sindicatos de Policía Local como SIPLG, USPLBE, P.L.A., C.P.P.M, A.P.L.B. y A.S.I.P.A.L. de Canarias.
