El Gobierno español está preparando un real decreto ley que permitirá la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Esta medida facilitará que los socialistas mantengan el control de la corporación durante los próximos seis años, siempre y cuando logren el respaldo de sus aliados en la investidura para el presidente que propongan desde Moncloa.
Si no se obtienen los votos necesarios para formar el nuevo Consejo, se contempla la opción de nombrar un administrador único provisional, según detalla el borrador de la legislación al que ha tenido acceso El Independiente.
Durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, dio a conocer la intención del Ejecutivo de poner fin a la crisis de liderazgo que afecta a la corporación desde 2022 a través de este decreto, que debe ser aprobado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
La iniciativa incluye cambios en la normativa actual para aumentar el número de miembros del Consejo de RTVE de 10 a 15, modificando el balance de representación entre el Congreso y el Senado. Actualmente, el 60% de los consejeros es designado por la Cámara Baja, mientras que el 40% proviene del Senado; el decreto sugiere un nuevo esquema de 73% a 27%.
La justificación para este procedimiento urgente radica en la dificultad de alcanzar un acuerdo con la oposición parlamentaria para cubrir la vacante del presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, quien renunció hace dos años. Además, se señala la necesidad de proporcionar una mayor estabilidad a este medio público. De igual forma, se destaca que se incrementará la influencia del Congreso con el fin de asegurar una mayor «pluralidad política e ideológica» en el Consejo de la corporación.
Según fuentes del parlamento, se espera que la estrategia implique ofrecer puestos de vocal a todos los grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, a cambio de su apoyo para que controle RTVE. Ello explicaría el incremento en el número de consejeros. De ahora en adelante, la remuneración para los vocales será significativamente mejor. Hasta el momento, solo recibían una dieta por su asistencia que no superaba los 1.000 euros; ahora se les aplicará el régimen de salarios e incompatibilidades que rige para altos funcionarios en la Administración. Óscar López, administrador único, lamentó este martes la inestabilidad que ha afectado a la corporación en años recientes, haciendo referencia a la época de Rosa María Mateo como administradora única. No obstante, resulta curioso que el decreto ley incluya esta figura en caso de que no se logre la mayoría absoluta para designar a los 15 vocales. Además, es importante destacar que el texto refuerza la autoridad del presidente en su labor y reduce el poder del Consejo, que es el organismo donde se toman las decisiones de la corporación. Así, si esta norma se aprueba, el presidente podrá nombrar a los directivos sin requerir el apoyo del Consejo. También mantendrá la capacidad de firmar contratos de hasta 2 millones de euros sin necesidad de someterlos a votación ante el órgano de gobierno de RTVE. En cuanto a RTVE y la industria audiovisual, es importante mencionar que la corporación dispone de un presupuesto anual de 1.200 millones de euros, de los cuales destina cientos de millones a productoras.
En el ámbito de la producción audiovisual, existen compañías que mantienen vínculos más estrechos con administraciones de distintas ideologías. Por ello, la inclinación del liderazgo de cada medio estatal influye en qué segmento de la industria se favorece. La acción del Gobierno este martes podría, por tanto, repercutir en este sector. El nuevo decreto va en contra de la filosofía que intentaron promover los partidos asociados a ‘la nueva política’, ya que elimina la opción de seleccionar a los altos directivos de la corporación a través de un concurso abierto, como se buscó hacer en 2018. Si esta normativa se ratifica, serán los grupos en el Parlamento quienes sugieran candidatos para el Consejo, conforme a lo establecido por la ley, considerando su trayectoria profesional y experiencias previas. En otras ocasiones, esto ha llevado a que se elijan periodistas con una fuerte carga ideológica, lo que motivó, hace más de cinco años, una reforma legal destinada a despolitizar la designación de los consejeros y a someterla a un sistema basado en méritos. En este contexto, el Gobierno planea remover a los cuatro consejeros que actualmente están en funciones hasta 2027: Concepción Cascajosa, Elena Sánchez, José Manuel Martín Medem y Roberto Lakidain. Los partidos tendrán la opción de volver a nominar a estos consejeros para un nuevo período de seis años, al igual que aquellos que han estado en funciones: Carmen Sastre, Jenaro Castro, Consuelo Aparicio, Juan José Baños y Ramón Colom. Si se elige esta alternativa, recibirían como vocales una remuneración superior, a diferencia de lo que sucedió en los últimos tres años. Es importante mencionar que la supervisión de los medios públicos ha sido un objetivo prioritario del Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Su primer decreto en 2018 buscó abordar otra crisis de gestión dentro de la corporación.
Durante ese verano, se buscó establecer un «Consejo de Administración provisional» que operaría hasta que se completara el proceso de selección pública para designar al presidente definitivo. El documento también incluía la opción de nombrar un administrador único si no se lograba la mayoría necesaria en el Parlamento para elegir a los 10 vocales de RTVE. Dado que esta última alternativa no se concretó, Rosa María Mateo fue designada como gestora plenipotenciaria, ocupando el cargo durante casi tres años. Los acontecimientos previos a su nombramiento fueron polémicos, ya que el ‘Consejo Provisional’ no asumió su función debido a un error en la votación de una diputada del PSOE. Este desliz permitió que el PSOE eligiera a Mateo, consolidando su control sobre RTVE. Ante esta situación, representantes de la oposición en el Parlamento advierten sobre el riesgo que puede representar que el nuevo decreto incluya la figura de un administrador único si no se logra un consenso para seleccionar al nuevo presidente.
