Este martes, Sumar ha tomado una decisión que distanció a su partido del PSOE durante el Pleno del Congreso. Su abstención fue clave para que se considerara una ley propuesta por el PP, la cual ha sido rechazada por los socialistas.
La normativa en cuestión pretende que el Gobierno solicite autorización a la Cámara Baja antes de enviar material militar al extranjero, similar al que actualmente se destina a Ucrania. Esta iniciativa ya había sido presentada anteriormente en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
En septiembre pasado, la Cámara Alta aceptó la propuesta con la abstención de los socios del PSOE y el rechazo del grupo de Pedro Sánchez, enviándola de vuelta al Congreso. Actualmente, el plazo para presentar enmiendas permanece abierto y la tramitación oficial aún no ha comenzado. No obstante, el PP decidió llevarlo al Pleno, obteniendo el apoyo de Vox y Podemos, mientras que el PSOE y sus aliados como ERC, PNV, Junts y Bildu se opusieron. A pesar de su potencial para influir en el voto negativo, Sumar eligió abstenerse, permitiendo que la propuesta del PP avanzara. También se abstuvo el exministro José Luis Ábalos. Según la información de Europa Press, el PP sugiere modificar el artículo 17 del Capítulo I del ‘Título III. Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario’ en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, sobre Defensa Nacional, para que el Gobierno deba pedir permiso al Congreso antes de enviar equipo militar a zonas en conflicto, como Ucrania. Este artículo ya exige que el Gobierno consulte al Congreso antes de llevar a cabo operaciones en el extranjero que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional.
Los miembros del partido popular argumentan que España se considera una democracia parlamentaria, lo que hace que sea «imperativo» modificar el artículo 17 para «ajustarlo a las circunstancias actuales y fomentar una mayor implicación del Parlamento». Señalan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha «excedido» sus atribuciones en este ámbito, «eludiendo cualquier discusión». De acuerdo con las propuestas, la aprobación del Congreso para enviar suministros militares a regiones en conflicto deberá concederse de manera anual, y las renovaciones se podrán tramitar a través de la Comisión de Defensa en la Cámara Baja. Desde marzo de 2022, cuando Rusia inició su invasión, el Ministerio de Defensa ha realizado 61 exportaciones de equipamiento militar hacia Ucrania, según información más reciente hasta el 29 de febrero de 2024. En total, el Gobierno también había permitido otras 90 exportaciones de armamento efectuadas por compañías privadas. Los materiales incluyen sistemas de visión nocturna, vestimenta de protección NBQ, equipos de radiocomunicaciones, drones, sistemas de control remoto para armamento, guías de munición, obuses, ametralladoras, minas antitanque, munición ligera y de artillería, granadas de mortero, y misiles como Hawk, Mistral, Harpoon y Aspide, además de vehículos TOA, diez tanques Leopard 2A4 y ocho embarcaciones patrulleras. Asimismo, para el Ejecutivo será necesario obtener la aprobación del Congreso para llevar a cabo operaciones en el extranjero que no estén directamente vinculadas a la defensa del país o a sus intereses nacionales.
Al solicitar apoyo, el Gobierno debe definir la cantidad máxima de personal y los recursos necesarios para llevar a cabo la operación. Cualquier aumento de efectivos tendrá que ser aprobado por la Comisión de Defensa. Según el PP, la normativa estipularía que esta autorización tendría una duración de cinco años. Antes de que finalice ese periodo, el Gobierno tiene la obligación de comparecer ante la Comisión de Defensa del Congreso para evaluar la misión y, basado en esa evaluación, podría pedir una extensión de hasta cinco años más. Adicionalmente, se solicita que el ministro de Defensa haga una presentación anual ante la Comisión de Defensa para relatar las misiones aprobadas en el extranjero por el Parlamento. Actualmente, cerca de 3.000 soldados están involucrados en 16 misiones internacionales distribuidas en cuatro continentes. Entre ellas, se destacan alrededor de 650 efectivos en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) y 350 que participan en la Operación Atalanta, enfocada en la lucha contra la piratería en Somalia.
