El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido modificar el proceso de selección para acelerar el número de nombramientos pendientes, estableciendo como meta completar todas las vacantes para julio de 2025. A partir de este momento, las entrevistas a los jueces tendrán una duración de solo diez minutos, haciendo que la evaluación de las candidaturas se base principalmente en documentos escritos.
Los miembros del CGPJ continúan sus esfuerzos para alcanzar un consenso en torno a la portavocía del organismo y la presidencia del Observatorio de Violencia de Género. Con el CGPJ en funcionamiento, su prioridad se centra en cubrir los puestos vacantes en las altas instancias judiciales, que han estado sin atención desde que el Gobierno restringió las funciones del anterior consejo en 2021.
El miércoles se llevará a cabo una sesión ordinaria en la que se decidirá la convocatoria de 51 vacantes, distribuidas entre el Tribunal Supremo (16), la Audiencia Nacional (5), los Tribunales Superiores de Justicia (20) y las audiencias provinciales (10). La comisión encargada de la calificación ha establecido un calendario con el objetivo de cubrir estas posiciones en esta primera fase y continuar en los plenos posteriores hasta resolver las más de 100 vacantes existentes.
«Es un objetivo bastante ambicioso», señala una fuente, aunque enfatiza que el compromiso general es concluir estos procesos antes del próximo verano. Para lograrlo, han reducido considerablemente el tiempo de las entrevistas, que antes podían durar hasta una hora, y ahora se limitan a diez minutos, en los cuales cada aspirante deberá resumir su trayectoria profesional y principales logros. Esta estrategia busca optimizar los tiempos y preparar las ternas lo más pronto posible para su votación. El plan inicial incluye la designación de las presidencias de las Salas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo antes de finalizar el año.
Este lunes, se dio a conocer el concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marcando el inicio del conteo de 20 días que tienen los jueces para presentar sus candidaturas. Según información previa, se espera que Andrés Martínez Arrieta sea propuesto para ocupar el puesto de Manuel Marchena en la Sala de lo Penal. Por otro lado, en la Sala de lo Contencioso, se menciona que Pablo Lucas, quien actúa como presidente interino, podría intentar reforzar su posición. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se considera que la primera fase de estos nombramientos podría quedar resuelta antes de que finalice el año. Son conscientes de que estas designaciones influirán notablemente en sus funciones en el próximo año, lo que les lleva a querer estructurar el órgano con prontitud.
Aún falta llegar a un acuerdo sobre la estrategia de comunicación externa; el sector progresista propone la creación de una comisión para este fin, mientras que el sector conservador sugiere que se elija un portavoz. También hay desacuerdo sobre quién debería liderar el Observatorio de Violencia contra la Mujer, cargo que anteriormente ocupaba la conservadora Mª Ángeles Carmona. Además, permanece por resolverse la convocatoria para la presidencia de la Escuela Judicial. Al mismo tiempo, los miembros del consejo están tratando de avanzar en múltiples asuntos pendientes. Por ejemplo, es necesario presentar al Congreso de los Diputados una propuesta para reformar el proceso de elección del CGPJ, con el objetivo de que no se repitan bloqueos prolongados como los sufridos en los últimos cinco años. Según la legislación y las fuentes consultadas, este procedimiento debería completarse antes de febrero, aunque no se descarta solicitar una breve extensión del plazo.
Además, se están esforzando por aprobar pronto el dictamen relacionado con la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un texto que otorga a los fiscales la responsabilidad de dirigir las investigaciones y transforma a los jueces en defensores de los derechos fundamentales, alterando de manera significativa la estructura de la Justicia y alineándola con los estándares europeos. Este informe ha estado en espera desde 2021; el anterior Consejo General del Poder Judicial intentó presentarlo en su última sesión, pero fue finalmente retirado de la agenda. El nuevo Consejo ha establecido un grupo de trabajo para evaluar este extenso documento, que supera las 500 páginas. Este grupo está compuesto por las integrantes progresistas Esther Erice y Lucías Avilés, así como los conservadores José Luis Costa y Carlos Orga, quienes deberán decidir el curso a seguir. Algunas fuentes indican que no sería razonable redactar un nuevo texto dado que un equipo de profesionales, incluidos miembros del Tribunal Supremo, ha aportado al actual. Aprecian que no se debería desechar el esfuerzo acumulado en los últimos tres años y sugieren enviarlo al Congreso en su estado actual. Esta será una de las cuestiones que se verá en los próximos plenos.
