La amenaza ya se ha materializado. Si el impuesto sobre las empresas energéticas, que en un principio era solo temporal, no se elimina, será necesario volver a evaluar las inversiones futuras. La firma Repsol ha trasladado a Portugal la construcción de un electrolizador de 4 megavatios (MW), que iba a estar ubicado en territorio español, al igual que otros dos proyectos que aún estaban en duda.
Finalmente, esta iniciativa se llevará a cabo en Sines, una localidad portuguesa. Este nuevo electrolizador, que facilitará la producción de hidrógeno verde, representará una inversión aproximada de 15 millones de euros y se añadirá a otros proyectos similares en España, los cuales están en gran parte detenidos a la espera de que se revalué el impuesto que planea mantener el Gobierno.
La información, divulgada hoy por ‘El Mundo’, se suma a las inversiones que la compañía petrolera ya posee en el complejo luso. El electrolizador que se planea en Portugal será de mayor capacidad que el de 2,3 MW que la empresa comenzó a poner en marcha hace un año en la planta de Muskiz (Bizkaia) de Petronor-Repsol, la cual provee energía renovable al parque tecnológico cercano de Abanto y Zierbena. En dos años está programada la culminación de la segunda fase del plan de descarbonización, que incluye la instalación de un electrolizador de 10 MW en el Puerto de Bilbao. Este proyecto no está detenido, ya que fue activado antes de que Repsol anunciara la pausa en sus inversiones. Se espera que inicie operaciones en 2026. Esta será una planta demostrativa de producción de combustible sintético, resultado de la colaboración entre Repsol, Petronor y la compañía saudí Aramco, y tendrá la capacidad de generar 8.000 litros diarios de combustible sintético a partir de CO2 e hidrógeno.
**Proyectos estancados en España**
Repsol tiene planes para instalar electrolizadores de gran capacidad en varias ciudades, incluyendo Tarragona (150 MW), Bilbao (100 MW) y Cartagena (100 MW), pero todos estos proyectos se encuentran actualmente detenidos. Recientemente, se ha confirmado que en ciertos casos se han realizado trámites administrativos para acceder a las subvenciones europeas, que ascienden a casi 800 millones de euros, debido a que estos proyectos son clasificados como de «interés común europeo» por la UE. En particular, la electrolizadora de Muskiz, con una potencia de 100 MW, contaba con un apoyo económico de 160 millones de euros. Sin embargo, esta ayuda permanece en suspenso mientras se define el futuro de la iniciativa energética.
Además, la compañía ha señalado al Gobierno, a través de EFE, que podría redirigir sus recursos a otros mercados si no avanza el marco fiscal, lo que afectaría la inversión prevista de entre 3.000 y 4.000 millones de euros para su Plan Estratégico 2024-2027. Esta información indica que mantener un gravamen de forma indefinida en la legislación española ha impactado negativamente las perspectivas de Repsol. Su CEO, Josu Jon Imaz, afirmó que esta medida no se extendería, lo cual mencionó en una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados semestrales del grupo.
A principios de año, Repsol ya había ajustado sus previsiones sobre el pago del gravamen extraordinario. Para este año, ha establecido el gasto relacionado con este impuesto en 335 millones, en comparación con los 444 millones del año anterior. De este modo, la empresa ha desembolsado hasta ahora un total de 779 millones de euros en concepto de impuesto extraordinario.
