El viernes 25 de octubre se llevará a cabo un evento importante. Ese día, Ferraz entregará a las federaciones del PSOE el borrador completo de la ponencia marco. A partir de ese momento, las bases y los cuadros podrán proponer enmiendas antes del debate final, que se realizará en Sevilla durante el 41º Congreso Federal, programado para el 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Hasta ahora, no se ha filtrado información sobre el contenido de este documento, aunque se sabe que incluirá un enfoque en la reforma del sistema de financiación autonómica. La persona encargada de dar el visto bueno a este borrador, antes de que se distribuya entre los miembros del partido, es María Jesús Montero.
Ella ocupa el cargo de vicesecretaria general del PSOE, es vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Su tarea es gestionar un complicado rompecabezas interno con los líderes territoriales socialistas y las relaciones externas con los gobiernos autonómicos y sus aliados. Montero debe encontrar un equilibrio y construir consensos, especialmente después de que algunas regiones expresaran sus dudas e incluso su oposición al acuerdo logrado entre el PSC y ERC, que llevó a la presidencia a Salvador Illa y estableció una “financiación singular” para Cataluña. Este término fue interpretado por los independentistas como un “concierto económico”, algo que la vicepresidenta no ha validado.
El congreso de Sevilla es un evento regular. Esto implica que no solo se llevarán a cabo elecciones para los líderes —la dirección de Pedro Sánchez, la comisión nacional de ética y garantías, y un tercio de los integrantes del comité federal—, sino que también se modificarán los estatutos y se debatirá sobre la dirección estratégica e ideológica del partido. La nueva estrategia se presenta en un documento base, que es inicialmente preparado por las autoridades salientes y, tras ser discutido en el congreso, se convierte en una resolución política, el fundamento ideológico del PSOE hasta su próximo encuentro, que será el número 42, programado para dentro de tres o, como mucho, cuatro años.
Los responsables del documento son Narbona, Mendia y Escudero, quienes han trabajado junto a colaboradores, «especialistas del partido y externos», para redactar cada uno de los temas a tratar.
En la reunión del comité federal del 7 de septiembre se aprobó tanto la formación del comité organizador del 41º Congreso —dirigido por Santos Cerdán, el secretario de Organización, junto con Montero—, como los tres coordinadores de la ponencia: Cristina Narbona, presidenta del PSOE; Idoia Mendia, secretaria de Estudios y Programas y eurodiputada, y Manu Escudero, presidente de Avanza, el nuevo think tank socialista. Estos tres han contado con diversas colaboraciones, «especialistas dentro y fuera del partido», para la elaboración de los ejes temáticos del documento.
La financiación autonómica se enmarca dentro de un contexto más amplio relacionado con el modelo territorial. La ministra Montero ha sido quien ha trabajado más directamente en este aspecto de la financiación. Desde dentro del partido, se indica que en los últimos días ha habido comunicación constante entre la Moncloa y los colaboradores que han estado trabajando en la ponencia. Existe la expectativa de que el texto final esté preparado en breve, lo que significa que la vicepresidenta está colaborando con Sánchez y su equipo en la parte más sensible del documento.
Una ponencia de gran envergadura
El presidente del Gobierno afirmó el 12 de octubre, durante la recepción organizada por los Reyes en el Palacio Real, su compromiso total con la creación de esta ponencia, declarando que su objetivo es que sea de gran envergadura e incluya «propuestas que enriquezcan tanto el discurso como la acción del Gobierno». Sánchez también mencionó que había instruido al partido en el comité federal de septiembre para que el PSOE anticipe las acciones del Ejecutivo, sugiriendo que la organización debe guiar la «orientación política» del Gobierno en un periodo crítico, marcado por numerosos desafíos legales y la inestabilidad parlamentaria de la coalición.
La dirección no anticipa llegar a un acuerdo sobre el documento con los líderes regionales antes del próximo viernes, manteniendo el proceso convencional de enmiendas desde los niveles inferiores hasta el congreso federal.
La dirección planea enviar el documento a las federaciones el 25 de octubre con el fin de iniciar un debate interno, incluidos aspectos sobre la financiación autonómica. Se ha decidido que Montero no consultará antes a los líderes socialistas para buscar consensos y finalizar un primer borrador. La dirección del partido justifica a este medio que se debe seguir el procedimiento habitual para esta cuestión compleja: primero se enviará la propuesta, luego se discutirán las bases y el liderazgo, se enviarán las enmiendas, se aceptarán y negociarán aquellas que Ferraz considere viables, y finalmente se debatirán en el congreso en Sevilla las modificaciones que no se acepten.
Los plazos han sido establecidos en las bases aprobadas en septiembre. Las agrupaciones del PSOE discutirán y votarán sobre las enmiendas hasta el 4 de noviembre; aquellas que cuenten con al menos el 30% de apoyo serán analizadas en la convención provincial previa al congreso. Estas reuniones se celebrarán entre el 8 y el 10 de noviembre, y las propuestas que logren ese respaldo serán presentadas en el congreso federal. Ferraz deberá enviar la memoria de enmiendas —que en el 40º Congreso fueron 10.485, más 280 modificaciones a los estatutos— el 19 de noviembre, diez días antes del inicio de la cita en Andalucía.
La administración no ha proporcionado indicaciones sobre cómo estructurará su propuesta relacionada con la financiación regional. Sin embargo, varios líderes locales anticipan que presentará un texto muy amplio y general, que satisfaga a todas las agrupaciones sin contradecir los acuerdos firmados entre PSC y ERC durante el verano. Montero ha insistido en que lo acordado no implica la creación de un sistema de concierto económico para Cataluña, aunque esta interpretación es cuestionada por varios líderes y especialistas en el tema. En el nuevo modelo, la Generalitat debería contribuir por los servicios que gestiona el Estado, lo cual es comparable al sistema de cupo aplicado en el País Vasco y Navarra. Además, tendría que hacer otra contribución para garantizar que los servicios autonómicos ofrecidos a los ciudadanos alcancen estándares similares, siempre y cuando se mantenga un esfuerzo fiscal comparable. Sin embargo, la capacidad de solidaridad estará restringida, según el pacto entre PSC y ERC, por el «principio de ordinalidad».
Montero ha afirmado que el Gobierno no ha dado su aprobación a un concierto para la región. Se trata de una «perspectiva renovada», ha reiterado, añadiendo que lo único programado es la transferencia del 100% del IRPF.
La vicepresidenta aún no ha entrado en pormenores sobre el tema. Sin embargo, ha señalado que el único aspecto fijado en el pacto con los republicanos es la transferencia total del IRPF, la cual deberá ser acordada en 2025 para que se implementen las medidas en 2026. A partir de ese momento, el objetivo es incrementar gradualmente las cesiones de otros impuestos en los años venideros. En el Ministerio de Hacienda ya han indicado que avanzar en esto durante la presente legislatura será complicado, no solo por la complejidad técnica del proceso, sino también porque la Agencia Tributaria de Cataluña aún no cuenta con los recursos necesarios para gestionar por completo los impuestos estatales.
En cuanto a los detalles, son escasos hasta el momento.
Sánchez ha tenido cuatro días de encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos. Queda pendiente la reunión con los líderes de Castilla y León, Baleares, Extremadura, Madrid y Cataluña, así como con los representantes de Ceuta y Melilla. Durante estas reuniones, el presidente tampoco ha abordado aspectos específicos. Lo que sí ha enfatizado es que la discusión tendrá un carácter multilateral, con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, encabezado por Montero, como el marco de referencia. Esto no impide que se respeten las conversaciones bilaterales, ya contempladas en varios estatutos autonómicos. Además, ha comentado que con el nuevo modelo nadie se verá perjudicado, dado que el Estado aportará más recursos, lo que implica que habrá más fondos disponibles, aunque todavía no se han proporcionado cifras concretas.
El presidente ha asegurado que se llevará a cabo una negociación en conjunto y que nadie saldrá perdiendo con el nuevo esquema, al comprometer recursos adicionales.
El presidente manifestó ante el comité el 7 de septiembre su disposición a realizar «nuevas transferencias de competencias, reconocer particularidades y permitir que las comunidades autónomas que lo deseen puedan recaudar y gestionar más impuestos, lo cual se alinea con nuestro Estado federal que denominamos autonómico». Además, subrayó que el modelo del PSOE se diferencia notablemente del del PP, que está orientado a beneficiar a «los sectores más favorecidos». En contraste, enfatizó que la posición socialista aboga por que «la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones son derechos que no se deben negociar».
Por su parte, Montero ha solicitado en sus intervenciones en el Senado y el Congreso entender que la reforma del sistema de financiación autonómica debe verse con una «perspectiva renovada», aunque no ha desarrollado su argumento en profundidad. Es probable que este tema se discuta en la próxima Conferencia de Presidentes que se llevará a cabo en diciembre, aún sin fecha definida, en Cantabria. Las comunidades autónomas bajo el gobierno del PP han exigido este debate, siendo mayoría, lo que indica que sin su participación no se podrá establecer el orden del día, el cual se definirá en la reunión del comité preparatorio programada para el 28 de octubre.
El Gobierno se enfrenta no solo al rechazo rotundo de las comunidades del PP hacia cualquier forma de «financiación singular» para Cataluña, sino también a incertidumbres entre sus aliados, como algunos miembros de Sumar, caso de Chunta o Compromís, y a la negativa de Junts, que ve el acuerdo entre PSC y ERC como inadecuado. En resumen, en este momento no hay apoyo suficiente en el Congreso para llevar a cabo una reforma del modelo, que ha quedado obsoleto desde 2014. Sin contar con el PP y considerando que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) necesita una mayoría absoluta de 176 votos para su modificación, el Gobierno requerirá el apoyo total de sus socios de investidura para lograr avanzar en este asunto. Esto incluye incluso el respaldo del exministro José Luis Ábalos, quien se encuentra a punto de ser imputado por el caso Koldo. Es esencial que se repita la situación de hace un año, cuando Sánchez fue elegido con 179 votos a favor y 171 en contra, provenientes del PP, Vox y UPN.
Dentro del partido, se espera que se elabore un documento de carácter general que consiga satisfacer a todas las federaciones sin entrar en conflicto con el PSC. Aunque en Ferraz no se ofrecen detalles, admiten que lo que se planteará «no será la LOFCA».
Antes de abordar el conflicto externo, la vicepresidenta deberá primero construir un acuerdo interno dentro del PSOE. Esto implica conciliar las perspectivas del PSC y las agrupaciones del área mediterránea y Galicia, que son más favorables al pacto con ERC, con las posturas de las regiones del interior. Las opiniones más inflexibles provienen de Castilla-La Mancha y Aragón, bajo el liderazgo de Emiliano García-Page y Javier Lambán. Sin embargo, también han expresado sus inquietudes Asturias, liderada por Adrián Barbón, así como Castilla y León (Luis Tudanca), Extremadura (Miguel Ángel Gallardo) y Madrid (Juan Lobato). La controversia sobre cómo llevar a cabo la reforma del sistema afecta, evidentemente, al PP, dado que no se trata de un conflicto entre dos partidos, sino que se relaciona más con las exigencias y características propias de cada comunidad. Sin embargo, Montero tiene por delante, antes de iniciar la negociación sobre la financiación de las CCAA, la necesidad de aprobar la senda de estabilidad y los Presupuestos de 2025, dos elementos esenciales que brindarán estabilidad a la legislatura. Y ambos aspectos, en gran medida, dependen de Junts.
El comité organizador subraya que la ponencia se presenta como un documento de carácter político, orientado estratégicamente. «No se tratará de la LOFCA, eso es seguro», aclaran. No se propondrá, ni de cerca, un análisis del contenido de la reforma. Ferraz debe actuar con cautela. Su desafío consiste en unificar una postura dentro del PSOE, donde todas las federaciones y el PSC puedan verse representados y cómodos. La incógnita radica en si logrará resolver rápidamente una controversia que ha tensado intensamente la estructura del partido, algo inédito en el actual mandato de Sánchez. La capacidad de la dirección y la disposición de los líderes territoriales determinarán si la discusión sobre la financiación autonómica se maneja sin grandes obstáculos o si, por el contrario, dominará las conversaciones del 41º Congreso de Sevilla.
