La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado realizando un arduo trabajo durante el último año. Las investigaciones contra la corrupción han demandado un esfuerzo considerable, especialmente en lo que respecta al análisis de dispositivos electrónicos. Sin embargo, no han estado solas, ya que han contado con el apoyo de Europol.
De acuerdo con información proporcionada a El Independiente, la agencia policial europea colaboró en la extracción de datos y la desencriptación de móviles, ordenadores, tablets y correos electrónicos. Este apoyo se centró en tres casos específicos: la operación Delorme, que investiga el cobro de comisiones en contratos de salud durante la pandemia; el caso Brodie, vinculado con la gestión de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); y la operación Guanxi, enfocada en el lavado de dinero en el polígono de Cobo Calleja en Madrid.
Estas tres investigaciones se desarrollaron en un corto período. El 20 de febrero fue arrestado Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, junto a Víctor de Aldama, involucrado en diversas tramas, y otras 19 personas. A mediados de marzo se realizaron los arrestos en Cobo Calleja, donde cayeron 13 individuos de nacionalidad china, ucraniana y española, quienes estaban blanqueando tres millones de euros semanalmente. Finalmente, el 20 de marzo se llevaron a cabo registros en la RFEF, lo que resultó en más detenciones.
Una fuente policial señaló que la cantidad de dispositivos confiscados ha sido «enorme». El volumen de las operaciones motivó que en abril se solicitara la asistencia de Europol, mediante un comunicado dirigido al juez de la Audiencia Nacional. Hasta ese momento, en el caso de Koldo, habían logrado extraer información de alrededor de 70 de los más de 170 soportes digitales, a los cuales se sumaron correos electrónicos y elementos de las otras investigaciones.
«Queda mucho trabajo por hacer».
El apoyo que recibieron fue limitado al volcado de información. El análisis detallado y la selección de datos correspondió exclusivamente a los agentes de la UCO, sin que los policías europeos pudieran supervisar, controlar o colaborar en esa tarea. Estos últimos se encargaron de asistir en el proceso de vaciado de los dispositivos.
En el informe más reciente de la Guardia Civil, que complica la situación del exministro José Luis Ábalos, se menciona que los agentes tienen bajo su resguardo más de 170 dispositivos digitales relacionados únicamente con el caso Koldo. Sin embargo, se indica que aún queda mucho por investigar, según fuentes informadas.
La posibilidad de imputar al antiguo secretario de organización del PSOE sigue siendo incierta. En tal caso, será necesario que los agentes accedan a sus teléfonos, laptops o tabletas. Este proceso requerirá un enfoque meticuloso, dado que podrían hallar «materias reservadas» o asuntos que comprometan la seguridad nacional y las deliberaciones del Consejo de Ministros, considerando los roles que ha desempeñado Ábalos.
Informes «filtrados»
Esta situación ya ha sucedido anteriormente. En el caso del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, la UCO tuvo que eliminar gran parte de los audios que grabó de sus conversaciones con superiores tras las primeras detenciones. En dichas grabaciones se indica que el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, actuaba como informante para el Servicio de Información, al que Villalba pertenecía antes de ser asignado a la embajada de Venezuela. Los investigadores se han visto obligados a eliminar información sensible, incluyendo nombres y operaciones, para prevenir filtraciones.
La unidad especializada del cuerpo armado se enfrenta a un arduo trabajo. Especialmente en relación con «los mensajes de la Federación», destacan. En el caso que está siendo examinado por un tribunal de Majadahonda (Madrid), aún restan por descubrir las comunicaciones internas entre los implicados. Un complejo entramado de correos electrónicos que la UCO está analizando metódicamente para elaborar la narrativa sobre cómo se formó la red de empresas que, supuestamente, utilizó el esquema para desviar fondos de ciertos contratos. La Guardia Civil tiene especial interés en los relacionados con el estadio de La Cartuja en Sevilla.
