Este lunes, el gobierno de Salvador Illa ha informado sobre la constitución de un grupo de expertos encargado de elaborar la nueva propuesta de financiación para Cataluña, de acuerdo con lo acordado con ERC para conseguir su respaldo en la investidura.
El objetivo es establecer un nuevo ‘cupo catalán’ que permita a la Generalitat gestionar todos los impuestos recaudados en la región y luego transferir al Estado dos contribuciones: una por los servicios de la Administración General y otra por solidaridad interterritorial.
Este movimiento por parte de Illa es un avance necesario para comenzar las conversaciones sobre el presupuesto catalán para 2025, donde los socialistas necesitan el apoyo de ERC y los comunes. Josep Maria Jové, líder de ERC en el Parlament, alertó durante el último pleno que no se iniciarán las negociaciones a menos que su partido vea avances en la modernización del sistema de financiación. En respuesta, Illa se comprometió a cuadruplicar la estructura de la Agencia Tributaria de Cataluña para manejar la recaudación del IRPF en 2026, como se estipula en el acuerdo de investidura.
La creación de este grupo de expertos representa el segundo paso del gobierno en este ámbito. Entre los miembros destacados se encuentran Martí Carnicer, presidente del grupo y actual número dos de la Consejería de Economía durante el tripartito que estableció el modelo de financiación vigente, y Marta Espasa, quien fue secretaria de Hacienda en los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès. Además, el equipo incluye al exconsejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, así como a los economistas Maite Vilalta, Alex Esteller, Joan Ramon Rovira y Jesús Ruíz-Huerta.
La consejera de Economía, Alicia Romero, ha informado este lunes sobre el inicio del «Programa para diseñar e implementar el nuevo modelo de financiación de la Generalitat», dirigido por Carnicer. Según Romero, el propósito del equipo de especialistas es «precisar el acuerdo con ERC y estructurar la arquitectura del futuro modelo de financiación singular, en colaboración con el Departamento de Economía».
Uno de los focos del grupo será establecer la contribución catalana para los gastos estatales, mediante un porcentaje correspondiente a los tributos que la Generalitat recaudará en este nuevo sistema. También se determinará la cuota de solidaridad interterritorial, acordada por socialistas y republicanos. Posteriormente, la Generalitat tendrá que negociar esta propuesta con el Gobierno, conforme al modelo pactado.
Asimismo, los expertos presentarán cómo se realizará la transferencia de competencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que actualmente depende del Ministerio de Hacienda, a la agencia catalana. Illa ha prometido «redimensionar» esta última para que cuente con la «capacidad necesaria». En el momento actual, la Agencia Tributaria catalana cuenta con 852 empleados, en comparación con los 4.000 funcionarios estatales que actúan en Cataluña, y su presupuesto asciende a más de 92,4 millones de euros. Para que la agencia catalana tenga los recursos humanos adecuados, será necesario aumentar su plantilla hasta alcanzar aproximadamente los 3.500 trabajadores.