El Tribunal Constitucional está a punto de desestimar la recusación presentada por el PP para separar a la magistrada Laura Díez, quien anteriormente laboró en La Moncloa, de los recursos relacionados con la amnistía planteados por dicha formación, según informan fuentes del propio tribunal.
Las deliberaciones iniciarán el martes y se sumará el presidente Cándido Conde-Pumpido, una vez se resuelva su propia recusación. El magistrado progresista Ramón Sáez es responsable de elaborar el documento que se discutirá en la sesión plenaria que comenzará en la mañana, y fuentes del sector conservador indican que no habrá discrepancias entre ambos lados, ya que no consideran que exista un motivo suficiente para que Díez se aparte.
El PP argumenta que su labor con el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es un factor relevante. No obstante, según las mismas fuentes, hay precedentes en el tribunal que establecen que un magistrado no puede ser considerado parcial solo por su historial laboral. Por otro lado, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien también forma parte del tribunal, decidió excusarse por haber dejado constancia de su opinión clara en contra de la amnistía, a la que considera inconstitucional. Tanto él como sus colegas opinaron que su ausencia era necesaria en la discusión sobre la impugnación de la amnistía. Sin embargo, el caso de Díez es diferente, pues nunca se pronunció sobre la norma de perdón durante su tiempo junto a Bolaños.
Todavía está pendiente de resolución los incidentes de recusación que han presentado varias administraciones, como la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Extremadura y el Gobierno de las Islas Baleares, en contra de Conde-Pumpido. Se espera que se aplique la doctrina establecida hace dos semanas, que no excluye al presidente. Una vez que se tomen decisiones al respecto, él participará en la deliberación del caso de Díez. Esta situación ha generado malestar entre ciertos miembros del Tribunal Constitucional, quienes opinar que se ha formado un tribunal específico en vez de excluir de manera general a todos los recusados, lo que permitiría tratar las recusaciones simultáneamente. Al abordar cada recusación de forma individual, algunos magistrados pueden seguir sumándose a los debates, lo cual favorece a la parte progresista. En este contexto, se anticipa que en la próxima sesión plenaria se discutirá la recusación del magistrado José María Macías, quien se unió recientemente. Se sospecha que los progresistas respaldarán su recusación, dado que anteriormente emitió una opinión sobre la inconstitucionalidad de la amnistía durante su tiempo en el CGPJ. Según los Servicios Jurídicos del Gobierno y la Fiscalía, que también ha presentado documentación en relación a otros recursos, Macías ya ha proporcionado una interpretación legal de la ley, lo que podría comprometer la imparcialidad del Tribunal si llegara a participar en el fallo.