La contienda continúa sin signos de detenerse. Este lunes, Isabel Díaz Ayuso anunció que no asistirá a la reunión programada con Pedro Sánchez en La Moncloa, prevista para el viernes 25 de octubre. Esta decisión es insólita, ya que hasta ahora no se había visto una acción similar de ninguno de los otros 10 presidentes autonómicos del PP.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar, calificando la ausencia de Ayuso de «extremadamente grave» y señalando que su actitud simboliza una «mala praxis política», indicando que ella es la que está dificultando el diálogo. Además, hubo una crítica dirigida a Alberto Núñez Feijóo, quien no ha logrado establecer su autoridad en el partido, recordando que él mismo había mencionado anteriormente que era «responsabilidad» de los líderes regionales comunicarse con el presidente y que sería un «error» ignorar su solicitud.
La Moncloa recordó una entrevista con Feijóo publicada por El Mundo el 8 de septiembre, poco después de que Sánchez se comprometiera a iniciar un diálogo con todos los presidentes autonómicos, justo en el momento en que las nuevas administraciones se estaban constituyendo, siendo las de Cataluña, Euskadi y Galicia las últimas en formarse. Ayuso había advertido a sus colegas que no debían reunirse con el líder del PSOE, pero su consejo no fue seguido. La estrategia consensuada por el PP y sus líderes regionales era evitar tratar temas de financiación autonómica y deuda con Sánchez, argumentando que eso requería un enfoque multilateral, aunque no hubo resistencia a dialogar con él. Durante las cuatro jornadas de reuniones, esa ha sido la tendencia general: no se hablaría de financiación ni de deuda, pero todos aprovecharon la oportunidad para plantear las inquietudes de sus respectivas comunidades.
Feijóo destacó en una entrevista con ‘El Mundo’ que Ayuso debe ser consciente de su deber de proteger los intereses de los habitantes de Madrid y de adoptar un enfoque de política estatal. Según la Moncloa, recordó que había asistido a todas las reuniones pertinentes con líderes como Zapatero, Rajoy y Sánchez, enfatizando que un presidente autonómico no tiene la prerrogativa de elegir al presidente del Gobierno. En su opinión, no hay motivos para preocuparse al respecto, ya que considera un error que un presidente regional eluda el Palacio de la Moncloa. «Ayuso debería presentarse para discutir temas relevantes de Madrid», añadió Feijóo, señalando problemas como el estado de las Cercanías y la inmigración. «Estoy convencido de que la presidenta es plenamente consciente de su rol en la defensa de los madrileños y ha actuado de esa manera siempre», concluyó.
Ayuso comunicó, en un mensaje enviado minutos antes de las 9 de la mañana [aquí en PDF], que no asistiría a la reunión en la Moncloa, señalando que se realiza «dentro de un conjunto de encuentros que siguen a las negociaciones sobre la ruptura de la Hacienda común», en referencia al pacto entre PSC y ERC, el cual considera «peligroso para el Estado de derecho, la cohesión de España y la solidaridad interregional». También mencionó que «menos de 24 horas antes» de la citada reunión, Sánchez había «difamado a la presidenta durante su visita oficial a Bruselas», con acusaciones de gran gravedad. Aludía a que el presidente del Gobierno, al respaldar al fiscal general del Estado, cuyas acciones están siendo investigadas por el Supremo, afirmó que actuó adecuadamente al «perseguir al delincuente», refiriéndose a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y aludió a la tarea de «combatir la desinformación y un rumor» generado por el director de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien había hecho creer que la Fiscalía era la que propuso el pacto, cuando en realidad fue en sentido opuesto.
Además, Sánchez insinuó que la baronesa madrileña «podría haberse beneficiado» de las actividades ilícitas de su pareja, un «delincuente confeso». La presidenta autonómica criticó que los ministros habían recibido instrucciones de «reiterar» esas afirmaciones en una «campaña inaceptable, impropia de un Gobierno contra una administración inferior», una situación sin precedentes. «El deterioro institucional que sufre España no debe ser ignorado», resaltaba el comunicado.
«Epicentro del fango y la corrupción»
El primer en reaccionar a las declaraciones de Ayuso fue Óscar López, quien ocupa el cargo de responsable de Transformación Digital y Función Pública, y lo hizo en TVE. López calificó la situación como «extremadamente grave», considerándola «la peor política», según EFE. Además, el ministro la acusó de hacer de la confrontación y el conflicto su estrategia habitual. Esto se debe a que no ha podido justificar su gestión en la Comunidad de Madrid, así como los 7.291 fallecimientos en las residencias durante el momento más crítico de la pandemia. «Ha convertido a la Comunidad de Madrid en el núcleo de la corrupción y el escándalo. Siempre aumenta la apuesta y ni siquiera ahora mantiene un respetable comportamiento institucional», subrayó.
Dentro del Gobierno se considera que la decisión de Ayuso de no asistir a la reunión es una «irresponsabilidad y un abandono de sus deberes», ya que las «necesidades» de los habitantes de Madrid «deben ser atendidas».
Alrededor de las 10.30 horas, fuentes de la Moncloa aclararon que Ayuso había rechazado cualquier cambio de fecha para el encuentro, insistiendo en que solo aceptaría que se llevara a cabo este viernes, que era cuando le correspondía por el protocolo. El Ejecutivo recordó que ella es la «única autoridad autonómica» que ha decidido no participar en una serie de reuniones que se desarrollan con normalidad institucional, en las cuales se discuten «numerosos temas de gran relevancia para la ciudadanía».
El Presidente afirma su confianza en el «funcionamiento adecuado de las instituciones» y en la «cooperación entre todas las entidades administrativas», priorizando esto sobre las «discrepancias políticas». Según él, es fundamental reunirse y discutir para resolver las diferencias «de forma respetuosa», ya que esto es un «pilar esencial de nuestra democracia». Asegura que «no involucrarse es una falta de responsabilidad y un abandono de tareas», ya que los ciudadanos de Madrid «tienen derecho a que se escuchen sus necesidades». Temas como la vivienda, los servicios públicos y la calidad de las infraestructuras requieren una «buena comunicación» entre las dos administraciones. «Más allá de quienes ocupan puestos, están las instituciones que representan. No beneficia a los madrileños que su Gobierno se mantenga al margen de la conversación que el Gobierno de España sostiene con las otras comunidades autónomas».
El Gobierno refuta las dos «justificaciones que no concuerdan con la realidad» presentadas por Ayuso, las cuales además son «inconsistentes entre sí». Sobre el argumento de que la reunión se enmarca dentro de la discusión sobre el modelo de financiación autonómica, la Moncloa enfatiza que «no es aceptable» utilizar «desavenencias» en este ámbito para «alterar la normalidad institucional» que implica que los líderes autonómicos se reúnan con Sánchez para abordar «temas de interés para las reuniones». El Ejecutivo señala que ya se han llevado a cabo 12 encuentros: siete con presidentes del PP de diversas regiones —Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunitat Valenciana y Aragón—, junto a tres con socialistas (Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra) y dos con nacionalistas (Euskadi y Canarias). En todas estas ocasiones no existía «un programa definido». «Son oportunidades para discutir y compartir las inquietudes de la ciudadanía, buscando soluciones conjuntas entre todas las administraciones», manifiestan, omitiendo referencias a la «financiación singular» de Cataluña, el famoso concierto económico, que desde Hacienda se desmiente.
La Moncloa sostiene que en estas reuniones no se maneja «un programa definido» y que Sánchez «no ha calumniado a nadie», simplemente hizo mención a los delitos fiscales que la pareja de Ayuso ha admitido haber cometido.
En relación a las «acusaciones» que el presidente ha mencionado, desde la Moncloa se enfatiza que este «no ha injuriado a nadie, sino que ha rememorado los delitos fiscales reconocidos por su pareja, delitos que dicha persona ha admitido» para así evitar su ingreso en prisión. Además, el equipo del presidente recopiló una serie de descalificaciones que Ayuso ha dirigido hacia él, tales como «hijo de puta», «caradura», «socio de ETA», «caudillo bolivariano», «autoritario», «corrupto», «violento», «mafioso», «estalinista», «matón», «tirano», «inhumano» y «llorona».
El Ejecutivo concluye que Ayuso, al decidir no reunirse con Sánchez, perjudica a los ciudadanos de Madrid, ya que sus inquietudes y problemas quedan relegados ante la única prioridad de su agenda política, que es la «confrontación sistemática y continua» con el Gobierno central. «Es interesante la manera en que pretende abordar el deterioro institucional que, según ella, le preocupa», se finaliza el comunicado emitido desde la Moncloa.
Ya se han confirmado las siguientes reuniones: este viernes se llevará a cabo el encuentro con Baleares y Extremadura, y el 22 de noviembre con líderes de Cataluña, Castilla y León, Ceuta y Melilla.
Aún quedan seis encuentros programados con los presidentes de Baleares y Extremadura —quienes serán representadas por sus respectivas baronesas, Marga Prohens y María Guardiola, este próximo viernes, 25 de octubre—, así como con los de Cataluña, Castilla y León, Ceuta y Melilla, el 22 de noviembre, según la información proporcionada por la Moncloa el lunes por la tarde. Se pretende que se lleven a cabo un total de 18 reuniones, salvo que surjan más ausencias. No obstante, será evidente que esta ronda estará marcada por la negativa contundente de Ayuso.
