Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, es un destacado investigador en el Instituto de Análisis Económico del CSIC y asumió el cargo de director ejecutivo de Fedea. Es una figura clave en el debate sobre las finanzas autonómicas en España.
Tras residir 22 años en Cataluña, se mudó a Madrid en 2014. Ha manifestado críticas hacia el procés y siempre ha puesto en tela de juicio los cálculos del denominado «déficit fiscal» de Cataluña, señalando que esta comunidad está en la media con respecto a la financiación que reciben otras comunidades del régimen común.
Recientemente, De la Fuente ha sido uno de los académicos que han expresado sus dudas sobre el acuerdo de financiación entre ERC y el Gobierno para Cataluña. Advierte que, si este modelo se generaliza para las demás comunidades del régimen común, podría afectar la financiación del Estado en su conjunto.
Cuando se le pregunta sobre la reclamación compartida por la Generalitat de Cataluña y la de Valencia sobre la infrafinanciación de algunas comunidades, especialmente las del arco mediterráneo, que incluye a Baleares y Murcia, De la Fuente responde que está de acuerdo solo en parte. Aclara que, de acuerdo con sus estimaciones, Murcia y Valencia son las comunidades con menor financiación per cápita ajustada, mientras que Cataluña se sitúa en la media y Baleares se encuentra entre las mejor financiadas del régimen común.
En cuanto a la divulgación de las balanzas fiscales, De la Fuente es favorable a que el Gobierno las publique regularmente, así como los datos que sustentan estos cálculos para permitir su supervisión. Finally, acredita que los problemas del actual sistema son inherentes al diseño de financiación vigente desde 2009, no simplemente el resultado de un modelo que haya caducado.
P.- Uno de los puntos que presenta la propuesta inicial de Esquerra es que el Estado se queda con más recursos de lo que le correspondía, considerando que son las comunidades autónomas las que deben hacerse cargo de los servicios más onerosos, como la Sanidad y la Educación. Propone también que se revise el «reparto vertical» de recursos entre el Estado y las autonomías, en lugar de enfocarse en el «reparto horizontal» entre comunidades. ¿Está de acuerdo con este enfoque?
R.- No. El Estado también ejercita funciones importantes que requieren inversiones significativas, como el financiamiento de las pensiones y las prestaciones no contributivas. No parece evidente que haya un desequilibrio en su beneficio. A mi juicio, lo que corresponde es proporcionar a todas las administraciones las herramientas fiscales adecuadas para que puedan recaudar los recursos necesarios para cubrir sus servicios, siempre rindiendo cuentas a sus ciudadanos y no simplemente esperando que el Estado les otorgue fondos, pues eso podría generar una demanda constante de más recursos.
P.- El pacto entre socialistas y ERC plantea un nuevo sistema de financiación donde la Generalitat «recaude, gestione y liquide» todos los impuestos que se generen en Cataluña. El Gobierno ha afirmado que lo acordado con Cataluña podrá aplicarse a cualquier otra comunidad que lo solicite. ¿Cree que sería factible aplicar este modelo en todas las comunidades del régimen común?
R.- Quizás sea factible en el sentido de que el país no colapsaría por ello, pero sería una muy mala decisión. Se comprometería tanto la eficiencia como la eficacia en la recaudación y podríamos dejar al Estado sin recursos propios, reduciendo su autonomía, lo cual también le es necesario. Esta dirección podría llevarnos hacia un sistema confederal que resultaría en un estado menos funcional y con probablemente mayores desigualdades que el que actualmente poseemos.
P.- Tanto el PSC como ERC subrayan que, a diferencia de lo que ocurre con las comunidades forales, el acuerdo establece dos transferencias al Estado: una como compensación por los servicios que brinda en Cataluña y otra por motivo de solidaridad interterritorial. ¿Podría esta cuota ayudar a evitar el desajuste en el sistema de financiación que critican sus detractores?
R.- Las transferencias de las comunidades forales deberían incluir un elemento de solidaridad, ya que la nivelación interterritorial es una competencia estatal que no se ha delegado a las administraciones forales. Sin embargo, en la práctica, esta aportación suele ser bastante reducida. Sospecho que algo similar ocurriría, al menos a medio y largo plazo, con la cuota de solidaridad de Cataluña. Aquellos que negocian con el presupuesto en la mano y sin un profundo aprecio por el conjunto del Estado tienden a ofrecer lo mínimo.
P.- Los partidos en Cataluña piden que esta solidaridad se limite por el principio de ordinalidad. Esto significa que, después de repartir los recursos destinados al equilibrio territorial, la cantidad de fondos per cápita para las comunidades más ricas no debe ser inferior a la de las más desfavorecidas. ¿Existe un concepto parecido en otros sistemas federales, como el de Alemania?
R.- Si se articula de manera clara, el respeto a la ordinalidad es una condición más que razonable. Un sistema de nivelación bien diseñado debería cumplir naturalmente con este principio sin requerir otro tipo de esfuerzos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Canadá. En el caso español, se da el incumplimiento debido a la existencia de fondos que actúan como una suerte de lotería. En Alemania, se incumple de manera leve, y esto se debe a que se incluyen ayudas para el desarrollo regional dentro de su sistema de financiación, mientras que en España esas ayudas seguirían otro camino, ajeno al sistema.
Uno de los mayores riesgos radica en la posibilidad de ceder autoridad normativa sobre el impuesto de sociedades, lo que podría dar inicio a una competencia dañina por reducir impuestos y captar empresas en diferentes regiones.
P.- El pacto también contempla un cierto grado de autonomía legislativa para la Generalitat en el ámbito fiscal, similar a lo que ocurre con los impuestos que ya han sido transferidos. ¿Significa esto un quiebre en la equidad del mercado, como han señalado desde el PSOE en relación a Madrid?
R.- Efectivamente, esa autonomía ya está presente y no tiene por qué comprometer la cohesión del mercado. Sin embargo, el verdadero riesgo podría surgir si se otorgan más poderes normativos en Sociedades, resultando en una carrera de reducciones fiscales para atraer empresas que podría convertirse en un problema significativo.
