La trama de irregularidades que los tribunales están formando en torno al Gobierno se está expandiendo de tal manera que está dificultando el normal desempeño del presidente Pedro Sánchez. Las aclaraciones proporcionadas acerca del supuesto tráfico de influencias por parte de su esposa, Begoña Gómez, y la participación del exministro José Luis Ábalos en el ‘caso Koldo’ han sido escasas o, incluso, inexistentes, lo que empieza a interferir en prácticamente todas las comparecencias públicas de los integrantes del Gobierno.
Según diversas fuentes judiciales, se anticipa que los siguientes meses no serán mucho más favorables, ya que se prevé que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea llamado a declarar como investigado, además de la posible imputación del exsecretario de organización del PSOE, entre otros asuntos que podrían eclipsar cualquier maniobra política alternativa.
En relación a las últimas noticias, esta semana, el foco de atención se ha centrado en el fiscal general. Su figura, ya criticada por la oposición, a quien se le considera un apéndice de la exministra de Justicia Dolores Delgado, se ha visto aún más comprometida tras la imputación de García Ortiz por parte del Tribunal Supremo, lo que ha llevado al PP a arremeter contra él con fuerza. Desde Alberto Núñez Feijóo hasta dos de las tres asociaciones de fiscales han exigido su dimisión, así como una parte significativa de la cúpula de la Fiscalía. Pese a la presión, él ha decidido mantenerse firme, mientras que el Gobierno se ha unido para proteger su continuidad.
Se observará cómo responderá García Ortiz ante la presión que seguramente continuará recayendo sobre él para que se aleje del cargo, al ser considerado por la Sala de lo Penal del tribunal supremo como sospechoso de haber divulgado correos privados vinculados con el caso de fraude fiscal abierto contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es prácticamente un hecho que el juez instructor, Ángel Luis Hurtado, quien anteriormente se opuso a que Mariano Rajoy declarara en el juicio de la ‘Gürtel’, le llamará para que comparezca como investigado. Esta situación podría impactar profundamente en el ámbito político.
La atención se centra en si la Abogacía del Estado brindará su defensa al fiscal jefe o si optará por contratar un abogado privado, tal como hizo en un recurso que está a la espera de resolución sobre la validez de su nombramiento. La Sala Tercera del mismo tribunal tiene pendiente un recurso relacionado con la elección del fiscal general del Estado, tras ser considerado «inidóneo» por el Poder Judicial. Un fallo en contra podría significar su regreso a su antiguo cargo como fiscal en el Supremo, mientras que una resolución negativa en la Sala de lo Penal podría acarrear consecuencias que van desde la prisión hasta la pérdida de su capacidad para ejercer.
Más allá de su declaración, hay quienes en la investigación respecto a Alberto Gonzalez Amador, la pareja de Ayuso, sugieren que el juez podría solicitar a Google o al Ministerio de Justicia los correos del fiscal para aclarar si él fue el responsable de la filtración de información sensible. Este tipo de acción ha sido calificada por algunas fuentes del ámbito fiscal como un «precedente extremadamente peligroso» si llegara a llevarse a cabo.
En las próximas semanas, la Sala de lo Penal será la encargada de tratar el ‘caso Koldo’. Ismael Moreno, juez del Juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, está preparado para presentar una exposición razonada con el fin de solicitar la imputación del exministro de Transportes, quien posee aforamiento en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que «es complicado comprender la operativa [de corrupción de mascarillas] sin la participación de Ábalos» y respalda su citación. Se prevé que este proceso se extienda por varias semanas, durante las cuales el Gobierno observará cómo el juez Moreno se dirige al Tribunal Supremo, y este, a su vez, al Congreso, donde finalmente se aceptará el suplicatorio, lo que obligará al exministro socialista a comparecer como imputado.
Por otro lado, Víctor de Aldama, un empresario fundamental en esta trama, permanece encarcelado. Ha sido vinculado a un segundo escándalo de corrupción relacionado con un fraude en el sector de hidrocarburos, que ha perjudicado al fisco en más de 180 millones de euros. En Génova, algunos especulan con la posibilidad de que Aldama, quien contaba con acceso privilegiado al ministerio que maneja el mayor presupuesto del Gobierno, pueda revelar información comprometida. De momento, se tienen que conformar con el testimonio anónimo de un supuesto empleado de Aldama, quien afirma haber llevado maletas con dinero a Ferraz, la sede del PSOE, como parte del pago de comisiones.
Con esos elementos se ha formulado la denuncia ante la Audiencia Nacional, la cual la Fiscalía Anticorrupción ha sugerido desestimar. El partido encabezado por Alberto Núñez-Feijóo sospecha que podría haber un delito relacionado con financiación irregular en esa narrativa y lo ha puesto en conocimiento del mismo juez que ha encarcelado a Aldama, con el fin de comprobar si existe algún vínculo entre los eventos. Este juez, Santiago Pedraz, debe hacer su pronunciamiento en los próximos días. Si abre la causa, esto sería un golpe significativo para el Partido Socialista, aunque diversas fuentes del ámbito judicial consideran que es difícil que esto ocurra a menos que surjan más pruebas.
El punto vulnerable del presidente sigue siendo la indagatoria que afecta a su esposa desde la mitad del año. El conocido como ‘caso Begoña Gómez’ ha experimentado unas semanas de calma relativa, después de que el juez Juan Carlos Peinado tomara medidas importantes entre junio y julio, como la declaración de la implicada, la comparecencia del propio presidente del Gobierno y la imputación tanto del rector de la Universidad Complutense como del empresario Juan Carlos Barrabés. Se espera que en próximas semanas haya un avance en este tema, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil todavía debe entregar un informe con el análisis del teléfono móvil y el ordenador de Barrabés, que será fundamental para clarificar la magnitud del presunto tráfico de influencias que ha vinculado al empresario con contratos públicos.
Las opciones de desvincular a Peinado de la causa se están estrechando. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el viernes pasado la denuncia presentada por Sánchez en su contra, argumentando que le obligó a comparecer de manera presencial en lugar de en formato escrito, como él alegaba tener derecho. Actualmente, solo está la alternativa de que se acepte la acusación interpuesta por Gómez, relacionada con presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos; sin embargo, esta no cuenta con el respaldo de la Fiscalía, a diferencia de la denuncia de Sánchez.
Además, el presidente enfrenta un segundo problema familiar vinculado a la justicia, ya que su hermano, David Sánchez, está bajo investigación en un juzgado de Badajoz por presunta evasión fiscal y por haber engañado al Ayuntamiento donde trabaja – con o sin la colaboración de funcionarios – para aparentar que ocupaba un puesto que en realidad no desempeñaba plenamente. Esta línea de investigación podría vincularse con la trama de Aldama, dado que este empresario realizó varias transferencias desde Elvas, el pueblo en Portugal donde reside el hermano del presidente.
La implicación de Aldama también se extiende al rescate de Air Europa y a la fallida visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, según informes de la Guardia Civil. Hasta ahora, esto solo ha sido documentado en un informe de la UCO, aunque los agentes han solicitado el inicio de una investigación adicional para esclarecer esta situación. Esta nueva indagación se sumaría a la amplia gama de casos que rodean al presidente y que están complicando el panorama político en los tribunales.
