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La confrontación entre Imaz y Galán se centra en la intersección de los negocios, el medio ambiente y la transición. Un juez será el encargado de tomar una decisión en este conflicto

En un mes, se presentarán ante el magistrado, aunque serán sus equipos legales los que asistan. Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, junto a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, no estarán presentes, pero prestarán atención al desarrollo del caso.

Desde hace nueve meses, ambos mantienen un intenso debate. Aunque la discusión es más retórica, gira en torno a modelos y estrategias en el sector energético. Este conflicto, sin precedentes, enfrenta a dos de las principales empresas del sector en España, y será un juez quien dirima la situación.

Desde que Iberdrola llevó su denuncia a los tribunales el 21 de febrero de este año, Imaz y Galán han intercambiado numerosos mensajes cargados de recriminaciones, algunas más sutiles que otras. Repsol ha respondido con energía a las alegaciones que Iberdrola ha planteado, y un juez en Santander tomará una decisión en unas pocas semanas.

Las personas cercanas a ellos comentan que la relación personal entre Imaz y Galán es cordial, aunque el vínculo profesional es tenso. El motivo de esta tensión radica en que la compañía vasca acusa a Repsol, dirigida por quien fuera presidente del PNV, de llevar a cabo una forma de «lavado verde» y de utilizar publicidad engañosa para atraer clientes. Esta acusación se fundamenta en que Repsol no es tan sostenible como sostiene en sus campañas publicitarias y que no prioriza las políticas medioambientales que proclama.

En los últimos meses, el intercambio de acusaciones entre las partes involucradas ha puesto de manifiesto un aspecto adicional a las denuncias formales: la competencia en el sector de la energía renovable y las divergencias en el camino hacia la transición energética. Ambas empresas parecen tener un mismo fin: disminuir las emisiones nocivas y transformar el sector energético hacia un modelo que sea sostenible para el medioambiente. Nos encontramos ante un enfrentamiento entre una compañía eléctrica y una petrolera, en el contexto de una necesaria reestructuración del mercado energético en nuestro país.

Iberdrola aboga por la electrificación como el principal camino para seguir las pautas que exige Europa en cuanto a la transición energética. Por otro lado, la petrolera, liderada por Imaz, defiende la relevancia de las refinerías y los combustibles, incluso aquellos en sus versiones más sostenibles, para lograr el objetivo común. Insiste en que el modelo económico actual, que aún depende de combustibles, no debe ser rechazado, y que solo a través de la inversión y la investigación se podrá avanzar rápidamente.

El sector eléctrico en España está copado por cuatro grandes empresas: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, que juntas aglutinan el 90% de los consumidores. En un ámbito donde Repsol ha penetrado con fuerza en los últimos cinco años, el año pasado fue la firma que más aumentó su base de clientes, alcanzando 2,1 millones y consolidándose como la cuarta compañía en términos de contratos. Imaz señala que este crecimiento vertiginoso ha generado «nerviosismo» en Iberdrola, lo que ha motivado la denuncia.

La empresa energética liderada por Sánchez Galán se posiciona como la principal comercializadora de electricidad, destacándose de manera notable con un total de 10,4 millones de usuarios y un 34% del mercado. Endesa es la única que se acerca, contando con 10 millones de clientes. Mientras tanto, Repsol y Naturgy tienen cifras similares, rondando los 2,6 millones de usuarios.

¿’Blanqueo’ y engaños?

Repsol ha manifestado su preocupación sobre lo que consideran “publicidad engañosa” y “competencia desleal”, ya que temen que la empresa petrolera cierre la brecha en los próximos años. El CEO ha comentado que Iberdrola no está acostumbrada a operar en un mercado competitivo, sino que más bien está habituada a entornos regulados que dependen de las decisiones del BOE. Según él, su objetivo es restringir la competencia y obstaculizar el crecimiento de nuevos actores como Repsol en el ámbito eléctrico.

La semana pasada, la Universidad Pontificia de Comillas otorgó a Sánchez Galán el título de doctor honoris causa, en reconocimiento a su formación en dicha institución. Durante este evento, subrayó la importancia de acelerar la electrificación como una estrategia clave frente a las energías más contaminantes, cuyo uso instó a reducir. Aunque no mencionó específicamente a Repsol, enfatizó la necesidad de alejarnos del “dogmatismo que critica ciertas soluciones energéticas” y también de aquellos que mantienen una postura “inmovilista” que, según él, demuestra que temen por un statu quo del cual han estado beneficiándose durante décadas.

Iberdrola afirma que su denuncia tiene como objetivo eliminar prácticas que podrían crear competencia desleal en la comercialización de electricidad, gas y combustibles renovables. La acusación se fundamenta en los artículos 5, 7 y 18 de la legislación sobre competencia desleal, que abordan los “actos engañosos, omisiones fraudulentas y publicidad ilícita” en sus campañas de comunicación y promoción. En su demanda, la compañía menciona hasta 15 actos de ‘greenwashing’ en su página web y tres campañas publicitarias donde, supuestamente, también se ha incurrido en este ‘blanqueamiento’ ambiental. Se refiere a campañas relacionadas con biocombustibles para la movilidad sostenible, el impulso del hidrógeno renovable y su oferta de conectividad energética, todas realizadas en el primer trimestre del año anterior.

En cuanto a su oferta multienergía, destaca que la utilización de combustibles renovables y limpios es una fracción muy reducida de su actividad. La producción de biocombustibles y combustibles sintéticos constituye solo una pequeña parte de su comercio, mientras que su negocio sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles que generan altos niveles de gases de efecto invernadero.

Por su parte, Repsol defiende que su proceso de transformación es gradual y necesario, añadiendo que no es viable eliminar completamente su actividad. Imaz llegó a preguntar a la ministra Ribera, quien lo acusó de “negacionismo y retardismo”, si apoyaría el cierre y despido de las refinerías que ocupan a 28,000 trabajadores. Su posición resalta que industrias de energía como la suya no son el problema, sino que forman parte de la solución, lo que implica una evolución de estas infraestructuras para minimizar progresivamente su huella de CO2.

Repsol ha estado promoviendo una metamorfosis durante años, enfocándose en iniciativas que favorezcan la producción de “multienergía”, donde los combustibles sostenibles y renovables, como el hidrógeno verde y el biometano, adquieran mayor relevancia. La empresa recalca que no se puede frenar la movilidad en una nación donde la electrificación aún no logra tener el impacto deseado ni ofrece opciones accesibles para toda la población: “Afirmar que la electrificación resolverá todos los problemas es un mensaje engañoso.”

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