Aún no tenemos claridad sobre la extensión y la totalidad de los sumarios. Actualmente se están analizando un total de quince delitos, relacionados con cuatro causas judiciales. Esta información fue proporcionada el pasado viernes por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, durante su encuentro en Berlín con Friedrich Merz, presidente de la CDU alemana.
Los reporteros le preguntaron acerca de la investigación que ha iniciado el Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, por la filtración de secretos y los supuestos actos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos. Feijóo había ofrecido una breve evaluación de la situación política en España a Merz.
Desde el inicio del caso conocido popularmente como ‘caso Koldo’, el PP había anticipado que había mucho más por descubrir, revelando un escándalo con múltiples conexiones. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmó esas previsiones, aunque desde la sede del PP advierten que existe más información que podría incluso implicar temas de seguridad nacional. La trama se ha complicado tanto que es difícil seguir el hilo de las investigaciones y las conclusiones que emite la Benemérita. Uno de los asuntos a investigar son las conexiones del implicado principal, Víctor de Aldama, con el régimen de Venezuela, especialmente con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país, y con varios adinerados de la nación, con quienes se encontraba en ocasiones en República Dominicana. Según la UCO, de esos individuos obtenía sobornos para José Luis Ábalos y Koldo García. Además, la justicia examina otro caso relacionado con un fraude millonario en la industria de hidrocarburos, en el que Venezuela podría desempeñar un papel relevante.
Una empresa perteneciente a esta red fue la que compró el chalet en La Línea (Cádiz) utilizado por Ábalos. Según la información que manejan desde la sede nacional en Génova, se señala que estas actividades podrían influir en temas relacionados con sectores esenciales, como el energético, o en las relaciones internacionales, impactando la seguridad nacional. Esto podría interconectar con los asuntos que lidian los Ministerios de Asuntos Exteriores e Interior, posiblemente involucrando a funcionarios de ambas entidades. En el informe de la UCO, existen secciones censuradas que se asocian con secretos oficiales. La trama ha sido convocada a la comisión de investigación del Senado, relacionada con la seguridad del Estado. Se encuentra bajo imputación el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, quien fue agente del servicio de información hasta que en 2023 fue trasladado a la embajada española en Venezuela. Además, ha emergido el nombre de Leonardo Marcos, ex director general del instituto armado, a quien se le culpa de advertir a Koldo García sobre la investigación judicial en curso. Marcos fue trasladado rápidamente a la embajada de España en Estados Unidos. Ambos, tanto Villalba como Marcos, deberán comparecer ante la comisión del Senado sobre el ‘caso Ábalos’ el próximo 28. El pasado viernes, El Independiente reveló que Villalba accedió a la base de datos del Ministerio del Interior para obtener información sobre un inspector de Hacienda, quien investigaba a De Aldama, incluso detalles sobre su vida amorosa. El principal partido de la oposición opina que podría haber más elementos considerados secretos por su relación con la seguridad del Estado, procedimiento común ante sospechas, y ahora, según informantes consultados, solo queda esperar a ver qué sucede.
Feijóo ha señalado desde Berlín que esto apenas comienza, lo que coloca al presidente del Gobierno en una situación irreversible. Aclaró que hay una doble forma de corrupción: las comisiones ilegales y la utilización de las instituciones, las cuales Sánchez solía criticar pero ahora emplea simultáneamente. Señaló que nos encontramos ante una circunstancia sin precedentes, tras su encuentro con Merz y representantes del sector empresarial alemán. El líder del Ejecutivo enfrenta serios problemas familiares y legales, con su esposa en un juzgado, su hermano en otro, un subordinado bajo investigación y el Fiscal General del Estado imputado, todos con distintas causas abiertas en los tribunales ordinarios, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los populares están buscando que se inicie una nueva investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE. La denuncia presentada ante la Audiencia se basa en el testimonio anónimo de un empresario que afirma haber entregado en mano bolsas de dinero en la sede central del partido en Ferraz, totalizando 90.000 euros. El PP y la justicia conocen la identidad del denunciante, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo del caso al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde el juez Pedraz investiga en secreto un fraude millonario relacionado con hidrocarburos, en el que aparecen varios nombres vinculados a la trama de las mascarillas.
En Génova son conscientes del riesgo que implica presentar una denuncia que podría ser rechazada, aunque sostienen que la verdad saldrá a la luz. Esto se debe a que el empresario involucrado era socio de Aldama en un esquema que defraudó al Estado en casi 200 millones de euros. Este empresario está dispuesto a declarar y ha manifestado temor tras el ataque a tiros al vehículo de uno de los implicados en la trama. Por su lado, los socialistas han señalado que, si su querella no es aceptada, procederán a interponer otra. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, respondió a esta advertencia con ironía, asegurando que el PP no teme a ninguna denuncia y que los esperan para presentar su caso en la Fiscalía, donde según ella tienen mayor influencia.
