El Gobierno ha ratificado la postura del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado la demanda presentada por el presidente, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado. Sin embargo, el Ejecutivo ha criticado nuevamente las bases jurídicas expuestas por el TSJM.
Se declara sorprendido por «ciertas afirmaciones inusuales e innecesarias en la justificación legal del fallo» y subraya que tanto la Presidencia como la Abogacía del Estado buscan «proteger el derecho que corresponde a la institución y evaluar si su violación podría ser un delito penal».
Este comentario surge a raíz de la decisión unánime del TSJM de rechazar la demanda de prevaricación contra Peinado, calificándola de «especulativa» y acusando a Sánchez de «intentar distorsionar» el concepto de prevaricación. Además, se critica el uso de la Abogacía del Estado para interponer acciones legales contra dicho juez. En el seno del Gobierno, se señala que la demanda ya indicaba el «verdadero objetivo» de citar a declarar al presidente, con la intención de convertir esa comparecencia en La Moncloa en «una herramienta para perjudicar políticamente al Ejecutivo mediante un proceso judicial».
Al mismo tiempo, se considera que esta sospecha «se ha confirmado», ya que el día en que el juez remitió las declaraciones a las acusaciones, estas fueron filtradas a diversos medios. Finalmente, el Gobierno expresa su deseo de que estos eventos generen «el debate social necesario» respecto a las implicaciones de la «estrategia de la extrema derecha», la cual se basa en el «envenenamiento de la convivencia» y el «acoso infundado a políticos de progreso y a sus familias». En última instancia, el Gobierno enfatiza que su deber es salvaguardar la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones.
