La Junta de fiscales de Sala se inició con un retraso de media hora. Este no era un momento sencillo para nadie, por lo que casi todos los presentes intentaron mostrar su apoyo y respeto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con quien muchos mantienen una relación estrecha y a quien describen como una persona amable.
Después de casi tres horas de discusión, resultaba complicado evaluar si había más adhesiones hacia el fiscal o si, por el contrario, las recomendaciones para su dimisión eran mayores. En términos generales, el sentimiento era el mismo: había una notable inquietud sobre el posible impacto negativo que la continuidad de García Ortiz podría tener en la imagen de la Fiscalía.
La sesión comenzó con la participación de 35 fiscales de Sala, que representan el rango más alto dentro de la carrera, aunque cinco de ellos se conectaron de manera virtual (Antonio Vercher, Manuel Moix, Teresa Peramato, Miguel Ángel Aguilar y Francisco Jiménez Villarejo) y se decidió que no participaran en las intervenciones. En reuniones previas, ya se había discutido si era apropiado permitir intervenciones a distancia. “No se trata solo de llegar y votar”, argumentaban algunos.
García Ortiz fue el primero en tomar la palabra, explicando, en un entorno reducido, lo que ya había manifestado en un comunicado oficial el jueves y en una entrevista con Televisión Española, tras la noticia de que el Tribunal Supremo había comenzado un procedimiento penal en su contra, presuntamente por filtrar información confidencial relacionada con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Sus razones se mantenían en una línea coherente: él iba a sostener su derecho a la presunción de inocencia; que si renunciaba ahora, cómo podría reparar el daño si el caso terminaba archivándose; que nunca había filtrado correos y que no comprendía cómo alguien podría pensar lo contrario; y que la mejor forma de demostrar la fortaleza de la institución era quedándose y no permitiendo que las acusaciones de alguien señalado por un fraude fiscal (Alberto González Amador) lo hicieran renunciar. Aunque ya había tomado su postura, el asunto generó discusión.
Estuvieron a su lado, sin rodeos, su círculo cercano dentro del edificio en la calle Fortuny, incluyendo a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, y a la fiscal inspectora María Antonia Sanz, así como un numeroso grupo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), entre los cuales se encontraba la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Fuentes que asistieron a la reunión mencionaron que este sector se unió y criticó con pasión el fallo del alto tribunal. Entre ellos estaban los fiscales de Sala Esmeralda Rasillo, Manuel Martín Granizo, Luis López Sanz, Luis del Río, Ana Isabel García León y Teresa Gisbert.
Algunos señalaron que no era el instante adecuado para evaluar la resolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no obstante, el fiscal general afirmó que no deseaba «limitar la participación de nadie». Su equipo argumentó que la causa penal no tenía fundamento y que el Ministerio Público no podía quedar «a merced» de lo que dijeran los jueces. Y, aún menos, de unas diligencias con un claro trasfondo político.
Un participante apuntó que la cuestión de la existencia de un delito ya había sido discutida en una reunión anterior. Específicamente, el 24 de abril, el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió su carta a la sociedad para reflexionar tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. En ese momento, se pronunciaron todos los fiscales, y la postura de García Ortiz, respaldada por Sánchez Conde, recibió notable apoyo: 19 fiscales votaron a favor de archivar la denuncia del novio de Ayuso, mientras que 12 se opusieron, con dos abstenciones.
Algunos recordaron que la decisión había sido unánime entre cinco magistrados y que la ponencia había sido elaborada por la progresista Susana Polo. Las voces mencionadas instaron a centrarse y debatir exclusivamente sobre si el jefe debía apartarse, dado que ya existe un auto del Supremo y él, inevitablemente, deberá comparecer como imputado. «No es necesario discutir eso ya que no es el tema en cuestión», manifestaron.
Fiscales con mucha experiencia y reconocidos en la Fiscalía comentaron abiertamente sobre la dimisión. Aunque no se exigió con firmeza ni se elevó el tono de la conversación, sugirieron que lo más prudente sería dar un paso al lado para no afectar su carrera. «Mantenerse en el cargo tensará en gran medida a la Fiscalía», indicaron. «La institución está sufriendo y su credibilidad se ve afectada», afirmaron. «No se otorga confianza a una Fiscalía con un fiscal general en situación de imputación», añadieron diversas fuentes presentes en la reunión. Invitaron a García Ortiz a reconsiderar su postura.
El conjunto firme de fiscales del procés, compuesto por Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadenas, subrayó la importancia de dar un paso al costado. Esto también lo expresaron los fiscales de la Sala del Supremo: Pilar Martín Nájera, Javier Huete, José Miguel de la Rosa y Antonio Narváez. Por otro lado, algunos fiscales jefes adoptaron posturas «más matizadas», según a quién se consultara, posicionándose en un sentido u otro.
Una fuente señaló que «todos mostraron aprecio, respeto y el deseo de que esta situación se resolviera de la mejor manera, pero eso no implica que respaldaran la continuidad en sus cargos». Este grupo consideró que la reunión no debía transformarse en un referéndum sobre la posible dimisión del fiscal general del Estado, ya que esta es una decisión «personal suya» y «es su responsabilidad». Por lo tanto, no discutieron sobre la posible renuncia, pero sí evaluaron los peligros que podría acarrear esta situación.
Se enfatizó el daño a la reputación de la Fiscalía, el grave precedente que esto podría establecer y la falta de mecanismos para garantizar la independencia del funcionamiento del organismo, dado que el Estatuto no contempla situaciones como la actual. «Álvaro García Ortiz puede ser objeto de investigación, pero el fiscal general del Estado no puede serlo», insistieron. Además, se planteó la dificultad de que la ‘número dos’ de la Fiscalía pueda manejar la causa con la debida imparcialidad, dado que su superior es la persona bajo sospecha. «¿Quién asumirá este caso sin comprometer la imagen de imparcialidad?», se cuestionaron.
En este contexto, han estado presentes diversas figuras del sistema judicial, como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; la fiscal jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán; la exfiscal general del Estado, María José Segarra; el fiscal de Sala Fernando Rodríguez Rey y el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo. Se aclara que «no se pretendía solicitar dimisiones, la decisión ya se ha tomado. Sin embargo, la reputación de la institución está en entredicho y él no podrá defenderse adecuadamente».
Los demás participantes de la reunión matutina optaron por no hacer comentarios. Algunos señalan que «es un tema muy delicado» y que “tomar una postura puede acarrear problemas; es mucho más sencillo no pronunciarse». Ni el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ni la fiscal de Sala de Extranjería y Trata de Personas, Beatriz Sánchez, ni los fiscales de Sala Javier Muñoz, Jesús Tirado y Francisco Moreno decidieron involucrarse. Frente a esto, surge la pregunta: «¿Cómo deberíamos interpretar esto? Tal vez se puede decir que el silencio implica consentimiento, o quizás simplemente que el que se calla no dice nada, quién sabe».
La tarde resultó ser aún más dura de lo esperado para García Ortiz. Mientras que la Junta fiscal cuenta con una mayoría progresista, el Consejo fiscal presenta una situación contraria. Allí, no hubo dudas y seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) junto con el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) manifestaron claramente que lo mejor sería que él dejara su puesto. Siete miembros le solicitaron que renunciara, mientras que cuatro (dos de la Unión Progresista de Fiscales y las dos vocales natas de la Fiscalía General) respaldaron su permanencia. Tras este primer desafío, García Ortiz deberá enfrentarse a una investigación en el Tribunal Supremo, que promete ser larga y llena de incógnitas. También se desconoce la cantidad de presión que continuará recibiendo para facilitar el camino a otro líder del Ministerio Público.
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