Este jueves, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a una doble sesión de esclarecimientos, tras la reciente noticia de que el Tribunal Supremo lo ha imputado por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso.
A pesar de esta situación, ha decidido continuar en su puesto. La jornada se presenta extensa, comenzando por la mañana con una reunión de la Junta de fiscales de Sala, compuesta por los 37 altos cargos del Ministerio Público, y continuando por la tarde con el Consejo Fiscal, que cuenta con consejeros seleccionados a través de carrera.
Según fuentes de ambos encuentros, se anticipan presiones para que García Ortiz reconsidere su postura y presente su dimisión.
El orden del día que fue entregado a los convocados hace referencia a la situación que ha surgido tras la decisión del Tribunal Supremo de iniciar una causa penal en su contra. En este contexto, García Ortiz tendrá la oportunidad de expresar sus pensamientos, realizar preguntas y ofrecer explicaciones libremente. Se encuentra en un terreno inexplorado, ya que es un acontecimiento sin precedentes en España: un jefe del Ministerio Público nunca antes había tenido que justificar una imputación de este tipo. Cada acción será observada detenidamente, tanto por quienes desean su salida como por sus defensores.
Miembros de su círculo cercano han comentado que, a pesar de su imputación, él se siente tranquilo y no sorprendido, aunque lógicamente tiene inquietudes sobre el futuro de la institución. Su objetivo es proyectar la imagen de una Fiscalía sólida y ese es el mensaje que busca transmitir al permanecer en su cargo. Considera fundamental que no se pueda acusar a un fiscal de forma arbitraria ni permitir que organizaciones delictivas sientan que pueden atacar a quienes los investigan. Además, sostiene que el delito de revelación de secretos del que lo acusan es muy cuestionable y, a su juicio, no tendrá repercusiones significativas.
Este asunto se abordará en la mañana ante la Junta de Fiscales de Sala, que está integrada por 37 fiscales de más alto rango. García Ortiz comenzará la exposición y, posteriormente, ofrecerá la oportunidad de hablar a quienes deseen participar. En esta cita matutina, cuenta con un respaldo mayoritario, fruto de los ascensos que él mismo ha ejecutado, así como los que realizó su predecesora, Dolores Delgado. En total, hay 16 fiscales que forman parte de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que García Ortiz perteneció, y 9 fiscales de la Asociación de Fiscales (AF), la más representativa. También hay 11 fiscales que no forman parte de ninguna asociación, y sobre ellos se centran muchas miradas para entender las posturas de quienes pueden influir en la Junta. No es necesario que todos expresen su opinión, pero dada la importancia del tema, varias fuentes opinan que «es momento de pronunciarse». O, más específicamente, «es momento de solicitar su renuncia». Según estas voces, sin la salida de García Ortiz, «solo él se beneficia en su defensa legal» y esto compromete la imagen de la Fiscalía. «La percepción de legalidad está comprometida», afirman. No entienden cómo puede continuar en su posición supervisando a otros fiscales que podrían tener que abrir una investigación en su contra. «Se quedará mientras le sea conveniente», advierten. Consideran que esa reunión es un mero «teatro», ya que García Ortiz ya ha tomado su decisión. Lo cierto es que las dos entidades consultivas, la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal (con el que se encontrará por la tarde) carecen de la autoridad para solicitar su destitución. De hecho, sus decisiones son meramente asesoras y las votaciones que realizan, ya sea sobre la postura de la Fiscalía en un tema o sobre nombramientos, son no vinculantes. En esta ocasión, no habrá votaciones, sino un simple intercambio de opiniones.
Se anticipa que los miembros de la AF solicitarán la renuncia del director del Ministerio Público y del único representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal, Salvador Viada. Sin embargo, en recientes encuentros —como el que abordó la posible revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, el que trató el delito de terrorismo relacionado con Tsunami Democràtic, o el que se ocupó de la Ley de Amnistía—, varios integrantes de este grupo, como el presidente de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, han mostrado su apoyo hacia el fiscal general. Por otro lado, la exfiscal general del Estado, María José Segarra, quien forma parte de la UPF, ha votado en contra de las propuestas de García Ortiz. Entre los fiscales no asociados se encuentran figuras influyentes en la carrera judicial, como el exjefe de la Audiencia Nacional y actual presidente de la Sala Penal del Supremo, Javier Zaragoza; su colega en el caso del procés, Jaime Moreno; la fiscal líder de Antidroga, Rosa Ana Morán; el fiscal del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; la fiscal Pilar Martín Nájera; y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Se espera que sus pronunciamientos tengan un gran impacto, ya que su opinión suele afectar a los demás, y muchos de ellos deben reunirse semanalmente con el líder del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Fiscal se llevará a cabo de manera similar, sin posibilidad de votaciones ni de presionar a García Ortiz.
En la reunión estarán los asesores naturales, como la segunda al mando de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, quien se encargará de dirigir el proceso contra su superior, y la responsable de la Inspección, Mª Antonia Sanz Gaite. Además, participarán los representantes seleccionados dentro de la carrera fiscal: seis de la AF, dos de la UPF y uno de la APIF. Aunque el fiscal general se encuentre en una posición minoritaria, esto no tendrá repercusiones prácticas. Es importante observar el tono del debate. Según informan desde la carrera, consideran inapropiado que el fiscal general del Estado pueda suspender a fiscales si son acusados de delitos en el ejercicio de sus funciones, mientras que no haya un reglamento que exija la dimisión del jefe. Otros argumentan que el Gobierno tiene la autoridad, y aunque no puede destituirlo de inmediato por la duración del mandato, el artículo 31 de la ley menciona que podría ser removido «por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones». «El Gobierno no tomará esta decisión solo cuando le interese», aclaran.