Un aspecto destacado en el extenso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ‘caso Ábalos’ menciona que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, estaba al tanto desde antes del desplazamiento de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del Gobierno venezolano, hacia España en 2020, a pesar de que su entrada a la Unión Europea estaba prohibida debido a las sanciones impuestas dos años antes.
Esta información será utilizada hoy por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien se desplazará a Bruselas para asistir a la cumbre de su grupo político, donde planea señalar el incumplimiento «con conocimiento de causa» por parte del Ejecutivo español respecto a esas sanciones, un asunto que ha generado muchas dudas, según informan fuentes del PP a El Independiente.
Feijóo se encontrará en este evento previo a la reunión del Consejo Europeo con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ambas alineadas políticamente con el Partido Popular. Aunque no hay encuentros bilaterales organizados, el líder popular planea comunicarles sobre este incumplimiento, así como sobre los distintos casos de corrupción que han surgido en relación con el ‘caso Ábalos’. Feijóo subrayará que Sánchez no solo estaba plenamente informado sobre la llegada a España de quien ocupa el segundo puesto en el gobierno de Nicolás Maduro, sino que además «engañó» tanto a la sociedad como al Parlamento, afirmando no tener conocimiento previo del viaje y de haber evitado un «incidente diplomático».
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sostiene que la situación fue solo una «parada técnica» requerida para que el personal de vuelo pudiera descansar. Asegura que no hubo ningún tipo de encuentro en Barajas con Delcy Rodríguez y que tan pronto como se supo de una sanción personal, se impidió su permanencia en territorio español. Sin embargo, el contenido del detenido whatsapp del ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y entonces mano derecha de Sánchez, señala lo contrario: «Para añadir más incomodidad, la vicepresidenta de Venezuela vendrá en privado el lunes. Desea verme en un encuentro discreto como seguimiento de la reunión que tuve con su hermano, el ministro de Comunicación. La gestión que acordamos en apoyo a las empresas españolas ha facilitado que Duro Felguera reciba una considerable deuda». A pesar de que la empresa nunca recibió el pago correspondiente, Sánchez respondió a dicho mensaje con un simple «bien», indicando que estaba al tanto. El Gobierno «no podía pasar por alto en ningún momento que esta persona estaba prohibida de entrar en la UE». Por su parte, Ábalos ofreció múltiples explicaciones contradictorias sobre el encuentro con Rodríguez, a medida que las pruebas sobre esa «parada técnica» en Barajas, donde estuvo presente Víctor de Aldama, como parte de una trama supuestamente corrupta, se acumulaban. Aunque Feijóo tal vez no entre en esos detalles con sus aliados europeos, subrayará el «flagrante» incumplimiento de una sanción europea, respaldada incluso por el actual Gobierno socialista, que «en ningún momento podía desconocer que esta mujer tenía vetada la entrada a la UE y, por ende, al espacio Schengen», dado que todo el Gobierno venezolano estaba sujeto a estas medidas restrictivas, según fuentes del PP.
Las primeras restricciones se instauraron en 2017 y se amplificaron con la inclusión de 11 funcionarios adicionales en 2018, cuando ya estaba en el poder el PSOE, aunque Delcy Rodríguez figuraba en la lista original. La Unión Europea señaló que «las acciones de Rodríguez, en calidad de miembro de la Comisión Presidencial y, posteriormente, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima, han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, especialmente al usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y utilizarla para atacar a la oposición y obstaculizar su participación en el proceso político». Asimismo, el artículo 6 del acuerdo subrayaba que «los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para prohibir la entrada o el tránsito en su territorio de aquellos responsables de violaciones graves de derechos humanos o de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela», añadiendo que cualquier acceso al espacio comunitario, sujeto a ciertas excepciones, debía ser notificado por escrito al Consejo Europeo. Desde Moncloa se sostuvo que Delcy Rodríguez no había salido de la zona de tránsito del aeropuerto. Entre sus argumentos, enfatizaron que la funcionaria venezolana no había ingresado a España, ya que únicamente permaneció en la área internacional del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas. El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid cerró la causa basándose en esta misma argumentación. Sin embargo, el asunto ha cobrado relevancia nuevamente tras los hallazgos del informe de la UCO sobre el ‘caso Ábalos’ y la red de intereses que se tejió alrededor de Venezuela por parte del conseguidor implicado. De hecho, inicialmente, Delcy Rodríguez tenía planes de reunirse con diversos empresarios, de acuerdo con la agenda que había preparado Aldama.
En medio de la expectativa por nuevas informaciones sobre el caso, dado que todavía hay más de cien dispositivos electrónicos que deben ser desencriptados, incluyendo teléfonos móviles y computadoras confiscadas, el Partido Popular ha enviado una consulta escrita al Gobierno. Esta solicitud busca clarificaciones sobre cómo se llevan a cabo los procesos de selección de personal en Tragsatec, la empresa pública donde Ábalos asignó un cargo a su pareja, Jessica Rodríguez. La pregunta ha sido firmada por Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, ya que esta entidad está bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas. La formación política cuestiona la «idoneidad» de Jessica Rodríguez para el puesto y solicita información detallada relacionada con la convocatoria pública, las etapas que tuvo que completar y el nivel de estudios requeridos.
