El transcurso del tiempo podría beneficiarnos. En el Partido Popular utilizan este razonamiento ante la actual ofensiva sobre la presunta corrupción vinculada al PSOE y al presidente del Gobierno, con el fin de mitigar la inquietud interna y justificar la falta de convocatoria de Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado que examina el ‘caso Koldo’ y la adquisición de material sanitario y mascarillas durante la pandemia entre 2020 y 2021.
Esto ocurre a pesar de que su nombre ha estado en la lista de más de cincuenta convocados desde julio. Se trata de una ofensiva verbal y política del PP, que obtiene como respuesta del PSOE un detallado listado de las causas recientes que afectan a miembros del PP, especialmente tras la condena del exministro bajo el mandato de Aznar y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana.
Fuentes del PP indican que optar por no adelantarse en el momento del inicio de la comisión en la Cámara Alta y evitar convocar a Sánchez para la campaña de las elecciones europeas les ofrece la oportunidad de manejar actualmente este proceso con mayor profundidad. Se han desmarcado de las recomendaciones de los expertos en encuestas y analistas. En este sentido, tienen claridad sobre quién es ‘el 1’, quién financiaba el chalet de [José Luis] Ábalos y quién el apartamento de Jéssica, calificando este instante como el más preliminar de la investigación. Si se hubiera citado a Sánchez en ese momento, habrían perdido una oportunidad muy efectiva, recalcan.
Dentro del partido a nivel nacional, se espera que, a medida que se obtenga más información, la idoneidad aumentará y se logrará un mejor resultado. Cuanta más información tengamos, la reunión en la comisión será más impactante. Aún se desconoce si habrá un juicio oral y si Ábalos será imputado, entre otros detalles. Todo está por definirse, y esto es un proceso que tomará años, por lo que no debemos actuar con prisas, advierten. Desde finales de mayo, la organización de Alberto Núñez Feijóo ha mantenido este enfoque, tras un periodo de silencio sobre la posibilidad de que Sánchez comparezca ante la Cámara Alta.
La causa de esa decisión fue la necesidad de aclarar su ausencia de explicaciones en el Congreso en relación con la investigación judicial que involucra a su esposa, Begoña Gómez, y su posible conexión con el rescate de la aerolínea Air Europe utilizando fondos públicos durante la pandemia. Esta hipótesis fue luego descartada por la Unidad Central Operativa (UCO). En la actualidad, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, presidido por el juez Juan Carlos Peinado, se ocupa de un caso relacionado con presunto tráfico de influencias y corrupción que involucra a empresarios como Juan Carlos Barrabés. A la par, está en marcha la causa Koldo, que sugiere que Ábalos podría ser imputado tras la reciente solicitud de la Fiscalía. Si el PP así lo decide y con justificación de urgencia, podría convocar a Sánchez en un máximo de tres días. Siguiendo el procedimiento habitual del Senado, el proceso desde la citación formal hasta la reunión en comisión tomaría dos semanas.
La resolución de posponer ese instante se produce en un momento crítico del enfrentamiento entre el PP y Sánchez. Luego de que se anunciara una demanda contra el PSOE, cuyos pormenores aún son inciertos, pero que desde el partido popular describen como bien fundamentada. Esta acción se apoya en la información de The Objective sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en la sede del partido en Ferraz, en el marco de un pago total de 600.000 euros del empresario Claudio Rivas a Víctor de Aldama, relacionado con la obtención de una licencia sobre hidrocarburos a través del Gobierno. Además de estas dos partes, se menciona a Koldo García por sus lazos con el ministerio de Transportes.
No obstante, a nivel interno, y según lo publicado por El Independiente, hay escepticismo respecto a la querella en ciertos ámbitos del partido. Este escepticismo surge principalmente por la conveniencia de su presentación, dado que se fundamenta en las alegaciones de un denunciante anónimo. Dicha tramitación culminó el lunes y se espera saber si será admitida o se archivará. La calma para programar una convocatoria también llega tras las disculpas que ofreció Sánchez a la ciudadanía por el asunto de Koldo, aunque evitó especificar cuántas veces tuvo encuentros —si es que ocurrieron— con De Aldama, en relación al rescate aéreo y el caso Delcygate, de los que Sánchez estaba al tanto.
Fuentes del Senado, consultadas por medios populares, se alinean con lo que se ha manifestado a nivel nacional en relación a la formación. No ofrecen un análisis detallado sobre si la comisión de investigación está alcanzando los objetivos establecidos, ni evalúan si la decisión de no convocar a Sánchez podría provocar descontento entre los votantes o beneficiar a Vox. Se menciona que la acción podría llevarse a cabo en el momento más conveniente para el partido. Es importante señalar que, en caso de anticiparse las elecciones, especialmente si se relaciona con un posible fracaso en los presupuestos, lo que se ha realizado en el Senado podría quedar sin efecto, pues se disolverían las Cortes Generales. Por otro lado, el grupo de Santiago Abascal busca nuevamente aprovechar el descontento social mediante su participación en causas judiciales. Han solicitado involucrarse en la investigación vinculada a la trama de De Aldama.
Además, Vox planea salir a la calle el próximo domingo para manifestarse en contra del Gobierno, liderados por Marcos de Quinto y representantes de numerosas organizaciones de la Plataforma de la España Constitucional, tal como se había anticipado a finales de septiembre y confirmado por el partido el lunes. En cuanto al PP, por ahora, se mantiene al margen y no realiza movilizaciones, evidenciando una clara distancia con respecto a las entidades convocantes.
Marlaska será el primer miembro del Gobierno en presentarse el 24 de octubre ante la comisión del Senado.
En este momento, el partido popular, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, ha intensificado su ataque contra el Gobierno en el tema de la Justicia. La portavoz del partido, Alicia García, ha solicitado la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en la comisión correspondiente. Esto surge tras la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se ha visto involucrado en una investigación por el Tribunal Supremo por un caso de revelación de secretos que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación a un fraude fiscal.
Ampliar el alcance de la comisión
El enfoque de la comisión está extendiéndose más allá del caso de las mascarillas, con la intención de los populares de dirigir sus ataques hacia el PSOE, Gómez y el propio Gobierno. Están dispuestos a abordar todos los temas que vayan surgiendo y haciéndose públicos. Por esta razón, recientemente han anunciado que sus líneas de investigación se ampliarán hasta finales de octubre y durante diciembre. Se espera que el 24 de octubre se presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, seguido de otros altos mandos de la Guardia Civil implicados en las intervenciones telefónicas de Koldo y su grupo, un proceso que ha estado parado durante tres meses.
Hasta ahora, tanto las acciones de la comisión como las del PSOE en el Congreso no han presentado novedades significativas que no estén relacionadas con la investigación judicial en curso. Hasta este momento, han comparecido alrededor de treinta personas de las más de 130 que están previstas, con varias ampliaciones por delante. Entre los que ya han testificado se encuentran Ábalos, Koldo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el exjefe de gabinete de Sanidad durante Salvador Illa, Víctor Francos, y Leticia Lauffer, directora de Wakalua, quien participó en la compra de mascarillas para Globalia, la empresa madre de Air Europa. Hasta el presente, no se ha requerido la presencia de ningún ministro, a pesar de que Nadia Calviño y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, aparezcan en las listas.
